Desde la reforma electoral de 2014 se obligó a todos los candidatos y partidos a reportar en “tiempo real” los gastos e ingresos de sus campañas. Esto significa que todas las operaciones tienen que registrarse, máximo, tres días después de haberse realizado. Una vez concluidas las campañas electorales de 2018, tenemos una imagen precisa de cuánto dijo haber gastado cada uno de los candidatos y en qué.
Los datos son reportados directamente al Instituto Nacional Electoral mediante una plataforma digital conocida como el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Los propios candidatos o sus equipos tienen acceso con un usuario y contraseña únicos que les permiten “cargar” los gastos e ingresos que han tenido, a la vez que les solicita adjuntar los archivos que respalden estos movimientos, que van desde facturas y comprobantes de transferencias hasta videos y fotografías, entre otros. Esta es la información que procesa, analiza y revisa la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para corroborarla, buscar posibles inconsistencias o iniciar procedimientos de fiscalización.
Los resultados de la fiscalización de estas elecciones los tendremos hasta el mes de agosto; sin embargo, es un ejercicio fundamental retratar lo que los candidatos declararon, ya que es el piso mínimo que nos permite comenzar a tener una idea del costo de las campañas electorales, así como la distancia entre lo que reportan y lo que realmente gastan (ver Dinero Bajo la Mesa). Los datos del SIF se pusieron a disposición de los ciudadanos desde el inicio de las campañas en bases que se actualizaban semana a semana y que concentraban la información reportada hasta ese momento por todos los candidatos. Para darle seguimiento a estos datos, hubo varios esfuerzos cívicos para visualizarla de una manera sencilla, como la plataforma hecha por los integrantes de Gobierno Fácil. Ahora podemos desmenuzar la fotografía final.
¿Cuánto costaron en total las campañas electorales de 2018? Si sumamos los reportes de los candidatos que registraron operaciones, el gasto conjunto de todos ellos fue de $4,776 millones de pesos. Como punto de comparación, el presupuesto aprobado este año para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la institución encargada de vigilar el gasto público a nivel federal, es de $2,230 millones de pesos.
Vale la pena hacer hincapié en que los reportes de los candidatos que registraron operaciones son una imagen incompleta de la realidad, ya que, a pesar de la obligación legal de reportar “en tiempo real”, de las 17,692 candidaturas registradas (15,639 candidaturas locales y 2,053 candidaturas federales), pasadas las elecciones sólo 15,336 candidatos declararon algún ingreso o gasto. Es decir, hubo 2,356 candidatos (13% del total) que aparentemente no tuvieron ningún ingreso ni gasto, ya que no declararon nada.
Al agrupar a todos los candidatos por el cargo que competían podemos ver que los candidatos presidenciales dicen haber gastado 793 millones de pesos; sin embargo, esta no es la competencia que acumula más gastos, ya que en conjunto los candidatos al Senado y a las presidencias municipales reportan haber gastado 968 y 1,006 millones de pesos, respectivamente. Resulta llamativo que también las competencias a las gubernaturas fueron, en el papel, menos costosas que las de otros cargos: todos los candidatos a gobernador reportan haber gastado 530 millones de pesos, mientras que los diputados federales dicen haber gastado 592 millones y los diputados locales 690 millones.
Si separamos los candidatos de las elecciones federales (presidente, diputados federales y senadores) del resto de candidatos de las campañas locales y analizamos cuánto reportó cada uno de ellos, veremos dos fenómenos similares, pero con dimensiones distintas: hay una gran concentración de candidatos que reportan cantidades relativamente bajas de gastos y son pocos los que dicen gastar mucho. En el caso de las elecciones federales, resulta llamativo que la mayor parte de los candidatos se concentran debajo de los 500 mil pesos, ya que ahí hay 917 casos (45% del total).
Cuando se trata de las elecciones locales, la mayor parte de los candidatos dice haber gastado menos de 60 mil pesos, ya que en esta situación se encuentran 8,010 personas, es decir, 51% del total de candidaturas locales, con 3,257 casos en que los gastos declarados no superan los 20 mil pesos durante todas sus campañas.
Otra forma de ver estos datos es promediar el gasto declarado por todos los competidores del mismo cargo, sin importar su ubicación geográfica ni su partido. Los candidatos presidenciales dicen haber gastado, en promedio, 158 millones de pesos; los candidatos a Jefe de Gobierno, 15 millones y los candidatos a gobernador reportan haber gastado 12 millones de pesos. En contraste, resulta muy llamativo ver que los candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados que reportaron operaciones dicen haber gastado 3 mil pesos y los candidatos plurinominales al Senado dicen haber gastado, en promedio, 16 mil pesos.
En el análisis individual, hay casos que rayan en lo absurdo. Por ejemplo, los candidatos plurinominales al Senado Dante Delgado (MC) y Rafael Moreno Valle (PAN), que obtendrán un asiento en la Cámara por las votaciones de sus respectivos partidos, reportaron haber gastado en sus campañas la friolera de 4.81 pesos el primero y 39 centavos el segundo. No estás leyendo mal: las campañas de estos dos candidatos costaron casi lo mismo que un frutsi y un chicle.
