Acusan a autoridades de tolerar deforestación

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene como mandato constituir una política de Estado orientada a alcanzar la meta de cero deforestación para 2030, en realidad, está propiciando la tala ilegal de bosques a través de la expedición de permisos irregulares de aprovechamiento forestal maderable en Durango.

En tanto, en Chiapas, la Semarnat está retrasando la expedición de reembarques forestales para movilizar la madera legal abriendo la puerta al comercio ilegal y ha sido omisa a la exigencia de la Cámara Nacional de la Industria Forestal de la Séptima Delegación que le solicitó impulsar una modificación del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) para endurecer los requisitos de transporte de la madera, desde el punto donde se corta hasta su destino final, con el propósito de inhibir el tráfico de productos maderables que se procesan también en aserraderos clandestinos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detectó que la Delegación de la Semarnat en Durango incurrió en la expedición sistemática de autorizaciones irregulares de aprovechamiento forestal maderable para la explotación de los bosques de pino y encino que ubican a este Estado entre los principales productores forestales.

Si bien las autorizaciones fueron expedidas en la pasada Administración, la Semarnat ahora a cargo de María Luisa Albores, no ha cancelado el permiso emitido a favor de la empresa Compañía Silvícola Chapultepec S. de R.L. de C.V, pese a que el expediente 2019/SEMARNAT/PP324 continúa abierto en el Órgano Interno de Control de la Dependencia e incluso, a través del oficio no. OIC/TAQ/0070/2021 emitido el 13 de enero de 2021, confirmó que había iniciado distintas diligencias.

La secuencia de las autorizaciones irregulares fue la siguiente:

El 11 de julio de 2011, la Delegación suspendió un permiso de aprovechamiento forestal maderable amparado con el oficio No.SG/130.2.2.2/00748 que se emitió a favor de la empresa Compañía Silvícola Chapultepec S. de R.L. de C.V.

La suspensión fue resuelta derivado de un conflicto de posesión entre particulares y prohibía talar una superficie de 320 hectáreas que comprenden los lotes 18 y 19 del predio identificado como “Santa Ana”, ubicado en el municipio de San Dimas.

Pero en 2015, la suspensión fue violada por la propia autoridad debido a que la Delegación de la Semarnat validó un programa de manejo forestal a favor de Compañía Silvícola Chapultepec S. de R.L. de C.V que le permitió talar los lotes 18 y 19 e incluso le expidió las remisiones forestales para transportar la madera.

El programa de manejo y las remisiones forestales a favor de la empresa fueron validadas por el entonces Delegado de la Semarnat, Ricardo Edmundo Karam Von Bertrab.

De esta manera, Compañía Silvícola Chapultepec S. de R.L. de C.V. pudo talar y extraer madera dentro del área en la que la Delegación de la Semarnat había resuelto la suspensión del permiso de aprovechamiento forestal y a pesar de que la empresa fue sancionada en 2015 por la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con una multa de 70 mil 100 pesos, continuó talando en el área suspendida por ello, en 2018 enfrentó otra multa de 150 mil 980 pesos por reincidir en el delito ambiental.

Martha de la Luz Ortega Ortega y su hijo, Rafael Díaz Ortega, mantienen abierto desde hace más de 20 años un juicio para reclamar la posesión de los lotes 18 y 19 del predio “Santa Ana” en base a títulos de propiedad emitidos a su familia durante el Porfiriato, pero cuando la empresa taló sus predios, ellos denunciaron a Compañía Silvícola Chapultepec S.de R.L de C.V. ante Profepa, Semarnat y en la Delegación de Durango de la entonces Procuraduría General de la República sin que hasta la fecha, exista una resolución definitiva.

“Nosotros siempre pensamos que la lucha era con la empresa y sabíamos que era difícil pero siempre tuvimos la confianza de que las autoridades iban a hacer su trabajo y que íbamos a seguir un camino, pero lo que pasó es que nos dimos cuenta que estábamos luchando contra empresa y autoridad. Lo único que le podemos hacer responsable a la empresa es las trabas y lo tardado para posponer, pero hasta allí. Donde sí hacemos completamente responsables a las autoridades es en el corte, en lo forestal, ¿por qué?, porque la empresa jamás hubiera logrado lo que logró si no hubiera sido con el apoyo de ellos”, reprocha Rafael Díaz Ortega en entrevista.

A este caso se suman al menos otras tres autorizaciones irregulares que la Semarnat Durango aprobó entre 2013 y 2019 para aprovechamiento forestal en predios ubicados en San Dimas y Santiago Papasquiaro.

