La reciente reforma constitucional establece la obligatoriedad de la Educación Superior (ES) para disminuir la exclusión de jóvenes de escasos recursos. Este estudio evalúa el desempeño de las Universidades Públicas Estatales en México, a partir de los datos del Formato 911 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); así como del trabajo de campo realizado con alumnos de universidades públicas.
Centro de Estudios Educativos y Sociales
En los últimos años ha habido avances importantes en la cobertura de los servicios educativos (llegando a 38.4% en 2017), aunque con desbalances geográficos (menor cobertura en zona sur-sureste, equivalente a 28.5%) (Tuirán, 2019; ANUIES, 2018). A esto se suman retos importantes en la calidad de los servicios educativos, que se reflejan en el bajo número de estudiantes en programas acreditados por su calidad (44.7% en 2018 según ANUIES).
Por ejemplo, la UACM ha expandido su matrícula para cubrir hasta el 2% de la matrícula a nivel estatal (17,302 estudiantes). No obstante, solamente 7 de cada 100 alumnos que ingresa a esta opción educativa, logra graduarse (Formato 911, SEP). 40% de los programas ofrecidos en la UACM se caracterizan por presentar las más altas tasas de desocupación entre sus egresados y casi la tercera parte de los programas corresponden a una oferta educativa asociada a opciones de empleo con los menores salarios en el mercado laboral (análisis realizado con la ENOE, 2019).
Estudiar una carrera en una universidad como la Ibero, cuesta alrededor de 1.5 millones de pesos; mientras que en la UACM, el costo por alumno egresado es casi el doble ($2.3 millones de pesos). De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, la UACM ofrece una baja calidad de servicios educativos, a un costo muy alto.
Ante este panorama se presentan alternativas como: la ampliación y fortalecimiento de instituciones ya existentes, lo que consiste en financiar el crecimiento de su infraestructura y equipamiento para poder recibir nuevos estudiantes o; el uso de la capacidad instalada, lo cual implica operar con la infraestructura y equipamiento ya existentes, a través de mecanismos que permitan recibir un mayor número de estudiantes, como la rotación de turnos, con modelos adaptados a las necesidades y características específicas de la nueva matrícula que se pretende atender. En ambos casos se deben implementar mecanismos de garantía de acceso a población marginada, mediante diferentes tipos de apoyos (por ejemplo, apoyo para que estudiantes puedan transportarse hasta el lugar donde se ubican las universidades y tener acceso a cursos de nivelación, propedéuticos, orientación especializada, etc.)