Una organización criminal originaria de Rumania, con ramificaciones en tres continentes, saqueó unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, revela una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab.
Durante ocho meses, el equipo de periodistas revisó cerca de 15 mil páginas de documentos de autoridades rumanas y mexicanas, obtuvo registros de propiedad en cuatro continentes y realizó entrevistas con docenas de fuentes para reconstruir la trama del grupo criminal que tomó como su base de operaciones la Riviera Maya, pero que se extendió a la zona turística de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (Jalisco y Nayarit) y Baja California.
La operación de la banda rumana inició en marzo de 2014, cuando a través de una empresa fachada de nombre Top Life Servicios, firmó un contrato con banco Multiva para instalar cajeros automáticos de la marca Intacash en centros turísticos, los cuales fueron utilizados para clonar tarjetas de los turistas y robarles su dinero.
Multiva es parte de un conglomerado operado por Olegario Vázquez Aldir, miembro de una de las familias más adineradas de México y designado en 2018 en el consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Algunas de las tarjetas clonadas en México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
«Controlamos alrededor de 100 cajeros con chips instalados en ellos… En promedio, cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas. Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. 20 millones de dólares retirados cada mes», declaró un exintegrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana.
Los ingresos anuales sumaban unos 240 millones de dólares. La estafa en los cajeros se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto hurtado podría haber sumado 1,200 millones de dólares.
Para manejar los beneficios económicos, la banda rumana creó en 2015 la Inmobiliaria Investcun, la cual fue utilizada para comprar un terreno en una zona privilegiada de Cancún, donde se edificó una mansión de varios pisos con piscinas en la azotea y ascensores, además de estar involucrada en el desarrollo de un proyecto residencial y de golf en Puerto Morelos, un destino turístico entre Cancún y Playa del Carmen.
Autoridades de Estados Unidos, Rumania y México han identificado al empresario Florian Tudor “El Tiburón”, residente en Cancún, como el presunto líder de esta banda.
Pero Tudor niega las acusaciones y dice que todo forma parte de una campaña de difamación porque se negó a ser extorsionado por autoridades policiacas.
Javier Ocampo García, quien como delegado de la Fiscalía General de la República había iniciado en 2019 una investigación contra Tudor, aseguró que hay indicios y elementos que demuestran complicidad de autoridades de distintos niveles para proteger a la banda rumana.
Hay vínculos políticos de protección a Tudor, añadió Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, cargo que desempeña desde septiembre de 2018, cuando la banda ya tenía cuatro años operando en la Riviera Maya.
En la investigación periodística se logró documentar que personajes ligados a encumbrados políticos del PRI y del PAN, como gobernadores y secretarios de Estado, han hecho negocios o han colaborado con el presunto grupo criminal.
Javier Valadez Benítez, director de Multiva, dijo que el banco no tenía ni idea de quién era Tudor ni de su relación con Top Life hasta que fue arrestado el 30 de marzo de 2019 en Cancún, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
“En el momento que nos enteramos de que había un tema alrededor de Top Life y aparecía el nombre de este señor, aun cuando no lo conocíamos, lo que hicimos fue finiquitar dicho acuerdo comercial”.
Dijo que desconocían que autoridades rumanas, mexicanas y estadounidenses llevaban a cabo investigaciones contra la organización de Tudor, pues éstas nunca contactaron el banco.
Migración autoriza trabajar a delincuente buscado en Europa
El 19 de noviembre de 2013, la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Ciudad de México expidió un permiso para trabajar, por dos años, a un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
La tarjeta de residente temporal y el permiso para trabajar se expidió a nombre de Paul Daniel Ionete, que era el nombre apócrifo que utilizaba Adrián Constantin Tiugan, el estafador que era buscado por autoridades de justicia en Europa.
El nombre supuestamente se lo había robado a un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas.
Un mes después de haber obtenido su identidad migratoria, Tiugan viajó a Cancún y el 20 de diciembre de 2013 formalizó ante el notario Luis Gabriel Palacios Velasco la creación de Top Life Servicios. Antes de que la empresa cumpliera tres meses ya había concretado su primer gran contrato: el 1 de marzo de 2014, firmó con banco Multiva la colocación de los primeros cajeros en Quintana Roo.
En julio de 2015 se expandió a Jalisco, en donde recibió permiso de autoridades locales para colocar sus dispositivos; incluso, uno de ellos se instaló en el edificio de la Alcaldía de Puerto Vallarta. Al año siguiente, en junio de 2016, amplió su negocio a Sayulita, en Nayarit, otro punto de alta concentración de visitantes internacionales. Los testimonios recopilados por las autoridades rumanas mencionan que también colocaron cajeros en Baja California.
En documentos consultados para esta investigación consta que tanto en la formalización de Top Life Servicios como en la obtención de permisos para instalar los cajeros, Tiugan mostró como su identificación el permiso otorgado por el Instituto Nacional de Migración.