Pero las coordenadas de los tres permisos avalados en diferente temporalidad, en realidad, corresponden a un mismo predio localizado en la Fracción Sur lote 2 del Fraccionamiento Bajío Las Flores del municipio de San Dimas.

A pesar de que las tres autorizaciones irregulares derivaron en talas, la Semarnat negó que exista un aprovechamiento ilegal del bosque y deslindó de responsabilidades a los funcionarios involucrados en la expedición de los permisos argumentando que se trató de errores técnicos e involuntarios.

La expedición de permisos irregulares por parte de Semarnat no solo compromete el recurso forestal que ubica a Durango entre los principales productores de madera de pino, también amenaza los servicios ecosistémicos que presta este ecosistema siendo la producción de agua uno de los más estratégicos para el abasto del Estado y la región de la Comarca Lagunera.

“Todo esto para mi familia ha sido una burla”

San Dimas, Durango

Rodeado de la espesura del bosque de pino, en un predio con accidentada topografía, cerros tupidos de frondosos árboles y un aire fresco que acaricia el rostro en una mañana de verano, Rafael Díaz Ortega acusa que autoridades de la Delegación en esta Entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) son cómplices de la empresa Compañía Silvícola Chapultepec de R.L. de C.V. por permitirle talar 320 hectáreas.

Rafael Díaz Ortega

Durante más de 20 años, él y su familia han enfrentado juicios agrarios, procesos administrativos ante la Semarnat, denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) e incluso una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República, para exhibir que la empresa incurrió en un delito ambiental al talar su predio con el aval de las autoridades.

“Ha sido muy desgastante y yo considero que todo esto para mi familia ha sido una burla y que las autoridades, por lo menos esas, son corruptas. Y lo digo porque tengo la certeza, tengo los documentos que así lo prueban. Entonces, al luchar contra una empresa y luchar con las Dependencias, pues nosotros no tenemos todas las garantías y ellos tienen todas”, reprocha.

El predio forestal que Rafael recorre hoy en medio del bosque duranguense, es el mismo donde su mamá creció y donde sus abuelos producían queso. Debido a que sus abuelos murieron intestados, él y su familia mantienen un juicio de posesión para que se reconozca a su madre como la legítima dueña, pero mientras ese proceso corría, Compañía Silvícola Chapultepec de R.L. de C.V. compró los terrenos forestales que rodean este lugar y en 2015 inició una tala avalada por la Delegación de Semarnat.

Desde entonces, enfrenta una batalla para que le se cancelen los permisos de aprovechamiento forestal a la empresa y se sancione a las autoridades ambientales que autorizaron la tala en su predio conocido como “Santa Ana”.

“Si los tuviera enfrente, les pediría respuesta. Una explicación coherente. Si la autoridad actuara como debe de ser, aún les pueden cancelar los permisos, pueden cancelas las licencias, pueden coadyuvar con el Ministerio Público, simplemente que hagan su trabajo. El Presidente dice que no hay corrupción, sí la hay. Este actuar de estos funcionarios es reciente”, reclama Rafael.

Martha Cruz Ortega Ortega, mamá de Rafael y quien reclama la posesión de este lugar en base a unos títulos otorgados a su familia durante El Porfiriato, recuerda que su infancia transcurrió aquí en el bosque, rodeada de árboles de pino y encino, manantiales y una variada fauna donde era posible contemplar especies como venado cola blanca pero el paisaje que hoy tiene frente a ella, es diferente porque su predio ya fue talado.

“Cuando nos dimos cuenta que empezaban a talar pasaban con los camiones cargados de trocería y los veíamos pasar. Se siente uno impotente, se siente uno como nada porque sabemos que como que se sienten los dueños de aquí de Durango, así lo veo yo, como que las autoridades se sienten dueños y ellos pueden hacer y deshacer. También la Compañía Silvícola, así la vemos nosotros”, confiesa Martha.

El predio que fue talado se localiza en el centro del municipio de San Dimas y está rodeado de un bosque de coníferas que forma parte de la Sierra Madre Occidental y que constituye una fábrica de agua que abastece a Durango y a la región de la Comarca Lagunera.

Se trata de un ecosistema que combina una belleza paisajista forestal con grandes manantiales que se desprenden de las cuencas altas y cruzan a lo largo del predio “Santa Ana”, volviéndolo más atractivo por la presencia permanente de agua.

Rosa Díaz Ortega, otra hija de Martha y hermana de Rafael, explica que el proceso de defender su territorio ha sido largo, desesperanzador, de mucho desgaste moral y económico.

