Estudios recientes, conducidos por organismos nacionales e internacionales acreditados, sugieren que la corrupción en México, después de la inseguridad, es el problema que más preocupa en nuestro país1 y que, pese a la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, parece no disminuir. La información recabada este primer trimestre de 2018 confirma esa tendencia, ya que, a pesar de los nuevos marcos normativos introducidos para combatirla, hay indicadores que muestran incluso que la corrupción va en aumento.3
Deseo abordar en esta contribución dos aspectos relacionados con la anterior situación. El primero es mostrar un balance de la integración de los distintos Sistemas Locales Anticorrupción en México, por ser ellos los responsables inmediatos del combate a la corrupción al interior del país y, el segundo, ejemplificar lo que entidades federativas pierden por corrupción con la información disponible, para compararlo con el monto que se invierte en los entes que conforman un Sistema Local.
Vayamos entonces por partes. Cumplido el plazo constitucional del 18 de julio de 2017, el corte de caja muestra a la fecha 20 Comités de Participación Ciudadana (CPC) constituidos en México. El más reciente fue el de Quintana Roo, nombrado la segunda semana de marzo. De estos 20, 14 cuentan ya con su Secretario Técnico (quien es titular de la Secretaría Ejecutiva), con lo que presumiblemente tienen constituida la cabeza del sistema anticorrupción estatal.
Al respecto, es digno de consideración que ante las sofisticadas reglas de juego empleadas para nombrar a los entes constitutivos de los Sistemas Locales y en otros casos por denuncias de injerencia partidista, varios miembros o autoridades de los Sistemas Locales se encuentran bajo impugnación o se hallan incluso sujetos a juicios de amparo. Morelos y San Luis Potosí representan casos que han llamado la atención nacional.4 Otras entidades, como Durango, no podrán contar con un Fiscal Anticorrupción ratificado en el corto plazo. Existen también casos como el de Nayarit, donde su CPC se halla incompleto, de modo que el panorama nacional no es homogéneo.
Hay un retraso en la integración de los Sistemas Locales Anticorrupción que supera el 30 por ciento de las entidades en el país. Prevalecen aún estados como Tlaxcala, en el que ni siquiera se han actualizado los marcos normativos necesarios para impulsar una ley estatal anticorrupción. En la Ciudad de México, para mencionar otro ejemplo, su Comité de Selección ha sido cuestionado y apenas ha sido publicada la convocatoria para nombrar su máximo órgano ciudadano. Ante este retraso en el país, es necesario diseñar una estrategia legal para exigir a los congresos de las entidades faltantes que procedan de inmediato a la expedición de las leyes necesarias y a efectuar los nombramientos requeridos para integrar los Sistemas Locales.5
Pasemos ahora a la relación costo-beneficio. Sabemos sobremanera que la corrupción tiene graves repercusiones económicas. Gabinetes globales dedicados a la medición de las economías nacionales señalan que la corrupción en México carcome mas del nueve por ciento del PIB del país.6 Ello lo confirma el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, donde se señala que de cada 100 dólares que la economía nacional genera por bienes y servicios, casi 10 se desvían por la corrupción a bolsillos de infractores.
Para ejemplificar tomemos a partir de este punto Sonora, estado que en 2015 reportó un PIB de 652,595 millones de pesos. Suponiendo que la corrupción le cueste a los sonorenses el nueve por ciento, que es el promedio del país, ésta alcanzaría un monto anual superior a los 58,733 millones de pesos. Para darnos una idea de la proporción que esto significa, lo presuntamente desviado por corrupción resultó ser ese año 20 por ciento más que el presupuesto de egresos que fue aprobado para Sonora por su legislatura estatal. En 2015 se autorizó un presupuesto de egresos de 48,585 millones de pesos.7
A la luz del caso antes descrito pueden hacerse varias observaciones:
1) El costo de la corrupción en una entidad federal puede llegar a representar un monto significativamente superior a su presupuesto anual programable.
2) Dividida entre la Población Económicamente Activa (1,386,422 personas en Sonora en 2015), el saqueo por corrupción alcanza un promedio, en un estado como Sonora, de 42,363 pesos per cápita.
3) El funcionamiento de un programa de investigación por hechos de corrupción, con un costo histórico en el Estado de 75 millones y medio [8], representó sólo el 0.12 por ciento de lo que el PIB estatal sonorense pierde por dicho concepto (y el 0.16 de lo presupuestado como egreso 2015 por su Congreso).
Así descrito, el balance nacional en torno a los Sistemas Locales y la relación costo-beneficio del combate a la corrupción puede resumirse en que al día de hoy, el armado nacional ha sido más lento de lo esperado.
El atraso existente en el nombramiento de los Secretarios Técnicos implica no poder contar con un presupuesto adecuado para impulsar los planes de trabajo 2018; así como, finalmente, la inversión que se hace para combatir la corrupción en los estados, financiando sus Sistemas Locales, por alta que pueda considerarse, representa una cantidad ínfima respecto al gran monto que la corrupción saquea de las economías estatales.
En resumidas cuentas, podemos concluir que obstruir la integración de los Sistemas Locales y regatearles recursos suficientes para su funcionamiento ha resultado en una excelente estrategia para mantener el actual estado de cosas, altamente propicio, dicho sea de paso, para seguir alentando la impunidad y la corrupción.
Aarón Grageda Bustamante. Doctor en Historia por la Universidad Witten-Herdecke (Alemania) y profesor investigador en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora.
Referencias:
1 INEGI, Resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017
2 INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, 2016, https://goo.gl/vTLcyS y Margaret Vice, Mexicanos están pesimistas sobre la dirección de su país, 2017, https://goo.gl/orNntp.
3 World Justice Project, Rule of Law Index 2017-2018
4 Calvo, Maciel (2018, 23 de enero) Posponen la designación de integrantes de CPC, La Unión. Disponible en https://bit.ly/2JYFM5R.
5 Consejo de Participación Ciudadana, Nota Explicativa de Amparos CPC. Disponible en https://bit.ly/2HIE8ok.
6 Villafranco, Gerardo (2016, 2 de febrero) Corrupción cuesta 9% del PIB a México, Forbes. Disponible en https://bit.ly/2rtR47J.
7 Gobierno del Estado de Sonora (2016) Proyecto de Presupuesto de Egresos. Disponible en https://bit.ly/2vtNSjQ.
