En 2017 se descubrió en Chile el mayor escándalo de corrupción de la policía nacional. A partir de un reporte de movimientos financieros sospechosos, la Fiscalía investigó cómo en los Carabineros —la fuerza policiaca de este país— se estableció, durante los últimos 20 años, un mecanismo que permitió desarrollar una estructura de fraude al fisco por montos que se estiman superiores a los 40 millones de dólares y donde habrían participado más de cien policías, funcionarios de otras entidades e incluso civiles.
¿Cómo es posible que un fraude de esa envergadura y con tantas personas involucradas pueda operar impunemente por más de 20 años sin ser descubierto? Una de las primeras respuestas a esta pregunta guarda relación con la capacidad de discreción, reserva o secreto con que operó este mecanismo. No obstante, esta capacidad no fue imperturbable: recientemente han sido dadas a conocer algunas denuncias realizadas por personas que conocieron la estructura y que, sin embargo, no fueron oportunamente gestionadas por parte de las entidades correspondientes.
Esta situación ha dejado de manifiesto la importancia trascendental que las denuncias tienen como una herramienta que posibilita el descubrimiento de hechos de corrupción. La razón de fondo es sencilla: las denuncias quiebran el secreto en que operan y sobreviven los corruptos.
En 2014, la conmemoración del día internacional contra la anticorrupción se realizó bajo la frase “Rompe la cadena de la corrupción”.[1] De este modo se hacía una invitación a la ciudadanía para involucrarse en la lucha contra este flagelo y denunciara aquellos ilícitos de los que tuviera conocimiento. Más allá del impacto que esta campaña pueda haber tenido, un reciente estudio de Transparencia Internacional (2017) denominado “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” evidencia dos grandes obstáculos para hacer este llamado a denunciar una realidad.
En primer lugar, el estudio demuestra que en la mayoría de los países de la región existe un estigma asociado a denunciar actos de corrupción. Así, sólo un 60% de los encuestados considera que es socialmente aceptado denunciar casos de corrupción, mientras que un 22% señala que no es socialmente aceptado hacerlo. La situación es especialmente crítica en cuatro países donde menos de la mitad de los encuestados considera que es socialmente aceptado denunciar: México (49%), Perú (48%), Chile (43%) y Trinidad y Tobago (37%).
El segundo obstáculo que es posible reconocer a partir de los resultados de este estudio guarda relación con que, en la práctica, son pocos los ciudadanos y ciudadanas que al enfrentarse a un caso de corrupción lo denuncian. Así, entre los encuestados que aceptaron haber pagado algún tipo de soborno, sólo 1 de cada 10 personas sostiene que realizó una denuncia ante las entidades correspondientes. Resultaría interesante conocer en detalle las razones por las que no realizaron las denuncias. Una posible respuesta la entrega el mismo estudio, en el que se indica que 28% de los denunciantes recibió algún tipo de consecuencia negativa a raíz de la denuncia.
Mientras que en inglés se utiliza de manera positiva el verbo Speak up para referirse a reportar o informar sobre un posible acto de falta a la integridad o abiertamente un ilícito, en español no contamos con una palabra que sea una traducción literal de esta frase. Por el contrario, en términos generales, se asocia el denunciar un ilícito o acusar una falta como un acto de deslealtad expuesto a críticas más que a una acción digna de destacar, puesto que se privilegia un comportamiento honesto frente a una conducta socialmente indeseable (Precht, 2017).
Transitar de la situación adversa a la que actualmente se enfrentan quienes tienen el interés de denunciar a un contexto de protección y apoyo a los denunciantes es el principal desafío que actualmente enfrenta la región para involucrar a ciudadanos y ciudadanas en la lucha contra la corrupción. Sólo con un sistema efectivo de protección a los denunciantes de corrupción se logrará impulsar una ciudadanía activa y comprometida por acabar con el silencio y la opacidad de la que se nutre la corrupción.
¿Pero cómo? Normativamente es posible encontrar al menos dos convenciones internacionales que ofrecen luz en este sentido: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Estas disposiciones internacionales establecen un marco jurídico general que debería orientar las iniciativas gubernamentales a nivel mundial. Sin embargo, considerando los datos entregados al inicio de este texto sobre la tendencia a no denunciar por parte de los ciudadanos de Latinoamérica, es posible concluir que existen importantes brechas que es necesario disminuir para fortalecer un sistema de protección al denunciante que promueva e involucre a la ciudadanía en el combate a la corrupción. A continuación, se detallarán tres niveles en que resulta necesario concentrar esfuerzos para involucrar a la ciudadanía en la denuncia de actos de corrupción.