Que las cantidades ridículamente bajas sean irreales es casi obvio, pero ¿qué pasa con los candidatos que declaran haber gastado miles o millones de pesos? ¿Es mucho o es poco? Si sólo se presentan los datos de la contienda presidencial, por ejemplo, es claro que Ricardo Anaya es quien declaró haber gastado más, 350 millones, mientras que Andrés Manuel López Obrador dijo haber gastado 100 millones de pesos, pero hasta aquí no sabríamos si esas cantidades fueron “austeras” o no.
Una forma de evaluarlo consiste en contrastar los gastos reportados con los topes de campaña, que son las cantidades máximas que cada candidato tiene permitido gastar legalmente. Dependiendo del tipo de contienda, los límites son diferentes. En el caso de la competencia presidencial, el tope de gastos de campaña se estableció en 429 millones de pesos, por lo tanto, los 100 millones de pesos de AMLO equivalen a 23.42% del tope de gastos de campaña, mientras que los gastos de Ricardo Anaya y José Antonio Meade equivalen a 81.49% y 70.31%, respectivamente.
Utilizar los topes de gastos de campaña permite, además, comparar de manera horizontal entre diferentes estados. En las campañas de los candidatos a Senador, por ejemplo, los gastos de los candidatos del Estado de México, de la CDMX, de Veracruz y de Jalisco son los que reportaron más gastos, entre 6 y 9 millones de pesos, mientras que el resto de candidatos de las otras entidades declararon haber gastado, en promedio, menos de 5 millones de pesos.
Pero al comparar con el límite de gastos, en promedio los candidatos al Senado reportaron haber gastado 30% de lo que podían haber utilizado y los estados con mayores gastos netos terminan comportándose como la mayoría, destacando sólo que las campañas de Baja California, Sonora y Tlaxcala superaron este umbral, pero manteniéndose debajo del 40%. Es decir, en sus reportes todos los candidatos fueron “austeros”.
Algo similar sucede con las competencias a las gubernaturas y a Jefe de Gobierno, aunque en este caso los candidatos dicen haber utilizado, en promedio, 23.8% de su tope de gastos de campaña. En el extremo inferior, los candidatos de Chiapas, que tenían un tope de gastos de 85.2 millones de pesos, dicen haber gastado sólo 6.4% de este límite, mientras que los estados cuyos candidatos dicen haber gastado más, la CDMX y Jalisco, dicen haber usado 40 y 44 por ciento de sus topes, que fueron de 30.2 y 28.6 millones de pesos, respectivamente.
De los 30.2 millones de pesos que podían gastar los candidatos a la Jefatura de Gobierno, según los datos autoreportados, quien gastó más fue la candidata del PVEM, Mariana Boy, seguida de la candidata del Frente y, en tercer lugar, la ganadora de la elección, Claudia Sheinbaum, con 22.06 millones de pesos.
¿Podemos creer estos números? El sentido común y el seguimiento de lo que pasó en estas campañas ponen serios cuestionamientos. Sirva como ejemplo un episodio sucedido unos cuantos días antes de las elecciones: en las calles de la Ciudad de México se detuvo a un vehículo que se dirigía a las instalaciones del PRI Nacional y que llevaba 20 millones de pesos en efectivo. Sin importar si ese dinero sí era o no para la operación electoral de ese partido, lo que llama la atención es que esa cantidad es prácticamente la misma que la que los tres punteros declararon haber gastado durante toda su campaña. Más sugerente aún: si se suman todos los gastos reportados por los 101 candidatos que compitieron por las 16 alcaldías de la CDMX, la cantidad total asciende a 41.5 millones de pesos. Si creemos en los números de los propios candidatos, en un solo vehículo un solo día circulaba ilegalmente una cifra equivalente a lo reportado por 50 candidatos a alcalde.
En el papel, todos, todos los candidatos presentan una austeridad y eficiencia nórdica en sus gastos; sin embargo, resultan cifras irreales que, más que ayudar a comprender el costo real de las elecciones, siembra más dudas sobre cuánto dinero ilegal se mueve por debajo de la mesa.
A mediados de agosto tendremos una segunda imagen que nos ayudará a tener una mejor idea de cuánto se esconde, ya que la fiscalización del INE concluirá y expondrá sus hallazgos, que no son una cuestión menor. Sirva de ejemplo que en las 15 elecciones de gobernadores celebradas en 2016 y 2017, todos los candidatos declararon haber gastado 1,017 millones de pesos, pero el INE logró detectar y acreditar 241 millones de pesos que fueron gastados, pero que no habían sido declarados, es decir, 19% del total de gastos. Sólo en las elecciones del Estado de México, el año pasado, se comprobó que candidatos como Juan Zepeda o Alfredo del Mazo, no habían declarado 47 y 50 millones de pesos de sus campañas, casi la mitad de su gasto total. Tendremos que esperar para ver cuánto dinero ilegal es detectado por el INE, pero, por el momento, tengamos presente lo que nuestros candidatos dicen que hicieron y contrastémoslo con la realidad.
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Leonardo Núñez González – @leonugo
Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