“Es muy frustrante y desesperante. Da hasta rabia de que una familia común y corriente como nosotros tenga que pasar por un proceso como este de no nada más pelear con una gran compañía, también sentir que el apoyo de las autoridades está para esa compañía y que no se toma en cuenta los documentos que avalan la propiedad de la familia Ortega, es desgastante”, comparte.

Lo más cansado para su familia, dice, es atestiguar el deficiente papel de las autoridades ambientales en la procuración de justicia.

“Con el actuar de las autoridades de Semarnat y Profepa se siente uno como que lo están ahogando. En el momento en el que otorgan una suspensión pues dice uno, bueno respiramos poquito. Pero luego nos damos cuenta que otorgan un permiso entonces, ahí vas otra vez, y viene otra vez la desesperanza, la impotencia, el enojo. Son procesos que nos han llevado bastantes años, uno año, otro año, y seguimos en la misma”, agrega Rosa.

La familia Ortega está convencida de que, si la Semarnat quiere resolver este conflicto, puede hacerlo a la brevedad debido a que el delito ambiental en el que incurrió la empresa avalada por las autoridades de la Delegación en Durango, está documentado en todas las denuncias promovidas ante Profepa.

Empresa acusada se defiende: la Semarnat nos dio permisos

La empresa Compañía Silvícola Chapultepec S. de R.L. de C.V no cometió ningún aprovechamiento forestal ilícito en los lotes 18 y 19 del predio “Santa Ana”, ubicado en el municipio de San Dimas, porque todas sus actividades están soportadas con autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó Alfonso Gerardo Fernández de Castro Toulet, gerente general de la empresa.

“Nosotros hemos contado en todo momento con los programas de manejo forestal debidamente autorizados por Semarnat y en ningún momento hemos hecho un aprovechamiento irregular”, expresó en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El gerente general explicó que Compañía Silvícola Chapultepec compró en el año 2000 terrenos forestales en la zona del fraccionamiento que comprende Santa Ana- San Carlos y Jorge Lares.

La adquisición de los terrenos forestales se concretó con los dueños que en ese momento poseían las escrituras públicas debidamente certificadas.

Una vez adquiridos los predios, dijo, la empresa tramitó un programa de manejo forestal ante la Semarnat, el cual fue autorizado. Con este permiso emitido por la autoridad ambiental, Compañía Silvícola Chapultepec pudo cortar los árboles de pino y encino del bosque duranguense en apego a un plan de aprovechamiento sustentable e incluso, aplicó programas de saneamiento.

Sin embargo, detalló que la familia Ortega inició un juicio mediante el cual reclama la posesión de los predios 18 y 19 con títulos de propiedad que les fueron expedidos en la época del porfiriato.

Los predios que reclama la familia Ortega, indicó que se localizan dentro de lo que Compañía Silvícola Chapultepec identifica como lote 2 del área forestal que adquirieron en el año 2000 y cuyo aprovechamiento está avalado por la propia Semarnat.

“Hasta la fecha, en el lote 2 de Santa Ana-San Carlos y Jorge Lares nosotros sí hemos realizado aprovechamientos forestales de acuerdo a los ciclos de corta debidamente autorizados por Semarnat y se han sacado los volúmenes que estrictamente corresponde de nuestro lote. Ellos (familia Ortega), ahora con el lote 18 y 19, dicen estar adentro de nuestra área y de nuestras propiedades. Nosotros hemos trabajado estrictamente el lote 2 de Santa Ana-San Carlos y Jorge Lares y algunos otros del fraccionamiento Santa Ana están contemplados en un programa de aprovechamiento debidamente autorizado por Semarnat e inclusive se han hecho algunas adecuaciones que, por necesidad del propio bosque, debieron de realizarse particularmente una relacionada con los temas de plaga grave que hubo en Durango en el año 2012 o 2013 y que hubo necesidad de intervenir para sanear las áreas más infectadas que se tenían”, indicó.

Fernández de Castro Toulet enfatizó que los aprovechamientos forestales que realiza la empresa están certificados a nivel nacional y debidamente soportados por las autorizaciones emitidas por la Semarnat no sólo para el derribo de arbolado, también para el traslado de los productos forestales.

Dado que siempre contaron con el aval de los permisos emitidos por Semarnat, descartó que la empresa haya incurrido en algún ilícito incluso cuando en 2015, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les fijó una multa.

Hasta la fecha, informó que Compañía Silvícola Chapultepec no ha pagado ninguna multa ante Profepa debido a que el procedimiento continúa abierto porque se fueron a juicio.

