Frente a las narrativas oficiales, y como una forma de discutir con los vaivenes de nuestra historia, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad proponemos para este aniversario patrio pensar en el futuro. Si bien no somos más que la sombra de nuestro pasado, y los impredecibles caminos de nuestro presente, nunca está de más preguntarnos: ¿qué México es el que queremos que celebren las generaciones que vienen? De ahí que esta breve reflexión sobre los pendientes que tenemos para el futuro de México: si bien no es exhaustiva de los enormes retos estructurales que enfrenta el país, por lo menos queremos que sea útil para provocar la imaginación del futuro. Consideramos 6 pendientes principales.
- Un México sin violencia de género
La crisis de violencia que viven las mujeres mexicanas va en aumento año tras año. Con ello crece la urgencia de dedicar toda la atención pública para erradicar la violencia de género. El Estado mexicano tiene una deuda fundamental con las mujeres, con las que han luchado para construir este país, con quienes lo inventan con su trabajo diario y, especialmente, con todas aquellas que vendrán a cambiarlo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación. De acuerdo con el Informe sobre Violencia Contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021 se registraron 978 presuntos delitos de feminicidios, la cifra más alta de la que tengamos registro. Para julio de 2022 ya se tenían registradas 530 víctimas, las cuales si siguen esta tendencia superarán a las del año pasado.
Sin embargo, las prioridades presupuestales de 2023 para la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)—institución encargada de investigar estos delitos— parecen ignorar la magnitud del problema público que representa la violencia contra las mujeres. En medio del aumento de delitos de género, se propuso en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaciónx|x (PPEF) para 2023 que la FEVIMTRA tuviera una disminución en su presupuesto del 2.5%. Es decir, esta institución para el combate a la violencia de género tendrá un monto asignado de alrededor de 65 millones de pesos, 2 millones menos que lo que tuvo aprobado para 2022, en términos reales.
El gobierno federal tiene el reto de atender e investigar los delitos de violencia de género para garantizarles seguridad. En la medida que los presupuestos no prioricen el combate a la violencia de género, la justicia para las mujeres mexicanas se mantiene como un pendiente.
- Un México que apueste por la educación
La educación es un detonante para la movilidad social porque contribuye a disminuir las desigualdades y a cerrar los caminos del atraso. Hasta 2020 se habían logrado avances paulatinos en los niveles de escolaridad de la población. Un ejemplo de ello es que hasta 2020, los habitantes de 15 años y más tenían 9.7 grados de escolaridad en promedio. Diez años antes, en 2010, el nivel de escolaridad promedio era sólo de 8.6 años.
Sin embargo, es importante mencionar que la pandemia por COVID-19 afectó gravemente el panorama educativo en México. En este rubro, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el país
actualmente es la deserción escolar. Millones de niños y niñas abandonaron la escuela a raíz de la pandemia y la calidad de los procesos educativos disminuyó drásticamente. De acuerdo con datos del INEGI en la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, 5.2 millones de personas entre los 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados a la pandemia por COVID-19, principalmente por falta de dinero o recursos. Estos datos son alarmantes. Millones de mexicanos y mexicanas de todas las edades perdieron la oportunidad de aprender, lo que afectó su derecho humano a la educación.
No es sorpresa que la pandemia afectó en mayor medida a la población en situación de vulnerabilidad. Es decir, aquellas infancias y personas que más han sido olvidadas por las autoridades. Por ejemplo, 22% de las personas que no se inscribieron al ciclo escolar 2019-2020 fue porque no tenía acceso a una computadora o a un dispositivo con internet. Esto demuestra que las infancias y personas en situación de pobreza fueron las más afectadas. Además, es importante mencionar que esta situación se ha agravado para las infancias que pertenecen a pueblos originarios o que viven con alguna discapacidad. Pareciera que estas infancias siguen siendo invisibles para el sistema educativo en México. La desafortunada realidad es que la pandemia ha aumentado las brechas de desigualdad en la posibilidad de recibir educación.
Ante este panorama, sería deseable que el gobierno mexicano definiera acciones prioritarias para terminar con estas brechas y asumiera como objetivo central que la niñez mexicana acceda a una educación de calidad. Sin embargo, la realidad refleja otras prioridades. De acuerdo con el PPEF 2023, los recursos que se buscan destinar durante 2023 a la Educación Pública dejan mucho que desear. La propuesta indica una distribución de 402,276 millones de pesos que, si bien implican un crecimiento de casi el 5% respecto a lo aprobado en 2022, al compararlo con años anteriores se demuestra algo: México cada vez gasta menos de su presupuesto en educación. El presupuesto presentado no llega ni siquiera a los niveles previos a la pandemia en inversión en educación. El problema es claro: el gobierno de México tiene una gran deuda con sus estudiantes, en tanto que sigue sin garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas que acuden a las aulas como una esperanza de mejorar su vida en sociedad. Un país que no invierte en educación está condenado a un solo futuro: el atraso.
