Luego de casi 200 días desde que iniciaron las precampañas el 14 de diciembre, por fin sucedió la elección más relevante desde la creación del Instituto Nacional Electoral (INE). Es la más relevante por el número de cargos en juego: entre elecciones federales y locales se jugaron 3,222 cargos públicos sin considerar concejales, síndicos, regidores y juntas municipales; es también relevante, sin lugar a duda, por los resultados obtenidos. Al corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE: en números redondos, Andrés Manuel López Obrador (MORENA, PES y PT) obtuvo el 53% de los votos; Ricardo Anaya Cortés (PAN, PRD y MC), 22%; José Antonio Meade (PRI, PVEM y Nueva Alianza), 16%, y el candidato independiente Jaime Rodríguez (El Bronco), 5% (Gráfica 1). El objetivo de este artículo es entender las razones detrás de estos resultados.
Gráfica 1
Para dimensionar los resultados obtenidos en esta elección, es ilustrativo compararlo con las elecciones federales de 2012, cuando fueron votados el actual presidente y los senadores, y la de 2015, cuando fue renovada la Cámara de Diputados.
La gráfica 2 muestra el porcentaje de votos obtenidos por los candidatos a la presidencia de la República de la elección anterior. Con base en esos resultados, es posible señalar que en 2018 el candidato de la coalición de gobierno —es decir, PRI, PVEM y Nueva Alianza (reconociendo que este último fue por separado en 2012)— tuvo 22 puntos porcentuales menos que el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto; mientras que López Obrador ganó 20 puntos y el candidato del PAN perdió tres puntos (aunque en esta ocasión fue en coalición con el PRD).
Gráfica 2
En la elección para senadores de la República sobresalen tres resultados (Gráfica 3). Primero, los tres partidos políticos más grandes durante los últimos 20 años del país perdieron considerablemente su representación: el PAN perdió nueve puntos porcentuales, el PRI disminuyó 16 y el PRD, 13; en conjunto, los tres partidos acumularon el 75% de los votos para el Senado; mientras que en 2018 representan menos del 40%. Segundo, el crecimiento de Morena, un partido que se presentó a su primera elección federal en 2015, que captura el 36% de los votos perdidos por los otrora partidos mayoritarios de México. Tercero, los partidos de menor representación (y cuya supervivencia está hoy en debate público) mantienen entre una elección y otra aproximadamente la misma representación.
Gráfica 3
Al revisar las tres elecciones para diputados federales (2012, 2015 y 2018), es de notar que los ocho puntos obtenidos por Morena en 2015 parecieran provenir del PRD que pasó de 18% en 2012 a 10% en 2015 (Gráfica 4); luego del PRD, es el PAN el que más puntos perdió al pasar de 26 a 21 por ciento, mientras que el PRI se sostiene en el mismo rango de votación. Sin embargo, para 2018, Morena incrementa los votos obtenidos en 30 puntos porcentuales y el PRI pierde la mitad de los votos obtenidos en 2015 (de 29 a 16 por ciento). El PRD pierde también cinco puntos porcentuales y el PAN, tres. En la gráfica sólo se muestran los resultados de PAN, PRI, PRD y MORENA para enfatizar los cambios en sus preferencias.
Gráfica 4
En los días que han pasado y, probablemente, en los próximos días surgirán las múltiples explicaciones que permitan entender el resultado electoral. Una de las hipótesis a considerar es un voto de castigo a la actual administración federal por la percepción de corrupción en la sociedad.
Una de las evidencias en favor de este argumento fueron las constantes referencias a este problema durante las campañas presidenciales. A pesar de haber sido un tema específico tratado durante el primer debate organizado por el INE, fue un asunto recurrente en los intercambios entre los candidatos presidenciales y en sus discursos públicos: José Antonio Meade presentó al Grupo Parlamentario del PRI iniciativas de reforma para fortalecer el combate a la corrupción; además, coincidió con Ricardo Anaya en aceptar la propuesta de diferentes organizaciones de la sociedad civil para reformar el artículo 102 de la constitución para contar con una fiscalía independiente y autónoma (#Reforma102). Por su parte, Andrés Manuel López Obrador volvió una de sus principales ofertas de campaña recuperar los recursos públicos que se pierden cada año —estimados por él en 500 mil millones de pesos— para dedicarlos a cubrir sus propuestas más atractivas: becas, pensiones y subsidios.
