En 2020, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó la propuesta de reforma “del Poder Judicial de la Federación para el Poder Judicial de la Federación”. La propuesta se concretó con una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un nuevo paquete de leyes, dentro del cual destacan la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial, para regular al Poder Judicial Federal. A este cúmulo de adiciones constitucionales y de leyes secundarias, nos referiremos genéricamente como la “Reforma Constitucional en materia de Justicia Federal”.

En el presente estudio, analizaremos cada uno de los puntos de esta compleja reforma. Primero, expondremos el proceso legislativo que dio origen a la reforma, así como sus principales implicaciones políticas y jurídicas. Después, explicaremos cada uno de los cambios que ocurrieron a nivel constitucional y legal.

Esto permitirá analizar si la reforma cumplirá con los objetivos que se propuso: a grandes rasgos, mejorar la independencia, eficiencia y organización interna del Poder Judicial de la Federación, para garantizar a todas las personas el acceso a la justicia eficiente.

Para evaluar la reforma, contrastaremos las normas aprobadas y el discurso del presidente de la SCJN y de otros actores políticos que se hayan pronunciado en favor de la misma, para determinar si se cumplen los objetivos perseguidos. Además, analizaremos si las leyes reglamentarias obedecen al nuevo marco constitucional aprobado; o si, adolecen de algún vicio constitucional. Por último, utilizaremos el concepto de “costos constitucionales”, que nos permitirá evaluar la reforma a partir de los valores fundamentales de nuestra democracia constitucional.

Según Antonio Barreto y Alejandro Madrazo Lajous, un costo constitucional es la “afectación, supresión, erosión o menoscabo normativos de los compromisos constitucionales […] Esto es, la introducción en la constitución, en el sistema jurídico, o en el diseño institucional, de reglas o contra principios que vayan en detrimento de un compromiso constitucional sin que el compromiso constitucional sea revisado o renunciado”.

Este concepto nos permitirá analizar la reforma al Poder Judicial desde los valores consagrados en nuestra Constitución Federal, aun cuando la reforma en sí misma implique modificaciones constitucionales.

Si la reforma, por ejemplo, introduce una disposición de rango constitucional que sea contraria a la in- dependencia del Poder Judicial, este cambio implicaría un “costo constitucional”, a pesar de que se encuentre previsto en nuestra máxima norma. En términos metafóricos, con este concepto podremos evaluar si los cambios constitucionales fortalecen el espíritu de la Constitución o, por el contrario, lo debilitan.