El domingo 17 de febrero, Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio histórico: después de más de 100 años, el Centro Penitenciario de Islas Marías dejaría de serlo. Este anuncio no sólo es transcendental por el cambio institucional, sino porque se da en el marco de un evento con un poderoso simbolismo. Un presidente reunido con quienes son procesados por la naturaleza más elemental del poder: el castigo.
Este hecho simbólico contrasta con la retórica que el titular del Ejecutivo y los líderes de los grupos parlamentarios de su partido en ambas cámaras han mostrado hasta el cansancio sobre los supuestos “delitos graves”. Esta figura es un mero eufemismo para referirse a los delitos que se encuentran enlistados en el Artículo 19 y que ameritan prisión preventiva oficiosa. A partir de la propuesta del grupo parlamentario de Morena en el Senado se ha desatado una profunda discusión sobre los efectos perniciosos de esta política. Actualmente, la Cámara de Diputados discute añadir los delitos de corrupción, robo de combustible y uso de programa sociales con fines electorales.
Los argumentos en favor de la propuesta del partido mayoritario de aumentar el catálogo parten casi exclusivamente de la gravedad de los delitos, nunca de los efectos en su disminución ni en los cambios necesarios para un correcto procesamiento de aquellas personas acusadas. El sistema penitenciario, en este sentido, ha sido usado en su expresión más punitiva al presentarse como un instrumento de disuasión a pesar de que la administración obradorista ha insistido en que atacará las causas sociales de las conductas antisociales. Existe, pues, una relación prístina entre los objetivos políticos del Ejecutivo y su política penitenciaria –no la búsqueda de la reinserción.
Cambios presupuestales
Con respecto a lo aprobado en 2018, el presupuesto asignado a las partidas clasificadas como Reclusión y Readaptación Social se redujo en poco más de mil millones de pesos para 2019. Esta brecha se hace ocho veces más grande con respecto a lo reportado como ejercido en el último avance del Presupuesto de Egresos de 2018.
Los mayores recortes con respecto al PEF 2018 fueron a la partida 33905, denominada Servicios integrales. El Clasificador por Objeto del Gasto define esta partida como “asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones en cumplimiento de las funciones de seguridad pública y nacional, por la contratación de servicios integrales con personas físicas o morales”. El uso de esta partida ha sido criticado por ser una forma de trasladar la responsabilidad de la política penitenciaria a la iniciativa privada. La partida más beneficiada con respecto a 2018 es la de Erogaciones especiales, una partida transitoria para asignarse a otras áreas posteriormente.
Servicios integrales
La partida 33905, Servicios integrales en materia de seguridad pública y nacional, tiene un comportamiento notable en el total del PEF. Si bien el sistema penitenciario, etiquetado como Prevención y Readaptación social, tiene un peso relativamente pequeño en el monto aprobado en esta partida en el PEF 2018, termina por representar uno mucho mayor en el monto modificado. Es decir, las exigencias presupuestales de este programa durante el año fueron mucho mayores a las previstas en el presupuesto. No obstante, para el presupuesto de 2019 representa una proporción mucho menor que la del PEF 2018.
A final del año será posible saber si esta tendencia se repite en la nueva administración.
Gastos en seguridad nacional
Donde no ha habido una reducción importante es en la partida 33701, Gastos en seguridad nacional. Del PEF de 2018 al de 2019 se redujo en poco más de 191 millones de pesos. Si bien la dependencia que más recibe recursos año con año es la Policía Federal Ministerial, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) termina ejerciendo la mayor parte de esos recursos. En 2017 también se observó este fenómeno. Además, conviene recordar la distribución anómala de este gasto y las numerosas críticas que se le han hecho por la falta de transparencia en sus recursos.
Manuel Toral (@jmtoralc) es especialista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro en políticas públicas (Universidad de Chicago), politólogo e internacionalista (CIDE).