- Un México que proteja la salud de su gente
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un aumento en el presupuesto de salud. Sin embargo, el mayor porcentaje de este aumento se destinará a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, servicios personales e inversiones financieras y otras provisiones. Este crecimiento en los recursos se contradice con dos realidades: la reducción presupuestal en el programa de vacunación y la dudosa efectividad de los recursos públicos invertidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Pese a las protestas que han surgido por las recientes deficiencias en los cuadros básicos de inmunización, el programa de vacunación de este año presenta un recorte del 55% de su presupuesto con respecto al del año pasado. La realidad es que el país se enfrenta a un grave problema con respecto a los esquemas de vacunación de las infancias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), solo el 27.5% de menores de un año cuentan con el esquema completo de vacunación. Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del mismo organismo, han declarado que a pesar de que ha crecido el esquema de vacunación del país, no lo han hecho al mismo ritmo la infraestructura y la inversión en personal necesario para implementarlo.
Por su parte, el Insabi es la institución que más presupuesto tiene dentro del ramo de salud. No obstante, el CONEVAL registró que la presencia del Insabi realmente no ha significado una mejora significativa en la posibilidad de acceder a servicios de salud, especialmente de las personas que viven en zonas rurale,s debido al desconocimiento sobre la operación en esta institución y a los cambios que han llevado a su desaparición y cambio, por segunda vez en el sexenio, a otro esquema totalmente nuevo a través del IMSS-Bienestar. Por si fuera poco, a pesar de los recursos invertidos en el Insabi, su operación presupuestal mostró irregularidades. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, entre 2018 y 2020 el Insabi tiene pendientes de aclarar casi 8 mil millones de pesos sobre su operación.
Los incrementos presupuestales en salud no significan nada si no están diseñados para lograr que más personas puedan acceder a servicios de salud, medicinas y vacunas. ¿Qué futuro puede esperar a un país que descuida la vida y la integridad de su gente?
- Un México con seguridad y justicia
Nadie puede dudar que México enfrenta problemas fundamentales de seguridad y de justicia que todos los días vulneran la tranquilidad y la vida de millones de personas. Un aspecto central para entender la justicia en el país es el estado de nuestro sistema penitenciario. Mientras el gobierno mexicano ha establecido como prioridad aumentar las capacidades de la Guardia Nacional mediante el traslado a un mando militar, lo que se refleja en un aumento presupuestal de 10% para el año próximo para esta institución (que bajo las reformas actuales será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacionao), en el PPEF 2023 hay una disminución de más 950 millones de pesos para prevención y readaptación social en centros penitenciarios, lo que equivale a un recorte de cerca del 4%. De igual forma, para el programa presupuestario encargado de la Administración del Sistema Federal Penitenciario se propuso una disminución de más de mil millones de pesos con respecto al presupuesto de 2022, equivalente al 5%.
En los cambios presupuestarios se reflejan las prioridades del gobierno. La disminución para estos rubros refleja una política que mira hacia otro lado sobre cuando se trata de las condiciones de los cárceles y reclusorios, algo que afecta directamente la vida de miles de personas privadas de la libertad. Mientras que el gobierno defiende un enfoque punitivista penal, basado en la posibilidad de meter a más personas a la cárcel como parte de su estrategia de seguridad, la reducción en presupuesto para atender la readaptación social y la administración del sistema penitenciario evidencia el poco interés que tiene el gobierno federal por atender las enormes deficiencias que hay en las cárceles del país.
Como evidencia del enfoque punitivista cabe resaltar que, para 2021 las cárceles mexicanas registraron poco más de 92 mil personas privadas de la libertad sin sentencia. Con la figura de prisión preventiva oficiosa, defendida por este gobierno, cada vez hay más personas privadas de la libertad sin que hayan sido declaradas culpables por un juez. Esta figura busca castigar y es claramente violatoria de derechos humanos básicos como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, entre otros. Tanto por la defensa de la prisión preventiva oficiosa como por la reducción en los presupuestos para el sistema penitenciario, México tiene una deuda pendiente con las personas privadas de la libertad.
Otro de los pendientes fundamentales en materia de seguridad y de justicia para México está en la crisis de personas desaparecidas, misma que a su vez ha producido una crisis forense. Hay 105,622 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Al mismo tiempo, las instituciones mexicanas siguen sin tener las capacidades para identificar los más de 52 mil cuerpos que yacen en los servicios forenses en todo el país, según informes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México. Desde 2019 sigue pendiente la exigencia de familias de desaparecidos sobre crear un Banco Nacional de Datos Forenses para agilizar el proceso de identificación genética. Los retos para la administración pública federal son tales que expertos estiman que con la infraestructura actual las autoridades tardarían 120 años en esclarecer la identidad de estas personas.
Dada esta urgencia, para 2023, el proyecto de presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda aumentó en cerca de 40% con respecto al año anterior. A pesar de este cambio, la inversión pública para atender el problema de desaparecidos representa el 0.01% del presupuesto proyectado para el próximo año. Pese a la urgencia pública que tiene el país con respecto a este tema, sigue sin ser claro en qué medida este aumento se traducirá en mejoras sustanciales en las políticas públicas para la búsqueda de personas y de atención a la crisis forense. No habrá justicia en México hasta resolver el enorme pendiente que tiene el estado con las personas desaparecidas y sus familias.
