La corrupción es uno de los principales problemas de la sociedad mexicana. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2017), publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 135 de 180 países, una posición muy baja comparada con los países de la OCDE, incluso con el resto de los países latinoamericanos. A pesar de ello, la fase ascendente del ciclo económico (es decir, el crecimiento económico) sumó en marzo, de acuerdo con datos del INEGI, 107 meses consecutivos.
Lo anterior indica que, a pesar del entorno de alta corrupción, las empresas siguen haciendo negocios en el país. ¿Cómo operar de forma exitosa en este entorno? Primero, hay que entender las condiciones que enfrentan las empresas para operar en México. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas, ENCRIGE (INEGI, 2017), muestra algunos datos interesantes. El costo del cumplimiento de normatividad equivale a medio punto del PIB o más de 100 mil millones de pesos; detrás de ese costo se encuentran los 19.5 trámites promedio con los que debe cumplir cualquier agente económico en el país.
Cumplir con las reglas cuesta y es tardado, por eso no es raro que muchos empresarios respondieran que los actos de corrupción ayudan a agilizar los trámites (64.9%), para evitar pagar multas (39.4%), o para obtener alguna licencia o permiso de operación (30.7%). Es decir, para muchos parece que el costo de las posibles mordidas es menor que el de esperar y “formarse en la fila”. Sin embargo, los empresarios no se dan cuenta que dar un soborno implica eliminar cualquier incentivo para mejorar la calidad gubernamental.
Adicionalmente, las empresas enfrentan todos los días lo que Luis De la Calle ha llamado la “economía de la extorsión”.[1] A medida que una empresa empieza a tener éxito es blanco de constantes inspecciones administrativas, policías municipales, autoridades que otorgan trámites y servicios, así como otros que medran alrededor de estos agentes económicos. Esto impide que las empresas tengan mayor escala, que las grandes sean inmunes a la extorsión y que las medianas no puedan competir como deberían, lo que acaba impactando en salarios bajos y el deterioro del Estado de derecho.
¿Qué hacer entonces? Estudios internacionales recomiendan que las empresas puedan comunicar su conducta ética de tal forma que sea valorada socialmente.[2] Además, las empresas deben entender que no todos los servidores públicos son iguales. De acuerdo con la misma ENCRIGE, en promedio 561 de cada 10,000 unidades económicas experimentaron al menos un acto de corrupción. Es muy grave; pero hay que ver el otro lado: más del 90% no enfrentó ninguno. Las empresas deben buscar trabajar sólo con servidores públicos honestos y denunciar públicamente a quienes no los sean. La corrupción no puede quedar impune.
Las empresas, sobre todo las nacionales y medianas que operan en el país, deben ir adoptando mejores prácticas de gobierno corporativo. Deben formar consejos de administración con miembros independientes que sean personas con alta solvencia moral y ética. Deben adoptar programas de ética corporativa que castiguen claramente cualquier mala práctica y establecer mecanismos de control interno que ayuden a detectar áreas de oportunidad en los procesos de decisión que cierren espacios de discrecionalidad para los empleados. Es importante que lo anterior se acompañe con líneas de denuncia anónima, administradas por terceros, que ayuden a las empresas a implementar con eficacia sus programas de ética.
Como ciudadanos nos corresponde señalar a las empresas que dañan a la sociedad y su entorno. Un ejemplo claro es lo que sucedió con Grupo México en Sonora, o lo que sucede con muchas otras empresas mineras en el país que no parecen contar con estándares éticos de responsabilidad social ni con el medio ambiente. Por ello es importante cualquier certificación social sobre la ética de los negocios que ayude a la sociedad a premiar a las empresas que invierten en este tipo de acciones, Integridad Corporativa 500 o las certificaciones que ofrece la Better Business Bureau México son ejemplo.
Finalmente, todas estas acciones se vuelven más efectivas si en el país se fortalece la prensa plural y libre que denuncie sin miedo los actos de corrupción, si se cuenta con un poder judicial independiente con las capacidades estructurales y técnicas para perseguir y castigar estos casos, y la posibilidad de que la sociedad civil organizada pueda elevar estos casos a acciones colectivas. En cada uno de estos rubros hay avances diferenciados, pero ahí está clara la agenda para mejorar el entorno en que operan las empresas. Lo que debe ser claro es que un mercado en el que todos los agentes interactúen bajo estándares éticos va a permitir mayores oportunidades de negocio en beneficio del país y los consumidores.
Carlos Martínez. Director General de Central Ciudadano y Consumidor, AC.
Twitter: @carlosmartinezv
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