En esta y en todas las campañas electorales la pregunta más importante frente al mundo de maravilla que nos prometen los candidatos es “¿cómo piensan hacer lo que proponen?” Quizá porque las promesas son el combustible para mantener viva la esperanza de una realidad menos dura, los electores deciden considerarla tan solo como una nimiedad, mientras que, para los investigadores, periodistas y ciudadanos con compromiso social la pregunta es la madre de todas las preguntas, es el fondo y el tamiz de las propuestas.
En el 3er debate presidencial el periodista Carlos Puig cuestionó de forma certera al candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” Andrés Manuel López Obrador sobre cómo obtener los recursos para la redistribución del gasto que señalaba en su programa; las cuentas realizadas a grandes rasgos de lo que es el plan para combatir la corrupción sonaban insuficientes para el proyecto. Hasta ahora las cifras de los cálculos del costo de la corrupción en la administración pública se limitan a señalar los desvíos de recursos en contratos de inversión pública y sobrecostos de obras, sin embargo, hay otro factor que ha sido dejado fuera de la ecuación y que podría tener un efecto multiplicador en el logro de los objetivos de cualquier gobierno, la eficiencia que se ganaría con un aparato burocrático conformado por los hombres y mujeres más aptos para los puestos.
El gobierno puede, en menos de un año, ajustar su herramienta más poderosa y convertirla en una máquina de resultados. La administración pública es el brazo operativo de las decisiones políticas, ¿no debería ser el primer elemento en alcanzar el máximo nivel de eficiencia? El grado de obsolescencia del diseño de este sistema quedó demostrado con la solicitud de un ciudadano a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre la base de datos de las declaraciones fiscales de los funcionarios públicos, a lo cual la SFP respondió que no podría dar respuesta dados los costos en términos de tiempo y recursos; no obstante, la organización civil Data Cívica en pocas semanas y de forma gratuita fue capaz de poner a disposición del público la base solicitada.
Actualmente, el aparato burocrático es visto como un botín político: el ganador se lleva todo, pone y quita, decide sobre la suerte de los miembros. Aunque en el año 2003 se dio un salto cualitativo con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), las administraciones posteriores han ido vaciándola de contenido, encontrando agujeros por los cuales imponer a los amigos y de plano alterando la integridad de los procesos de reclutamiento y selección de los funcionarios. Tan sólo en la última transición del Poder Ejecutivo Federal, el Congreso Mexicano aprobó modificaciones a la LSPC para que el gobierno entrante pudiera disponer de 1,213 plazas de directores generales y 2,409 directores generales adjuntos sin que fueran sujeto de designación por concurso. Otra de las vías favoritas para corromper el espíritu de la LSPC es el abuso del Artículo 34, mediante el cual se establecen nombramientos temporales en casos excepcionales, que terminan por ser permanentes. El evidente abuso de este mecanismo queda revelado cuando las dependencias son obligadas a revelar dichos nombramientos pues en la mayoría de los casos la descripción no da muestras de la necesidad extraordinaria del nombramiento.
En tanto, el sistema del SPC, al encontrarse descentralizado de la SFP (cada dependencia establece sus propias reglas) permite un alto grado de discrecionalidad en los criterios de los exámenes (la redacción de las preguntas), en las características que deben tener los documentos presentados como comprobantes de experiencia o en los sistemas informáticos en los que los candidatos presentan los exámenes, permitiendo en todo momento la filtración de información hacia las personas que se interesa beneficiar con los contenidos de los exámenes. En consecuencia, el sistema es una gran farsa. Se trata de un sistema oneroso e ineficiente que presenta limitadas opciones de impugnación y un menú de preguntas de calidad a modo. Por ejemplo, el grado de satisfacción está basado en la atención de los reclutadores, más no en los procedimientos de participación. Ante tal escenario del conocimiento de los propios funcionarios y de la sociedad, resultan absolutamente justas las propuestas de recortar los altos salarios de la burocracia y los beneficios como gastos médicos mayores, los cuales difícilmente se observan en los trabajadores del sector privado.
Los argumentos en contra de una revisión al funcionamiento actual de la Administración Pública no pueden ser más endebles: al bajar los salarios, los funcionarios profesionales preferirán empleos en el sector privado. Esta respuesta termina por favorecer el primer argumento, puesto que es en el sector productivo donde se necesita talento, lo cual no necesariamente demerita que excelentes profesionales con vocación del servicio público se sientan atraídos a la administración gubernamental. El segundo factor que demerita dicho argumento es el asumir que por el hecho de ocupar los puestos públicos y elegir retirarse se pierde la experiencia y talento de tales funcionarios. Si consideramos que normalmente los funcionarios que ingresan por aspectos distintos a la meritocracia dedican su tiempo a encontrar posiciones más atractivas bajo los mismos mecanismos que los pusieron en su puesto actual, el ocupar diversos nombramientos en breves períodos no puede tomarse como una señal de amplia experiencia.
No sólo es correcto contar con un servicio profesional de carrera, sino que es imperativo y de ninguna manera incompatible con una reducción de gastos. Existen caminos que permitirían recuperar y perfeccionar el sistema, uno de ellos es su reconcentración en la SFP, evitando el control del proceso en cada dependencia, al tiempo que se permita la participación de la sociedad civil como método de control mediante un comité de supervisión. Sin duda el camino de la dignificación de la política pasa por la mejora en la productividad de su burocracia.
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Rodrigo Delgado Méndez. Es Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es subdirector de asuntos internacionales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y Director General de Tiempos Modernos, Liderazgos Modernos, A.C.
Twitter: @rodrigodelmen