- Un México que ponga fin a la impunidad
La impunidad, entendida como la ausencia de responsabilidades o consecuencias cuando se comete un delito, es uno de los mayores retos que ningún gobierno mexicano ha logrado disminuir. Esta administración no es la excepción, pues los datos revelan que la impunidad que sufren los ciudadanos prácticamente es la misma que en sexenios anteriores.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, realizada por el INEGI, no ha disminuido la cifra negra de delitos, que son todos los actos delincuenciales que sufre la población pero que nos denunciados ni perseguidos por la autoridad. De acuerdo con el último dato, solamente 10.1% de los delitos que se cometieron fueron denunciados. Es decir, 89.9% de los delitos simplemente no se reportaron a las autoridades.
Las dos razones principales por la que la ciudadanía no denuncia los delitos son que lo consideran una pérdida de tiempo y que desconfían de la autoridad. Y los datos les dan la razón, pues de los pocos delitos que sí denuncian, solo en 7 de cada 10 casos se abrió una carpeta de investigación y, de éstas, en 50% de las ocasiones no pasó absolutamente nada y en 27% de las ocasiones el caso sigue en trámite. Es decir, 95 de cada 100 delitos en México quedan en absoluta impunidad. Esta cifra se ha mantenido casi igual por 10 años.
La principal responsabilidad de este problema recae en la autoridad encargada de las investigaciones y la persecución de los delincuentes: la Fiscalía General de la República. Sin entrar en las discusiones sobre las actuaciones de su titular o el uso de esta institución para perseguir o ignorar discrecionalmente los delitos de algunas personas, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2023 muestra que abatir la impunidad no es una prioridad para el país, pues los recursos asignados a esta institución se mantienen prácticamente iguales que en años anteriores, con un incremento marginal de sólo 0.4% con respecto a 2022. En el extremo, el programa presupuestal para «Investigar y perseguir los delitos del orden federal», que debería ser la máxima prioridad en una estrategia de combate a la corrupción y la impunidad, también crecerá solo 0.4%, llegando a 11,541 millones de pesos. Como punto de referencia, esa cantidad de recursos es igual a los que gastarán la Guardia Nacional y el Ejército en solo 23 días. De ese tamaño es la poca importancia que tiene el combate a la impunidad. También ofrece una hipótesis que explica la persistencia de este terrible mal que mantiene a millones de personas sufriendo la injusticia.
- Un México sustentable para las siguientes generaciones
Desde 2012, el Estado mexicano señaló como una prioridad de política pública la mitigación de los efectos del cambio climático al promulgar una ley específica en la materia. Esta ley propone la creación de una política nacional en la que se dediquen recursos económicos y políticos para reducir gradualmente emisiones de contaminantes. La urgencia de implementar políticas públicas para la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático es inminente. Sin embargo, la evidencia del proyecto de presupuesto para 2023 demuestra que el cambio climático no es hoy una prioridad para el gobierno mexicano.
Al revisar el gasto del anexo específico del presupuesto para combatir el cambio climático, llama la atención que los recursos efectivamente gastados para combatir el cambio climático reportan una reducción de 60% entre 2020 y 2021, de 100 mil a 42 mil millones de pesos. También resalta que en 2021, la Cuenta Pública reporta que se gastaron 42 mil millones de pesos, pese a que en realidad estaban presupuestados 80 mil millones, prácticamente el doble. En este rubro, se propone mucho, pero se cumple muy poco.
La situación es incluso peor cuando se compara cuáles son los programas públicos que más recursos reciben para el combate al cambio climático en México. No sólo se gasta poco. También lo que se gasta es cuestionable. Más de la mitad del presupuesto catalogado para combatir el cambio climático en 2023 será para el Tren Maya, un proyecto de ingeniería que, de acuerdo con múltiples organizaciones ambientalistas, podría tener un desproporcionado impacto ambiental sobre los ecosistemas del sur del país. Como comparación, el Tren Maya en 2023 recibirá más de cinco veces el presupuesto dedicado al Fondo de Desastres Naturales y casi tres veces el presupuesto de Sembrando Vida, que fue presentado como un esfuerzo en materia ambiental para el país. En lugar de dedicar recursos para programas urgentes para combatir el cambio climático, el gobierno mexicano construye un tren sobre las selvas. ¿Cómo explicarlo a las siguientes generaciones?
Celebrar a México, además de un momento de unidad nacional, es una oportunidad para reflexionar sobre los pendientes y el futuro que imaginamos como país. Los problemas aquí presentados son una muestra de los retos y prioridades que deberíamos poner por delante si queremos vivir y heredar un país más justo, con menos corrupción y sin impunidad. No estamos condenados a ninguna tragedia histórica, mucho podemos hacer al respecto.
