El 23 de febrero de 1993 hubo una cena en la casa de un exsecretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, a la que asistieron los 30 empresarios más importantes del país y el Presidente de la República. El objetivo: pedirle a cada uno de los magnates una “donación” de 25 millones de dólares (alrededor de 800 millones de pesos de 2018) para el partido en el gobierno de cara a las elecciones de 1994. Si el episodio no hubiera aparecido en la prensa nacional e internacional, probablemente no lo conoceríamos y simplemente habría sucedido. Sin embargo, el escándalo ayudó a frenar ese pase de charola y a poner sobre la mesa que a muchos políticos y empresarios este “apoyo” no les parecía malo. Al contrario, muchos argumentaron que no había ninguna ley que prohibiera que donaran esas cantidades (que en ese momento era cierto) y, además, si se criticaba al PRI por ser un partido dependiente del gobierno, esta clase de acciones, decían, ayudaban a mitigar esa relación.
A partir de ahí comenzó una demanda de cambios por dos vías: por un lado, emparejando la cancha desde abajo mediante la creación de un sistema de financiamiento público que permitiera la competencia real y, por el otro, poniendo topes a los gastos que podían hacerse en las campañas en búsqueda de limitar la posibilidad de que alguien ganara una elección simplemente gastando a caudales.
En teoría, las dos demandas se cumplieron. Creamos un generoso sistema de financiamiento público que hoy entrega a los partidos más recursos que nunca en la historia bajo la premisa de que esto eliminaría la necesidad de fondearse ilegalmente. También se definieron esquemas de topes de gastos de campaña que, en el papel, prácticamente todos los candidatos respetan. En el reporte Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México exploramos a profundidad la distancia que hay entre lo que se reporta y lo que se gasta realmente, ya que la información que los propios candidatos ofrecen es poco creíble.
Por ejemplo, en el caso de las elecciones a gobernador de 2016 y 2017 (que son las únicas para las que hay datos comparables después de que la fiscalización se concentró en el INE con la reforma de 2014), en promedio todos los candidatos declararon haber gastado sólo 32.8% del tope de gastos que podían realizar. En los números oficiales, resulta que las elecciones hasta son austeras, ya que legalmente podría gastarse mucho más. El problema es que estos números reflejan sólo una parte pequeña de los gastos reales, al punto que, en promedio, por cada peso que se ve en las campañas, hay 15.3 que se mueven en la oscuridad.
Esto hace que uno vea con otros ojos la información que los candidatos reportan a las autoridades. En la contienda a la Presidencia, el tope de gastos de campaña se definió en 429 millones de pesos. Con datos actualizados al 11 de junio de 2018, los cuatro candidatos reportan, en promedio, haber gastado sólo 30% de lo que podrían. Es de destacar que Andrés Manuel López Obrador dice sólo haber gastado 10.5% de lo que podría y que el candidato que más reporta, Ricardo Anaya, dice que sólo ha llegado a 53% del tope.
Gráfica 1. Gastos reportados por los candidatos a la Presidencia.
Claramente la información auto-reportada levanta más de una ceja. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, hay rubros que al día de hoy aparecen simplemente en ceros, como es el caso de la publicidad en internet. Si le creemos al candidato, no ha gastado ni un solo peso en publicidad digital a pesar de lo que todos los días es posible verla en redes sociales y páginas de internet.
Ahora bien, si vamos a la información más reciente de las 8 campañas a gobernador y a jefe de gobierno que se realizan en 2018, el escenario es más cuestionable: en promedio, todos los candidatos dicen haber gastado sólo 19.3% de sus topes respectivos. En la Ciudad de México, por ejemplo, quién dice haber gastado más es la candidata del PVEM, Mariana Boy (25 millones de pesos), mientras que la candidata puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, dice haberse gastado la mitad de esa cantidad, es decir, 39.2% de su tope.
Gráfica 2. Gastos reportados por los candidatos a Gobernador y Jefe de Gobierno como porcentaje de su tope de gastos de campaña.
Tendremos que analizar cuánto reportan los candidatos al finalizar las campañas, pero a este ritmo, es muy probable que los resultados se ajusten a los de años anteriores: a pesar de las grandes movilizaciones de clientelas, publicidad no declarada e infinidad de episodios reportados en la prensa del gasto descontrolado en las campañas, en los números de los candidatos todo es austeridad y auto-control.
El misterio más grande probablemente no es cuánto dinero se gasta realmente por debajo de la mesa, sino el origen de estos recursos. Una vez más, la información de 2016 y 2017 de las elecciones locales es reveladora: los candidatos declararon que tuvieron ingresos por 1,334 millones de pesos, de los cuales el financiamiento que venía desde el dinero federal era la fuente primordial, representando 85% del total. Las aportaciones de los simpatizantes y militantes fueron ínfimas: sólo entraron 66 millones de pesos, equivalentes a 5% del total. Una vez más, en el papel parecería que en las elecciones no entra dinero ni de los empresarios, ni del crimen organizado, ni del desvío de recursos públicos.
La explicación de esto es medianamente obvia: nadie reportaría un gasto hecho con dinero entregado por un empresario en un maletín o producto de usar empresas fantasma para desfalcar al presupuesto. Sin embargo, es notable que hace un par de décadas hubo 30 empresarios dispuestos a pagar 800 millones de pesos cada uno y que, al día de hoy, resulte que prácticamente nadie lo hace ya. Creer que esto ya no sucede sería una ingenuidad, como también lo sería no creer que, al menos una parte de los 267 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación no ha logrado recuperar o aclarar en dónde están, terminaron financiando ilegalmente alguna campaña.
Desafortunadamente, el punto de partida para que el INE identifique muchos de los gastos e ingresos no reportados de los candidatos es la propia información que ellos declaran. El INE no es el SAT ni la ASF como para detectar los movimientos sospechosos en el presupuesto o en el sistema bancario, por lo que depende enteramente de sus propias capacidades de vigilancia y observación, así como de la información que los candidatos le entregan, para hacer su trabajo. Además, no reportar gastos o ingresos y ser descubierto o reportar algunas cosas fuera de los tiempos en que debieron haberlo hecho sólo les representa a los candidatos una multa que, en la mayoría de los casos, es ínfima en comparación con los beneficios y, más que un disuasivo, es un peaje que están dispuestos a pagar. Todo parece alineado para que haya mucho dinero ilegal que entra y que se gasta.
Solucionar este intrincado problema requiere una serie de acciones integrales, como la obligatoriedad del voto, la creación de un sistema integral de fiscalización, un esquema de financiamiento público que se discuta con un enfoque base cero, entre otras (que se explican a detalle al final de Dinero Bajo la Mesa), pero también requiere abrir una discusión pública que responsabilice a los propios candidatos y partidos por querer engañarnos al no reportar sus ingresos y sus gastos. Su austeridad y transparencia en el papel, pero no en los hechos, daña y carcome a la democracia, a la vez que alimenta la desconfianza en el sistema político y de partidos. Con la información disponible hasta el momento, no es posible creerles a los candidatos, a ninguno.
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Leonardo Núñez González. Investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
@leonugo
