Lo urgente por hacer en ese entramado institucional es la definición de las prioridades de la política pública en la materia y la plataforma digital, expuso la investigadora de Mexicanos Contra la Corrupción, Sofía Ramírez.


Por Diego Badillo

Ciudad de México, a 01 de diciembre del 2016

El nombramiento del fiscal anticorrupción sigue siendo el talón de Aquiles del Sistema Nacional Anticorrupción, porque en tanto no ocurra, no entrarán en vigor las sanciones establecidas en el título décimo del Código Penal nacional aprobadas el 18 de julio del 2016, aseveró Sofía Ramírez.

 

En entrevista, la investigadora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dijo que eso es importante no sólo porque se amplían las penas para quienes incurran en ese tipo de actos, sino porque se precisaron cuáles son las conductas corruptas de funcionarios y particulares que constituyen delitos.

 

Recordó que desde que se aprobó la reforma mediante la cual la Procuraduría General de la República debe transformarse en la Fiscalía General de la República, diversas organizaciones sociales pugnan por que no exista un pase directo del procurador a fiscal, puesto que estaría mermándose la autonomía de esa instancia.

 

Comentó que si bien existe una iniciativa para que eso no ocurra, el Congreso de la Unión no la ha discutido, por lo que persiste la incertidumbre sobre lo que pasará en esa materia.

 

Explicó que, así como es importante que se nombre a un fiscal anticorrupción, es relevante que exista independencia del fiscal general.

 

Si bien son dos discusiones paralelas, están muy conectadas entre sí, por eso “el nombramiento del fiscal Anticorrupción debe darse ya”.

 

“De poco nos serviría tener un fiscal anticorrupción si de todas maneras en noviembre del 2018 el procurador actual se va a convertir en fiscal general”, abundó.

 

Asimismo, para la experta en esos asuntos, una vez designado el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana, lo urgente por hacer en ese entramado institucional deben ser la definición de las prioridades de la política pública en la materia y la plataforma digital.

 

Destacó que esta vez será la primera ocasión en que los ciudadanos van representados en un comité y se espera que de manera proactiva estén desarrollando las acciones para combatir este fenómeno social.

 

Recalcó que es una tarea primordial definir los lineamientos para implementar la estrategia que haga posible habilitar la plataforma digital nacional que es un mecanismo previsto en la Ley General Anticorrupción y a partir de la cual se espera generar una interconexión de las bases de datos relacionadas con las conductas de los funcionarios públicos.

 

Concretamente, de dependencias como la Secretaría de la Función Pública y la PGR.

 

“Lo que se busca es que esos sistemas comiencen a hablarse entre sí y se generen mecanismos de revisión de la rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos, seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios, entre otras”.

 

Respalda nombramiento del secretario técnico

 

Ramírez Aguilar consideró que la sesión donde se eligió a Ricardo Salgado Perrilliat como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción fue “sumamente precisa, transparente y enfática” donde los integrantes del Comité no se dejaron presionar por la opinión pública ni la de funcionarios dentro del SNA.

 

Opinó que el hecho de no haber abierto la información al público sobre la evaluación que hicieron previa a la designación no constituye algo cuestionable porque habría generado un mayor debate.

 

“Fue todo apegado a las reglas y esperamos que se haga transparente conforme fue prometido en los próximos días. Es decir, que no pase mucho tiempo para que se conozcan las cédulas de evaluación de los aspirantes”, acotó.

 

En tanto, la investigadora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad mencionó que si bien el pasado 2 de enero ocurrió el nombramiento de Carlos Chaurand­ Arzate como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no fue un proceso deliberativo y abierto.

 

Aclaró que el nombramiento de ese funcionario ocurrió conforme a derecho, pero no en línea con los acuerdos. Destacó que ese funcionario es militante del Partido Revolucionario Institucional.

 

“Si se hubiera dado esa deliberación previa, no estaríamos ahorita como sociedad civil lamentando la transparencia, sino estaríamos celebrando un elemento más en el comité coordinador del SNA”, finalizó.

 

Sofía Ramírez Aguilar

  • Es maestra en Economía.

 

Se ha desempeñado como:

 

  • Asesora del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Tamaulipas.
  • Representante de la SEGOB en la Embajada de México en Washington
  • Directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la SEGOB.

 

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Esta nota fue publicada en El Economista el 11 de junio de 2017 en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/11/ausencia-fiscal-talon-aquiles-sna-sofia-ramirez