El CONACYT sigue un rumbo confuso. Los trabajos de transición después del 1 de julio de 2018, más los primeros 100 días de la autodenominada 4T no han sido suficientes para definir la agenda en Ciencia y Tecnología. Más bien, su trazo como política pública se torna confrontada, deficiente, disruptiva, encapsulada y poco clara. El propio Consejo pasa por una etapa de inestabilidad, incertidumbre e inanición. Su servicio profesional de carrera es opaco o tan discrecional que permite las ya famosas designaciones con aroma de botín político, compadrazgo y amiguismo, ventiladas por los medios de comunicación y que AMLO aseguró erradicar en su gestión.
Las turbulencias comenzaron con la famosa filtración del oficio firmado por la Doctora María Elena Álvarez-Buylla, futura Directora del Consejo en aquel entonces, al Titular del CONACYT, el Doctor Enrique Cabrero Mendoza, en donde solicitaba suspender toda convocatoria abierta desde el 31 de julio en el año 2018. A pesar de lo anterior, el oficio dejó entrever que la entrante administración colocaría sobre la mesa un rumbo diferente para el CONACYT, rompiendo así con la continuidad de los programas presupuestados en 2018.
Después del recorte presupuestal de 9.04% al CONACYT respecto a 2018, la Doctora, ya titular del Consejo, mencionó los componentes del nuevo rumbo para el CONACYT: hacer más con menos, ser más creativos en el marco de la austeridad republicana del gobierno. Esto atizó el fuego nuevamente: mientras la comunidad científica y académica alertaba de los riesgos por la reducción de recursos y la necesidad de fortalecer y ampliar los foros e instituciones en el campo de la ciencia y tecnología, el Consejo optó por cerrar los apoyos y programas vigentes, aplicando una purga para rediseñar casi desde cero sus actividades. El trabajo y los avances conseguidos en los periodos anteriores poco importaron para esta nueva administración.
El rediseño de la política pública podría significar una ventana de oportunidad para la reflexión y atención de problemas fundamentales omitidos o minimizados durante las administraciones pasadas. No obstante, el rediseño del Consejo representa un elevado riesgo que conduce a dos escenarios. O se tiene un plan bastante estructurado y claro que dé certidumbre sobre el conocimiento de los problemas y retos actuales, los objetivos, los procesos, los resultados esperados en un tiempo determinado, justificado por estudios de viabilidad técnica, financiera y política dadas las restricciones presupuestales y de orden social, impulsado por un equipo profesional capaz y comprometido. O, todo lo contrario. Sólo se trataría de una intención dictada al aire que no es capaz de dimensionar lo complejo que es el sector, que sería un rotundo fracaso o una improvisación mal elaborada. Todo parece indicar que se trata de lo segundo.
El desconocimiento en la materia también se refleja en la iniciativa de Ley de Ciencia presentada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera. Dicha propuesta plantea la concentración en la toma de decisiones por el Titular del Ejecutivo, reduciendo el campo de maniobra del Director General dentro del Consejo. Por otra parte, elimina varios órganos de participación y de consulta, centralizando varias de sus funciones en el CONACYT. Por último, sugiere una línea de prioridades nacionales para la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, la cual deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno, atentando peligrosamente contra la investigación científica y de innovación de carácter independiente. Lo preocupante es interrogarse quién y bajo qué bases se determina la agenda del Consejo. La respuesta: en buena medida, el Ejecutivo. Éste será capaz de desoír y confrontar, eso sí con todo respeto, los puntos de vista de expertos y académicos sobre el sentido, la pertinencia y la actualidad de los temas en Ciencia y Tecnología, imponiendo su cosmovisión sobre lo que es bueno y malo, situación bastante familiar en el día a día de esta 4T.
Por último, la organización interna del CONACYT está en crisis. En administraciones pasadas, la renuencia de abrir plazas por motivos presupuestales alentó el crecimiento de la subcontratación dentro del Consejo. Actualmente, la no renovación o reincorporación de personal externo en funciones operativas y de mando está dejando sin personal calificado al interior del CONACYT. Se suma la ola de renuncias obligadas de mandos medios para que sus puestos sean ocupados por personal cercano a los directores, quienes no tienen iniciativa sobre el quehacer diario. Están paralizados por esa falta de definición y certidumbre en los programas. Finalmente, añadamos las renuncias súbitas de dos nuevos directores adjuntos en menos de 100 días, situaciones que aluden a conflictos de organización y de obediencia. Estas inestabilidades organizacionales y de definición de política también exhiben la inexperiencia de esta nueva administración, situación que perjudica sensiblemente el despegue y funcionamiento del propio CONACYT.
En conclusión, la nueva Administración desconoce en buena medida la situación del campo en Ciencia y Tecnología en términos de política pública y de administración. Resuelve conforme le dicte su propia visión —muchas veces demasiado limitada o corta—, de los intereses políticos de su partido y de las órdenes del Ejecutivo. Sin embargo, no está escuchando las organizaciones, comunidades, expertos y personal de su propio campo. Está recurriendo a la improvisación y la discrecionalidad, provocando los escándalos y deficiencias ya planteadas. Lo que comenzó como una transición tersa con miras a la suma de esfuerzos entre el nuevo gobierno y la comunidad científica, de base tecnológica y académica —que en su momento apoyaron con contundencia la transición de gobierno— se está convirtiendo ahora en incertidumbre y tensión elevada por esta falta de visión o rumbo que derivaría en un retroceso o retraso en los campos de ciencia, tecnología e innovación, situación que México no puede ni debe permitirse aplazarse por más tiempo.
