Es un lugar común afirmar que la corrupción es un problema que afecta a toda la sociedad. Sin embargo, pocas veces se profundiza en lo desigual que puede ser su impacto sobre los diversos grupos que la conforman, particularmente para las mujeres. Con algunas excepciones, los análisis existentes se limitan a mencionar que, como en todos los problemas sociales, las mujeres nos llevamos la peor parte, sin responder la pregunta ¿qué implica la peor parte y cuánto a cuánto equivale? Aunque este escrito no da una respuesta satisfactoria —en buena parte por la falta de información al respecto—, puede ofrecer algunas claves para dimensionar la magnitud de la corrupción en la vida de las mujeres mexicanas.
El costo de la corrupción extractiva en los hogares que menos tienen
De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), la corrupción extractiva —o petty corruption— es el abuso de poder de los funcionarios públicos en sus interacciones cotidianas con los ciudadanos, quienes acceden a ofrecer una dádiva a cambio de la obtención de bienes y servicios públicos. En ese sentido, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que, ese año, cerca de 12% de las personas mayores de 18 años en México fueron víctimas de un acto de corrupción de este tipo, y que su costo promedio fue de 3,822 pesos.
Este problema se agrava con la brecha de ingresos por género. Si tomamos en cuenta que el ingreso corriente promedio de los hogares encabezados por hombres es 15% mayor que el ingreso de los hogares encabezados por mujeres[1], un episodio con una autoridad que pida la “cooperación” promedio para agilizar un trámite será sistemáticamente peor para las jefas de familia, pues la pérdida representará una mayor proporción de sus entradas en comparación a lo que representaría para sus contrapartes masculinas.
Las que pagan
Cuando mi marido cayó en el Lecumberri, yo nunca le dije a mis hijos que su padre estaba en la cárcel. “Su padre vive aquí para trabajar y darnos dinero”, les decía. En las visitas, sin que los niños vieran, yo mera le pasaba dinero a W. Una parte era para que él pagara sus cosas ahí dentro y la otra me la regresaba enfrente de nuestros hijos. Él me extendía el dinero y me decía “ten, para los gastos de la semana”.
Una de las instancias en las que pareciera que los engranajes sólo funcionan a base de “mordidas” es el sistema penitenciario. Las personas privadas de la libertad pagan por bienes y servicios a las autoridades —sean estos legales o no. Lamentablemente, las visitas no están exentas de esta situación. En 2016, seis de cada diez personas privadas de la libertad recibieron visitas por parte de su madre o su pareja sentimental femenina durante el año anterior[2]. Se estima que, en uno de cada cuatro casos, las visitantes fueron víctimas de un acto de corrupción por parte del personal del centro penitenciario. Desde el primer filtro de seguridad hasta encontrar un lugar para charlar o hallar un espacio para la visita conyugal, ellas dejan tras de sí un camino de dádivas.
Este dinero no viene de la nada: la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada en 2016, nos da elementos para estimar que 67% de las personas visitadas por su madre o pareja sentimental eran el sostén económico[3], haciendo muy probable que las mujeres hayan buscado fuentes adicionales de ingresos para solventar sus necesidades y garantizar una estancia tranquila para sus seres queridos. Un estudio realizado en 2014 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) refuerza esta idea, pues da cuenta de los costos económicos y sociales que las mujeres asumen en tales circunstancias. Catalina Pérez-Correa, una de las autoras de este estudio, lo resume lapidariamente: “son ellas quienes trabajan para pagar el sistema de corrupción penitenciario existente. Todo, hasta la vida, cuesta en los penales y son ellas quienes pagan con su trabajo, su tiempo, su ira y su dolor”.
Corrupción sexualizada
Fui a denunciar que mi esposo me mandó golpear con tres mujeres. El MP me pasó a su oficina. A solas, me dijo “¿Cómo te pasan estas cosas si estás tan bonita? Claro que te voy a echar la mano. Cuéntamelo todo, pero aquí, sentadita… en mis piernas”.
Además de la desigualdad económica y la marginación, los roles de género vuelven más nocivo el fenómeno de la corrupción para las mujeres, pues crean situaciones en las que el dinero no es suficiente: se pide actos sexuales como moneda de cambio. Transparencia Internacional define esta práctica como extorsión sexual o sextortion.
En su informe especial de 2019 sobre el Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, TI advierte que 20% de las personas encuestadas había sido blanco de extorsión sexual o que conocía a alguien a quien le había ocurrido. Aunque la información publicada no está desagregada por género, la organización reconoce que las mujeres son el objetivo más frecuente de estas prácticas.
El subreporte de los actos de corrupción, el miedo a la denuncia —y por consiguiente, al estigma social— y la escasa legislación al respecto dificultan la generación de métricas exhaustivas para nuestro país. Sin embargo, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, sabemos sobre algunas situaciones puntuales[4]:
- 1% de las mujeres mayores de 15 años reconoció que, por lo menos alguna vez en su vida, una autoridad escolar le había ofrecido mejorar sus notas u otro beneficio a cambio de sexo.
- 2.3% de las mujeres que habían trabajado en el sector público reconoció haber sido víctima de represalias por haberse negado a un avance sexual de un superior jerárquico, tales como negación de ascensos, ostracismo o amenazas de despido.
Para encontrar una solución debemos reconocer que la corrupción nos muerde más fuerte a nosotras. Regresemos la mordida: denunciemos públicamente a los funcionarios que inciden en estas prácticas para que no haya una próxima ocasión. Hagamos lo posible por llenar el espacio público con las muchas anécdotas y los pocos datos sobre el tema; generemos cada vez más debates e información al respecto. ¿Camino difícil? Lo dudo: hace un año demostramos que podemos influir como ningún otro grupo social en la agenda pública.
Vianney Fernández Villagómez. Investigadora del World Justice Project e interesada en los temas sociales.
La autora agradece a las mujeres que le han compartido sus relatos.
[1] Mientras que el ingreso mensual bruto de un hogar encabezado por un hombre es de 17,206.48 MXN, el ingreso de un hogar encabezado por una mujer es de 14,870.65 MXN. Cálculo propio elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018 del INEGI.
[2] Uno de los límites de la primera edición de la ENPOL es que no cuenta con información directa sobre preferencia sexual de las personas entrevistadas, ni distingue el género de la persona que lo visita. Para elaborar la estimación de personas privadas de la libertad que son visitadas por sus compañeras sentimentales, se asume que su pareja es mujer si: 1) el hombre privado de la libertad no ha sido objeto de discriminación por su preferencia sexual, y 2) la mujer privada de la libertad ha sufrido discriminación en razón de su preferencia sexual. Cálculo propio elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del INEGI.
[3] Cálculo propio elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del INEGI.
[4] Para efectos de la estimación, se califica como extorsión sexual en el ámbito escolar si el ofrecimiento viene de parte de un profesor, profesora, director o directora de la institución; se considera como sextortion a las represalias que padecen las mujeres funcionarias públicas por negarse a tener relaciones sexuales con un superior jerárquico (jefe, director o coordinador). Cálculo propio elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI.