“No solo hemos contado con el programa de manejo, en su momento cuando realizamos el aprovechamiento tanto para el saneamiento como para el aprovechamiento programado, en el lote 2 se hizo, no sólo con la autorización sino con la debida documentación forestal que se requiere para el traslado de los productos forestales y en el caso de Profepa, efectivamente tenemos una demanda, pero no ha concluido. Es un juicio en Profepa que está sujeto todavía a una resolución, pero nosotros no hemos procedido en ningún momento a hacer un pago en Profepa porque nos fuimos a juicio debido a que se nos acusa de haber hecho indebidamente un aprovechamiento el cual, vuelvo a repetir, no es así porque sí tenemos un programa de manejo”, recalcó.

Conflicto de tenencia de tierra, desde el porfiriato

El gerente general de la empresa reprochó que las autoridades no resuelvan con celeridad los conflictos de tenencia de la tierra entre particulares que datan desde la época del porfiriato.

“Nosotros, hoy por hoy, no tenemos ninguna duda de que legalmente somos los dueños de esos terrenos”, afirmó.

La posesión de los predios que reclama la familia Ortega y que las autoridades no han resuelto ni a favor ni en contra, continuó, ha ocasionado a la empresa un desgaste económico y de tiempo, pero también mucha incertidumbre para los inversionistas.

“Yo creo que el mal trabajo que se puede hacer en Semarnat puede ser consecuencia del grave problema que hay todavía en este país con la tenencia de la tierra, un enorme problema que se da particularmente desde la reforma agraria porque no se han logrado resolver infinidad de trámites y juicios. Trámites que pasan años y no se resuelven, juicios que se inician y no se han podido resolver. Entonces si Semarnat no tiene una correcta información de cuáles son las colindancias, los linderos, los planos de deslinde, juicios que se iniciaron una vez y que luego se cierran y se vuelven a abrir, dice uno: ¡nunca vamos a acabar!”, planteó.

En alguna ocasión, recordó que la empresa buscó un acercamiento con integrantes de la familia Ortega para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero ellos optaron por emprender un juicio.

“No se los tomo a mal, ellos están en su derecho de irse a juicio. Tampoco quiero que ellos lo tomen a mal porque, como se los dije en su momento: muchachos nosotros compramos esto, no les estamos quitando nada a ustedes. Nosotros pagamos por estos lotes y nosotros como representantes de la empresa tenemos la estricta obligación de defender nuestras propiedades”, agregó.

Fernández de Castro Toulet lanzó un llamado a las autoridades para que resuelvan la situación jurídica en la que se encuentran los predios que adquirió la empresa y que reclama la familia Ortega.

“¿Cómo se puede resolver? A ver autoridades, siéntense y resuelvan este problema de tenencia porque ustedes son los que tienen en gran medida los documentos. Yo pagué metro por metro, pero yo le digo a la autoridad: tú dime si ellos son los dueños. Somos muy transparentes y muy honestos, y la autoridad sí puede ayudar, cuando menos agilizando más rápido los tiempos, pero no nos pongan un juicio a 20 años”, demandó.

El programa de manejo forestal que ocasionó la multa de Profepa a Compañía Silvícola Chapultepec venció en 2019.

En el nuevo programa de manejo forestal que tramitó la empresa ante Semarnat y que le fue renovado para el periodo 2019-2034, ya no se incluye a la zona de conflicto que comprenden los lotes 18 y 19 del predio “Santa Ana”.

“Ahora que se renueva el programa de manejo forestal para otro ciclo nuevo que va de 2019 a 2034, decidimos segregar ya esa área. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar así?, tristemente, no lo sé. Pero dijimos: si aquí, aparentemente hay un conflicto, bueno no te metas ya en problemas, segrégalo del aprovechamiento forestal para el presente ciclo y fue lo que hicimos tratando de ser respetuosos. No porque estemos cediendo, sino por evitar otro tipo de problemas”, concluyó.

Amenaza tala ilegal operación de hidroeléctricas en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A medida que la tala ilegal se expande en los bosques y selvas de Chiapas, es cada vez más notoria la pérdida arbórea en la cuenca del Río Grijalva y Conrado Márquez Rosano, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo advierte que, de no aplicarse una restauración forestal como política de Estado, se pondrá en riesgo la operación del sistema de presas que le permiten a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generar el 45 por ciento de la energía hidroeléctrica para abastecer el país.

Pero, además, la creciente deforestación en la cuenca también eleva el riesgo de inundaciones en Tabasco y compromete infraestructura estratégica como la Refinería de Dos Bocas.