En primer lugar, resulta central avanzar en aspectos institucionales que estructuren, al interior de cada ordenamiento jurídico, normas claras de promoción y protección a los denunciantes de delitos de corrupción. Un estudio de 2014 de la OCDE identifica que un 13% de los países de este grupo no provee medidas legales de protección a los denunciantes de delitos de corrupción; un 15% no evita las denuncias de mala fe, y un 44% no impulsa actividades para la sensibilización de protección a los denunciantes. De este modo, resulta trascendental el diseño de medidas normativas orientadas a incentivar a que ciudadanos realicen denuncias de actos de corrupción y proteger a aquellos denunciantes que podrían verse amenazados o expuestos a represalias a raíz de las denuncias que realizaron. Esta protección, necesariamente, debe ser tendiente a asegurar el anonimato de las denuncias.
En un segundo nivel, es necesario concentrar esfuerzos a nivel organizacional, especialmente en lo que guarda relación con aquellas entidades receptoras de denuncias ciudadanas. El desarrollo de tecnologías modernas es al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para este tipo de organizaciones. Por un lado, nuevas tecnologías han permitido que la ciudadanía tenga acceso a más información y así, ser testigo o conocer hechos de corrupción a los que antes difícilmente podían acceder. Lo que se ha transformado en un desafío para organizaciones que deben observar cómo el número de denuncias que reciben en algunos casos sobrepasan sus capacidades operativas. Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido la incorporación de nuevas técnicas de análisis masivo de datos para responder e identificar denuncias a las cuales es necesario dar prioridad.
En tercer lugar, los esfuerzos deben concentrarse también en un nivel cultural. Un elemento central para aumentar el involucramiento de los ciudadanos en las denuncias de actos de corrupción guarda relación con la construcción de un clima favorable para aquellos ciudadanos que tienen la intención de entregar información a las autoridades. Para esto, es necesario pasar de una cultura que castiga socialmente a quienes denuncian a una que premie y reconozca el aporte de las denuncias. Como todo cambio cultural, debe pensarse como una estrategia a largo plazo que aborde las distintas aristas involucradas y donde la educación por la integridad juegue un rol central.
El involucramiento de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción tiene múltiples y variadas aristas. En este texto, sólo hemos hecho referencia a una: el establecimiento de un sistema robusto e integral de protección a los denunciantes de delitos de corrupción. No hay lugar a dudas que esfuerzos concentrados en los niveles institucionales, organizacionales y culturales pueden ser insuficientes para promover la construcción de una ciudadanía activa y consciente de la importancia de combatir este flagelo. El desarrollo de acciones en este sentido son la piedra angular sobre la que será posible contar con ciudadanos aliados de manera activa en el fortalecimiento de una sociedad íntegra y libre de corrupción.
El combate a la corrupción es una batalla que millones de personas enfrentan a diario en Latinoamérica. Si los gobiernos deciden mantener el statu quo y no existe protección a los denunciantes, la omisión o la inactividad de ciudadanos que temen a represalias equilibrará la balanza siempre hacia los corruptos, quienes tomarán la delantera fortaleciendo las redes y mecanismos que la corrupción establece. Hoy, alzar la voz y denunciar son las armas más potentes con las cuales podemos frenar el avance de la corrupción. No debemos olvidar que el silencio es, siempre, el mejor amigo de la corrupción.
Nicolás Lagos (@lagosmachuca) es profesor en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Unidad de Chile.
Bibliografía:
PRECHT, A. (2017). “Chile no es un país corrupto”, noviembre 2017, https://www.revistanos.cl/alberto-precht-chile-no-es-un-pais-corrupto/ , 12-11-2018.
OECD (2014), Survey on Managing Conflict of Interest in the Executive Branch and Whistleblower Protection, OECD, Paris.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL (2017), Las Personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Transparency International, Berlín.
[1] Más información de la iniciativa en http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/en/about-the-campaign/index.html
