Las reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que propone el Ejecutivo, en el marco de la emergencia provocada por Covid-19, anulan de facto la participación de la Cámara de Diputados respecto a cambios significativos en el presupuesto que actualmente prevé la ley.

Todas las leyes relacionadas con el presupuesto deben partir del principio de la supremacía del Congreso en este ámbito. Ese es el diseño de nuestras instituciones en la Constitución, el de una democracia genuina.

La actual emergencia sanitaria y económica es la oportunidad de robustecer los instrumentos para tomar decisiones presupuestales, con los principios de la transparencia, la rendición de cuentas, la discusión informada y la división de poderes, a través de la figura del presupuesto suplementario.