“La cuenca del Grijalva es de donde vienen los escurrimientos de las principales presas hidroeléctricas entonces, si no se atiende esta restauración, este recurso estratégico se pone en riesgo porque las escorrentías, que ya no absorbe el bosque que había, arrastran suelo con erosión y eso va a azolvar las presas y va a reducir su vida útil. Por otro lado, esas escorrentías también ponen en riesgo de inundación en la planicie tabasqueña”, explica en entrevista.

A medida que no se atiende la crisis de tala ilegal en Chiapas, dice, se van degradando los bosques y selvas al mismo tiempo que se amplía la frontera de cambio de uso de suelo.

En esta crisis, el profesor investigador distingue dos tipos de tala: aquella que se conoce como “hormiga” porque se trata extracciones mínimas que hacen las comunidades forestales por necesidad, y aquella que operan los grupos organizados para extraer volúmenes más grandes de madera principalmente de pino.

A su vez, esto genera una caída en el precio de la madera.

“El problema con la tala ilegal, además de la destrucción de estos recursos, es que hace que los precios del mercado de madera sean bajos. Por ejemplo, ahora estoy en Chignahuapan y están pagando a 3 mil 500 o 4 mil pesos el metro cúbico de madera de pino de primera, y en Chiapas apenas está llegando a los 2 mil porque es madera ilegal. Esa madera ilegal no tiene los costos que implica hacer un plan de manejo, un permiso, hacer obras para el cuidado del bosque, sino simplemente es llegar: cortar y llevarse los bosques”, abunda.

Otro factor que alienta la tala ilegal es la retraso con el que Semarnat resuelve los trámites para comercializar de manera legal la madera.

“Se tenían alrededor de 155 mil hectáreas con permisos para aprovechar en Chiapas y recientemente ya se redujeron como a 55 mil hectáreas. Osea que la gente que venía trabajando legalmente, está ya desistiendo de ese manejo legal porque no se está atendiendo oportunamente los trámites. Vamos para atrás, en vez de ir regularizando el manejo de los bosques pues cada vez la tala ilegal va ganando terreno y también el cambio de uso de suelo”, afirma.

La pérdida de árboles en la cuenca del Río Grijalva ocasiona mayores escurrimientos y arrastre de suelos en la temporada de lluvias que incrementan el volumen de los ríos y el azolve de los vasos de las presas hidroeléctricas. Además, reducen la disponibilidad de agua en tiempo de secas.

Para revertir esta tendencia, Conrado lidera una propuesta de restauración en la cuenca del Río Grijalva que tiene como objetivo reforestar las microcuencas hidrológicas a partir de un manejo integral del territorio a cargo de los dueños de los terrenos forestales que conformarán organismos autónomos de cuenca.

“Lo que estamos planteando es que se tome a las microcuencas, que son superficies de 8 o 10 mil hectáreas, como las unidades básicas de planeación para ir operando la restauración e involucrando directamente a los dueños de esas cuencas. Estamos planteando que aquí se defina una política de estado donde concurran tanto Gobierno Federal con Conagua, Sader, Semarnat y Conafor, las instancias paralelas en los Estados y los Municipios, para que se creen fondos concurrentes que puedan financiar estos procesos de restauración. Por un lado, es ver cómo se consiguen fondos que pueden ser de los que hay destinados a nivel internacional para el cambio climático, pero también plantear que, de los ingresos que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que esa riqueza de energía se genera en Chiapas, pero se destina para activar el centro y norte del país, pues que un porcentaje se destine a la restauración de las cuencas”, explica.

Esta propuesta de restauración se prevé que quede formalizada este año mediante la firma de un convenio entre la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Unión Estatal de la Pequeña Propiedad de Chiapas y la organización civil Bosques y Gobernanza.

José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, recalca en entrevista que el abasto de agua será un tema de seguridad nacional en los próximos años, de aquí la importancia de combatir la deforestación en la cuenca del Río Grijalva.

“En el caso del Grijalva, la deforestación sí es algo que requiere de muchísima atención. De no ponerle atención, en los próximos 5 o 10 años esto va seguir agudizándose y esto ocasiona la erosión que ha venido incrementándose”, señala.

La pérdida de zonas arboladas es más compleja en las partes altas de la cuenca.

“Con la deforestación en las partes altas de la cuenca, desde allí empieza la infiltración del agua al subsuelo y al no haber suficiente infiltración allí, se empieza a ir a las corrientes, y las corrientes poco a poco van erosionando hasta llegar al cuerpo del río. Por lo tanto, esas aguas ya vienen cargadas de minerales, de partículas de suelo que poco a poco van a ir empobreciendo las laderas y las partes superiores”, agrega.

El rector de la Universidad Autónoma Chapingo no descarta que la estrategia de restauración se aplique en un futuro también en la cuenca baja del Río Grijalva que se extiende hasta Tabasco.

