Artículo: Berliner y Erlich (2015) Competing for Transparency: Political Competition and Institutional Reform in Mexican States, American Political Science Review.
¿Por qué los políticos toman decisiones que afectan sus propios intereses? Esta pregunta ha sido motor de un sinnúmero de investigaciones en la ciencia política y la economía. El caso de las políticas de acceso a la información y de transparencia se circunscribe de manera casi natural en este tipo de problemas. Ciertamente, a quienes votamos por actores políticos nos interesa saber el efecto y la motivación de sus decisiones, pero, ¿en qué condiciones estos contravienen su propio beneficio y se obligan a rendir cuentas? En un artículo anterior en este espacio, Leonor Ortiz Monasterio presentaba el argumento de Schnell sobre la aprobación de un paquete de reformas anticorrupción en Rumania, que terminarían por imputar responsabilidades al primer ministro que las promovió. Dicho argumento se basa en la idea de que el primer ministro actúo en contra de sus intereses para ganar legitimidad ante un cambio electoral y garantizar un canal de influencia en el probable caso de que otra fuerza política tomara posesión de las principales carteras de gobierno. Es decir, la incertidumbre natural de una democracia sana es un terreno fértil para cambios institucionales.
En México, las motivaciones subnacionales para hacer leyes de transparencia y acceso a la información no parecen alejarse de esta lógica. La incertidumbre sobre el futuro político de ciertos actores parece ser un poderoso incentivo para asegurar alguna injerencia en los órdenes políticos venideros a través de regulaciones más fuertes. Los resultados de Berliner y Erlich (2015) en su estudio Competing for Transparency: Political Competition and Institutional Reform in Mexican States, publicado en 2015 por la revista especializada American Political Science Review, ofrecen evidencia sólida de esta idea a través de un estudio comparado.
Considerando una base de datos cuya unidad de medida son los días por estado, los autores encontraron evidencia de que la diferencia entre el porcentaje de diputados y diputadas entre la primera y la segunda fuerza en el congreso local tiene un efecto negativo en el tiempo en que las leyes de transparencia fueron aprobadas. Esta hipótesis sobrevive varias pruebas y es puesta a la luz de indicadores como el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana y el número de periódicos y organizaciones civiles por estados. Es decir, mientras más competencia hubiera habido en el congreso estatal, las leyes de acceso a la información tendrían a haberse aprobado antes que en aquellos congresos con menos competencia.
Uno de los hallazgos más sorprendentes de los autores es el tiempo institucional en el que estas reformas tuvieron lugar en los periodos de transición entre una legislatura y otra, legislaturas de pato cojo en el argot de la ciencia política. Esto conlleva a la conclusión de que las legislaturas siguen una lógica de seguro en la que toman previsiones para poder seguir incidiendo en la siguiente legislatura. Aunado a lo anterior, los autores sugieren que mientras que los estados con gobernadores priistas fueron los más reticentes a aprobar estas leyes, las legislaturas del otrora partido más importante del país fueron las más activas para aprobarlas. Es posible ver el momento exacto de aprobación de las leyes de acceso a la información en la Figura 2.[1] Cada punto representa el momento en que cada ley de transparencia fue aprobada por la legislatura local y cada color, el partido que tenía mayoría: rojo para el PRI, azul para el PAN, amarillo para el PRD y líneas diagonales correspondientes a cada partido en caso de que se diera un empate entre dos grupos en el congreso local.
Uno de los argumentos más recurrentes ante la propuesta del nuevo gobierno de concentrar las funciones de los delegados estatales de las dependencias federales en 32 coordinadores nombrados desde la Presidencia de la República es que a nivel subnacional no hay suficientes contrapesos ni controles democráticos, lo que haría de estas nuevas figuras un efectivo control ante auténticos virreyes. Este tipo de estudios nos permite, al menos, observar que la realidad es mucho más compleja y que uno de los mejores incentivos para el cambio normativo a nivel local es la competencia democrática y la incertidumbre del poder. Es difícil no encontrar eco en las conclusiones de los autores: “los intentos por construir mayor rendición de cuentas a través de reformas institucionales en ausencia de competencia política sostenida tienen muy pocas probabilidades de tener éxito”.
Manuel Toral. Especialista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro en políticas públicas (Universidad de Chicago), politólogo e internacionalista (CIDE).