En favor de esta hipótesis también es posible apuntar que la honestidad personal de los candidatos a la presidencia de la república jugó, como nunca, un papel protagónico en las campañas electorales. Pareciera un consenso entre los analistas de la política nacional que la principal razón para designar a Meade como candidato presidencial fue su honestidad personal para contrarrestar el desprestigio del PRI. Ricardo Anaya, por su parte, batalló durante la primera mitad de la campaña para librarse de acusaciones de enriquecimiento personal injustificado (dejando de lado, al menos de momento, si fue utilizada o no de manera facciosa la PGR). Finalmente, Andrés Manuel López Obrador considera que la corrupción en la administración pública federal puede acabarse con que una persona honesta —como él, en su propia opinión— asuma la presidencia.
La creciente preocupación sobre la corrupción en la sociedad es apreciable en la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental que realiza el INEGI cada dos años. En ella, los encuestadores le piden a las personas consultadas que mencionen los tres problemas más importantes que enfrenta en su localidad. Con base en esta pregunta fue elaborada la gráfica 5. El principal problema reportado ha sido históricamente la seguridad; sin embargo, la corrupción se ha consolidado en un segundo lugar y pasado de 53 a 57 por ciento (de 2011 a 2017), mientras que desempleo y pobreza han perdido importancia. Es de destacar también que el mal desempeño del gobierno ha pasado de 27 a 39 por ciento en el mismo periodo.
Gráfica 5
En 2012, Enrique Peña Nieto recuperó para el PRI la presidencia de la República con 38% de los votos emitidos en su favor. Los partidos que impulsaron su candidatura obtuvieron el 42% de los votos para la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta de la cámara (251 diputados); en el Senado, obtuvieron el 40% de los votos, para sumar 63 de los 128 senadores. Al momento de tomar protesta el presidente Peña, su partido gobernaba en 19 entidades.
Considerando los resultados del PREP, el candidato del partido del presidente obtuvo poco más del 16% de los votos. En las cámaras del Poder Legislativo, los tres partidos que impulsaron a Peña Nieto obtuvieron entre 22 y 24 por ciento de los votos contabilizados; de estos, uno—Nueva Alianza— está bajo riesgo de perder su registro como partido político nacional luego de no alcanzar el 3% de los votos en ninguna de las tres elecciones federales. Cuando tomé protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente, únicamente 12 gobernadores serán del PRI (considerando que efectivamente gane el PAN en Yucatán, que aún está por confirmarse).
Entre 2012 y 2018 se encuentra una gestión marcada por escándalos de corrupción constantes, que fueron contestados con torpeza desde el gobierno federal y nunca con un castigo contundente a funcionarios públicos involucrados. En estos seis años ocurrió la casa blanca de Enrique Peña Nieto, la Estafa Maestra, las acusaciones de Odebrecht, el espionaje a organizaciones de la sociedad civil, entre otros. También en estos años fueron detenidos nueve gobernadores, de los cuales siete llegaron a gobernar gracias al PRI (Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington, Jesús Reyna, Andrés Granier, Flavino Ríos y Eugenio Hernández Flores) y a la fecha, aún está prófugo otro exgobernador: César Duarte.
Las elecciones son mecanismos al servicio de la sociedad para castigar o premiar la gestión pública. Analizando los resultados electorales de los recientes comicios pareciera claro que la ciudadanía expresó su hartazgo por los malos resultados de la actual administración en el combate a la corrupción. Atender este hartazgo y llevarlo a buenos resultados de gobierno serán responsabilidad de los más de tres mil funcionarios recién elegidos bajo este criterio.
Ricardo Alvarado
Politólogo y maestro en Administración y Políticas Públicas. Investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