Elaboración propia con datos de la Universidad Autónoma Chapingo

“La tala ilegal es un fracaso de la política forestal”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Después de 20 años de trabajar con comunidades forestales, René Gómez Orantes, Presidente de Bosques y Gobernanza A.C, llegó a la conclusión junto con sus colegas de que la tala ilegal es un fracaso de la política forestal en México.

En una tarde calurosa de verano, sentando en un café muy famoso de este Municipio, este promotor de la gobernanza comunitaria de los bosques y selvas de Chiapas rememora aquel Congreso de 2014 en el que él y otros expertos forestales analizaron el fenómeno de la tala ilegal que cada año aumenta en esta Entidad.

“Llegamos a la conclusión de que la tala ilegal era un fracaso de toda la política forestal porque las causas de la tala ilegal son multifactoriales: uno es la impunidad, la gente hace la tala y no hay castigo; esa es una causa. Otra causa importante es lo complicado que es que te autoricen un programa de manejo, tienes que contratar un técnico que te cobra caro. Y una vez que obtienes el permiso, estás siempre dependiendo de un prestador de servicio que te cobra por todo y esto hace tardado y costoso los programas de manejo”, afirma en entrevista.

En su experiencia personal, la política forestal está diseñada para dejar puertas abiertas a la corrupción y al cobro de “moches”.

Por ejemplo, si usted es dueño de un bosque y quiere aprovecharlo, lo primero que tendrá que hacer es contratar los servicios de un técnico forestal que le diseñe un programa de manejo. El técnico debe estar certificado por Semarnat y no le cobrará barato.

Una vez que tiene contratado al técnico que le diseñó su programa de manejo, él mismo lo presenta a la Semarnat para que lo apruebe y obtenga un permiso, sin embargo, es muy probable que personal de esta Secretaría se tome la atribución de supervisarlo, pese a que esta responsabilidad no esté dentro de sus funciones.

“De manera indebida empiezan a hacer supervisión del programa de manejo y digo de manera indebida porque el técnico se supone que está certificado por la Semarnat. Aquí empieza la corrupción, empiezan a supervisar y te lo empiezan a complicar. Cuando entra un Delegado que le gusta el dinero empiezan a hacer las supervisiones y… ¡a los moches!”, revela.

Una vez aprobado el programa de manejo, viene la implementación. Se programa el derribo de los árboles, la extracción de la madera y el transporte, pero para trasladar la madera desde el punto donde se cortó hasta un aserradero, se requiere de una remisión que expide Semarnat.

“Para que tú puedas transportar la madera de tu predio al aserradero, te dan unas remisiones. Aquí no debería de haber problema, pero a veces también te la complican para que des el moche. Si tienes aserradero, te tienen que dar un reembarque para que tú puedas mover la madera al lugar donde te la van a comprar. Esta también es documentación que te da Semarnat y en ese punto, aquí está muy complicado”, agrega.

René sabe que obtener un reembarque en Semarnat para movilizar madera de procedencia legal es complicado debido a que el trámite puede tardar hasta un mes, pese a que el Reglamento de la Ley Forestal establece un plazo máximo de 15 días.

La demora en los trámites, el cobro de “moches” y la ausencia de la Semarnat como eje rector de la política ambiental, ya hizo que algunos ejidos forestales migraran del comercio legal de madera, al tráfico ilegal.

“El Ejido de San Caralampio de Comitán es el que más madera tiene. Lo estaba haciendo de manera legal y ya tiene como dos años que ya lo vende ilegalmente. Se va madera ilegal hasta Guatemala (…) El problema es que no hay voluntad política. No sé si hay complicidad con los talamontes pero sí hay algo implícito: no me molestes, no te molesto. En San Cristóbal no puedes poner una maderería si no le pagas al Cartel de Chamula derecho de piso”, evidencia.

El mismo fenómeno de tráfico ilegal se repite en las comunidades de San Cristóbal, Altamirano y Teopisca.

Apenas hace unas semanas se denunció un desmonte de decenas de árboles de pino de entre 15 y 20 metros que fueron talados de manera ilegal en uno de los parajes de San Cristóbal de las Casas.

“Tienen mucho el apoyo de los presidentes municipales que les facilitan el apoyo de las policías. No tienen vigilancia, cortan, cargan, la misma policía los protege”, explica.

Sin embargo, la tala ilegal ya preocupa en otras comunidades debido a que ya se tradujo en una reducción del acceso al agua.

“Pero también hay comunidades como Ocosingo en donde la gente ya se dio cuenta que la tala ilegal está propiciando la escasez de agua y ya no quieren la tala ilegal”, expone.

