La exigencia para Andrés Manuel López Obrador como el próximo titular de la Presidencia de México es, y debe ser, mucha. Se trata de una gran responsabilidad ante los más de 30 millones de votantes que le apostaron a su proyecto con la esperanza de un cambio a la corrupción sistémica y con la expectativa de que se hagan políticas públicas exitosas para combatir la inseguridad y la desigualdad. Este gran apoyo debería incentivar a todas las personas que conforman el equipo de transición a la excelencia y al cambio de formas en el manejo de la cosa pública. El caso del fideicomiso “Por los demás” ha desatado una serie de cuestionamientos sobre la factibilidad de este cambio, ha estimulado una acalorada discusión y, lamentablemente, ha desvelado lo arraigado de la idea de que es mejor evadir el conflicto a asumir el costo político de tomar la responsabilidad ante un error o ante la duda razonable de su actuar.
En Twitter, Claudio López-Guerra presentó el argumento de Dennis F. Thompson sobre el estándar de apariencia (appearance standard) en su trabajo sobre la ética en el congreso de Estados Unidos. En éste, se argumenta que la promoción de dudas razonables sobre la motivación ética de quienes participan en política es, en sí misma, un comportamiento dañino. Para López-Guerra, la actuación de Morena de no tomar medidas para comprobar, fuera de toda duda, que los recursos eran para los damnificados y, en cambio, usar cheques de caja para retirar 64 millones de pesos en efectivo, fue el fracaso de una prueba de fuego a un partido que tiene como principal bandera la honestidad.
El pensamiento de Thompson es sumamente ilustrativo de por qué deberíamos dudar de las intenciones del partido ganador en la pasada elección y cuáles son las consecuencias éticas de que legítimamente lo hagamos. En su artículo de 1992 sobre las paradojas en la ética gubernamental, el autor afirma que “aparentar que se actúa de manera incorrecta, mientras en realidad se está haciendo algo correcto, es finalmente hacer algo incorrecto”. No hagas cosas buenas que parezcan malas, diría el refranero popular. La razón para sostener esta idea es simple: frecuentemente, la única manera en que la ciudadanía puede juzgar acciones incorrectas es a través de las circunstancias en las que actúan los políticos. Thompson sostiene que si las personas saben, a través de experiencias pasadas, que estas circunstancias tienden a la comisión de actos incorrectos, es justificable que concluyan que estas acciones son inmorales. Mejor caso que México para ilustrar esta idea, imposible.
Tomemos como ejemplo a las empresas que donaron a este fideicomiso. De acuerdo con la plataforma Contratobook una de las empresas que aparece en el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con número INE/Q-COF-UTF/93/2018, de nombre “Cazaruz S.A. de C.V” tiene contratos por más de 56 millones de pesos con el Gobierno del Estado de Tabasco, algunos gobiernos municipales de dicha entidad y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se trata de una serie de obras públicas en diversas locaciones del estado. ¿Es ilegal que esta empresa haya donado a un fideicomiso para ayudar a los damnificados del sismo? No. ¿Hay una duda razonable de que una empresa con múltiples contratos en uno de lo estados donde Morena tendrá mayor control por el número de votos obtenidos se beneficie de estas donaciones? Sí. Aunque esta última afirmación no sea cierta, existe un tufillo de deshonestidad que impregna una potencial buena obra y eso es un daño a la viabilidad del programa del nuevo gobierno.
Si al final del recorrido por las instancias judiciales adecuadas, se desestima este recurso del INE por demostrarse la independencia del fideicomiso del partido Morena, ¿habrá sido una acción ética? No, la mera apariencia de actuar de manera incorrecta y la acción de deslindarse hacen un daño claro. Si la campaña de Morena, y es posible argumentar que es el origen de su triunfo, se basó en la lucha contra la corrupción, la impunidad, la simulación, el despilfarro y la exagerada injerencia del capital privado en las decisiones públicas, ¿no era posible encontrar otro esquema para eliminar toda duda de las buenas intenciones de dicho instituto político, sus simpatizantes y las empresas que participaron con sus aportaciones? Seguramente. La negativa de asumir responsabilidades por los claros vínculos de este fideicomiso con el partido ante la petición expresa de información por el periodista Rafael Cabrera da cuenta de ello. Quizá convendría recordar que esa misma negativa de asumir responsabilidades ante los grandes escándalos de corrupción fue una de las razones que más dañaron a la administración saliente.
Cuando López Obrador afirma que la multa impuesta por el INE es una “vil venganza” no sólo no se hace responsable, como líder del partido envuelto en la investigación, sino que comete un acto inmoral al permitir que la duda razonable cimbre la legitimidad de su triunfo. Incluso si los tribunales le dieran la razón a Morena, este escándalo ya parece cobrar sus primeras víctimas: la completa confianza al proyecto progresista del gobierno entrante. Habrá que esperar a que la nueva primera fuerza del país haga uso de su derecho de audiencia para conocer mejor sus motivaciones e instrumentos.
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Manuel Toral es especialista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro en políticas públicas (Universidad de Chicago), politólogo e internacionalista (CIDE).
Twitter: @jmtoralc