En 2015, René propuso a la Comisión Nacional Forestal y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) una estrategia contra la tala ilegal que consistía en fortalecer la capacidad de las comunidades, crear cadenas de valor y fortalecer la inspección y vigilancia, pero esta propuesta no prosperó.

Ahora, en la presente Administración, él y sus colegas centran sus esfuerzos en hacerle ver a la Semarnat que, de no detener la tala ilegal, está en riesgo la cuenca del Río Grijalva, una de las más importantes del país para el abasto de agua y la producción de energía.

“De 2 turbinas de Chicoasén se alimenta todo el estado de Tabasco incluyendo todo el proceso extractivo y de uso doméstico. La presa más grande es La Angostura con 15 millones de metros cúbicos, le sigue la de Malpaso con 13 millones, la tercera es Chicoasén con 1 millón 300 y la más chiquita es la de Penitas. Lo que te quiero decir es que Chicoasén es de las más chiquitas y alimenta a todo el estado de Tabasco y ¿qué tenemos?, que el 80 por ciento de la cuenca está deforestada, no tiene árboles. Lo que estamos proponiendo es reconstruir la cuenca del Grijalva porque la tendencia es que, por la tala ilegal, por la deforestación, nos estamos acabando Chiapas con toda la importancia que tiene”, añade.

En opinión de René, el gran fracaso de la Semarnat es no entender que el gran capital de Chiapas es su bosque y su agua, dos servicios ambientales que deberían protegerse a través de una política forestal efectiva.

Alientan comercio ilegal de madera

La Semarnat retrasa en Chiapas la expedición de reembarques forestales para movilizar la madera de legal procedencia permitiendo una ventaja al comercio ilegal y se niega a impulsar una modificación del Artículo 102 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para cerrar las puertas al tráfico de materias primas forestales.

Representantes del sector forestal chiapaneco y de la Cámara Nacional de la Industria Forestal de la Séptima Delegación correspondiente a esta Entidad, ya advirtieron a Semarnat que sus omisiones agudizan el problema de tala ilegal que deriva en que entre el 70 y 90 por ciento de la madera que se comercializa en Chiapas sea de procedencia ilícita.

Si bien el problema de la creciente tala ilegal es un tema que los representantes del sector forestal han denunciado desde la administración pasada, apenas el pasado 12 de agosto en el marco de la sexta sesión del “Congreso Estatal de Manejo Forestal y Desarrollo Rural ante el Cambio Climático” nuevamente lo expusieron a representantes de Semarnat. Además, lo han denunciado en oficios emitidos desde el 14 de diciembre de 2020.

Esteban Meza Vargas, secretario de la Séptima Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, y al menos otros cinco de sus compañeros, han padecido los retrasos en la expedición de los reembarques forestales, un trámite que conforme al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable debería de expedirse en un tiempo máximo de 15 días, pero actualmente tarda al menos un mes en liberarse.

El reembarque forestal es la documentación que permite acreditar que la madera es de procedencia legal.

“La nueva Delegada de la Semarnat en Chiapas nos está retrasando mucho la expedición de reembarques. El Reglamento marca 15 días para la expedición de reembarques y los compañeros tienen hasta un mes con la solicitud y no nos autorizan reembarques. Cada día que no tenemos documentación para mover la madera legal, el mercado lo cubre la madera ilegal, eso es lógico y cualquiera lo entiende menos los de Semarnat. Mientras nos tenga a nosotros sin documentación legal, está alentando el tráfico ilegal”, expuso en entrevista.

A su vez, la Semarnat se niega a impulsar una modificación del Artículo 102 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual autoriza a las madererías trasladar madera amparado únicamente con factura fiscal y omite la exigencia de documentación forestal que acredite la legal procedencia.

En los últimos cuatro años, la Séptima Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Forestal ha elevado su exigencia a la Semarnat modifique el Artículo 102 y endurezca los requerimientos para detener el tráfico ilegal de madera procedente de los bosques y selvas de Chiapas.

“El Artículo 102 les permite a las madererías transportar madera aserrada sin necesidad de documentación forestal, pero se ha abusado de esta circunstancia para que todo aquel que quiere manejar madera ilegal se dé de alta en la Semarnat con una maderería que nunca abren, les dan el registro, van al SAT, les dan la firma electrónica y ya pueden facturar. Entonces, alguien puede comprar toda la madera ilegal, pero con la factura fiscal ya la blanqueó, ya la convirtió en legal”, reprochó Esteban.

La Séptima Delegación de la Cámara Nacional de la Industria Forestal calcula que en Chiapas hay entre 250 y 300 madererías ficticias que operan con facturas fiscales apócrifas. Además, la permisividad del Reglamento en el traslado de madera deriva en que entre el 70 y 90 por ciento de la madera que se comercializa en el Estado, sea ilegal.

“Toda esa madera se mueve con factura fiscal que de ninguna manera garantiza que el origen sea legal por eso hemos pedido que se cambie el Reglamento, lo cual es una facultad del Ejecutivo a través de la Semarnat, pero ellos se niegan a cambiarlo. Eso nos habla de contubernio entre autoridades y traficantes, no hay otra manera de entenderlo”, expresó.

Para frenar el tráfico de madera ilegal y la tala clandestina, el sector forestal chiapaneco le ha propuesto a Semarnat que firme un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para implementar una estrategia en conjunto que permita seguirle la ruta a las facturas apócrifas, pero su propuesta no ha sido tomada en cuenta.

Las omisiones de la Semarnat frente a la crisis de tala y tráfico de madera ilegal en Chiapas, ya derivan en una aceleración de los procesos de deforestación y cambio de uso de suelo que inciden en una menor infiltración del agua de lluvia y en una mayor erosión de los suelos en las partes altas de las cuencas entre las que sobresale la del Río Grijalva debido a que la pérdida de áreas arboladas compromete la operación del sistema de presas hidroeléctricas que se alimentan con las aguas de esta cuenca y de la cual depende el 45 por ciento de la energía hidroeléctrica que genera la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer al país.

Acusado de propiciar tala ilegal es ahora contratista del AIFA

Evlyn Cervantes, Emiliano Fernández y Blanca Corzo

El delegado en Durango de la Semarnat en el pasado sexenio, Ricardo Edmundo Karam Von Bertrab, fue quien validó permisos para la tala ilegal en cientos de hectáreas de bosques.

Al año de haber dejado su cargo en Semarnat, Karam Von Bertrab se convirtió en contratista del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la base aérea de Santa Lucía.

Su primer contrato para las obras del AIFA lo firmó en diciembre de 2019 por 627 millones de pesos, a un año con once días de haber dejado su puesto como delegado federal.

Ese contrato fue para entregar cemento a varios frentes de obra del AIFA.

A partir de entonces, el ex delegado ha firmado once contratos en 2019, 2020 y 2021, por 693 millones de pesos, de acuerdo con documentos revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Nueve contratos fueron asignados en procedimientos por invitación y dos más en adjudicaciones directas.

Además de la venta de cemento, firmó un contrato para la entrega de mortero envasado (material utilizado en la albañilería usado primordialmente para colocar piezas de mampostería).

Alternaba delegación con actividad empresarial

Karam era empresario desde antes de ser funcionario público. Sin embargo, una vez en funciones tuvo al menos tres contratos con el gobierno de Durango.

Fue delegado federal de la Semarnat en Durango del 2013 al 2018, y durante ese periodo también fue proveedor como persona física de la Secretaría de Educación de Durango (SEED) y del Ayuntamiento del mismo estado, a través de una empresa en la que es accionista.

Durante el 2016 le rentó un inmueble a la SEED para que allí pusieran las oficinas de la unidad de formación continua e inglés en primaria. Por otra parte, del 2013 al 2016, le vendió material para construcción al Ayuntamiento de Durango a través de una empresa de la que tiene 20% de las acciones.

MCCI tuvo acceso a trece órdenes de compra emitidas por la SEED en el 2016, todas al proveedor Ricardo Edmundo Karam von Bertrab, entonces delegado federal de la Semarnat en Durango. Así, en el 2016 recibió 563 mil 292 pesos por la renta del inmueble.

El ex delegado federal reportó en su declaración patrimonial que inmediatamente antes de ocupar el puesto en la Semarnat había laborado como director de la empresa Concretos Inteligentes SA de CV, que obtuvo contratos públicos.

De acuerdo al Registro Público del Comercio, Concretos Inteligentes fue constituida en octubre del 2008 y Karam von Bertrab ingresó a la empresa el 2 de diciembre de 2010 con el 20% de las acciones.

Esa empresa recibió entre 2013 y 2016 siete contratos por parte del Ayuntamiento de Durango por un total de 31 millones 430 mil pesos.

Uno de los contratos fue firmado entre el Ayuntamiento de Durango y Concretos Inteligentes SA de CV por 9 millones 651 mil pesos para proveer concreto premezclado seis meses después que Karam von Bertrab tomó protesta como delegado federal, cargo en el que permaneció de febrero de 2013 a diciembre del 2018.

Con información de Blanca Corzo.