La forma migratoria con la identidad falsa había sido expedida cuando el delegado del INM en la Ciudad de México era Víctor Manuel Vargas Ramírez, un abogado que durante una década había trabajado en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública bajo las órdenes de Genaro García Luna, que fue arrestado en diciembre de 2019, acusado por el fiscal del distrito este de Nueva York de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre 2013 y 2018, Vargas Ramírez fue el delegado de migración en la capital mexicana. A ese cargo llegó por invitación de su tío Ardelio Vargas Fosado, jefe del INM durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Ardelio Vargas es un veterano ex agente de los servicios de inteligencia mexicanos que tiene antiguos y estrechos vínculos profesionales y de amistad con García Luna, con quien trabajó en el CISEN, en la Agencia Federal de Investigación y en la Policía Federal.
En un email a OCCRP, Tudor aseguró que ni él ni sus socios usan identidades falsas porque «no tenemos nada que ocultar».
Tudor, el verdadero dueño
Tiguan era el socio mayoritario de Top Life, aunque el dueño real era el empresario rumano Florian Tudor, según ha reconocido él mismo.
En una ficha elaborada por grupos de inteligencia del gobierno mexicano se menciona que Tudor es un hombre de estatura promedio (1.78 metros), robusto (pesa 82 kilos), nacido el 7 de octubre de 1976 en Craiova, una ciudad de alrededor de 300 mil habitantes ubicada al sur de Rumania, en donde estudió ingeniería mecánica. La misma ficha refiere que hace 12 años residió en Italia, país en donde fue detenido con otras personas por robo de camionetas de carga.
En el seguimiento que de él hacían las autoridades mexicanas fue identificado como un empresario del ramo inmobiliario en la Riviera Maya, con un complejo residencial en la ruta de los cenotes, un gimnasio y una empresa de alquiler de vehículos. Además, lo investigaban por su presunta participación en el grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios. En enero de 2020, la Fiscalía de Rumania formalizó acusaciones contra Tudor por su presunto involucramiento con el crimen organizado, cargos que él siempre ha rechazado.
En los informes confidenciales se menciona que Tudor tiene cuatro parejas sentimentales (dos mexicanas, una brasileña y una rumana), con tres de las cuales tiene hijos pequeños.
A una de sus parejas mexicanas le identificaron dos domicilios en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México.
El 17 de abril de 2015, un cuñado de Tudor (hermano de su esposa rumana), de nombre Adrián Ninel Enachescu, se incorporó como apoderado de Top Life y 10 meses después, el 11 de febrero de 2016, se convirtió en copropietario de la empresa, al adquirir el 50% de las acciones.
Un mes antes de incorporarse a Top Life, Enachescu había creado en Cancún la empresa Intaller S de RL de CV, dedicada a la importación de cajeros automáticos, así como su instalación y mantenimiento. En este negocio se asoció con Cosmin Adrián Nicolae, también originario de Rumania.
Enachescu y Nicolae son socios, además, en la comercializadora Mexrou y en el gimnasio Alto Mundo Gym Technology, empresas que crearon en julio de 2017.
Con Tudor, Enachescu tiene una sociedad de negocios en Intacarrent, una empresa creada en abril de 2016, que se dedica a la adquisición de todo tipo de vehículos -incluidos blindados y acuáticos- para su renta.
Los reportes de inteligencia del gobierno mexicano mencionan que, antes de residir en Cancún, el cuñado de Tudor vivía en una residencia en la exclusiva zona de Lomas de Vista Hermosa, de la alcaldía de Cuajimalpa en la ciudad de México, y se desempeñó como subdirector de recursos humanos en un corporativo de salud particular con doble domicilio en la calle de Sófocles, en Polanco, y en Leibnitz, en la colonia Anzures.
Tudor y los personajes ligados al PRI
Tudor también fue propietario de una correduría de divisas que, en distintos momentos, han administrado personajes vinculados a prominentes políticos mexicanos del PRI y del PAN.
El 18 de junio de 2014, Tudor se convirtió en el dueño y administrador único de Brazil Money Exchange, centro cambiario que había sido creado dos años antes por Juliano César Belmonte do Amaral, hermano del principal sospechoso de una banda de clonación de tarjetas que era investigada en Paraguay.
Tudor y Juliano César eran cuñados; el líder de la banda rumana tenía como pareja sentimental a Juceline do Amaral, ciudadana brasileña de 37 años, hermana del fundador de Brazil Money Exchange.
Tudor le compró a Juliano el 67% de las acciones del centro cambiario, mientras que un socio, de nombre Alexandr Chii, se quedó con el 33% restante.
El 3 de octubre de 2014 se incrementó el capital social de Brazil Money Exchange y se integró como accionista Adrian Ninel Enachescu, también cuñado de Tudor pero por el lado de su pareja rumana; cada uno se quedó con el 40% de las acciones, mientras que Chii redujo su participación al 20%.
El 10 de mayo de 2018, la empresa cambió legalmente de propietarios; Tudor y su cuñado rumano cedieron sus acciones a tres personas residentes en Quintana Roo. La mayoría de las participaciones se las transfirieron a Fabricio Ledesma Heinrich, un militante del PRI en Morelos vinculado profesionalmente a Gerardo José Rejón, Presidente del Instituto Político Empresarial de ese mismo partido, que en 2012 impulsó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Fabricio y Rejón han presidido la asociación Nuestras Realidades, AC, que ha colaborado en proyectos de obra y asistencia social con gobiernos de distintos estados, como Veracruz y el Estado de México.
Vínculo con “Los piratas de Borge”
Rejón es un personaje polémico; fue socio fundador de IDN, una empresa que las autoridades fiscales y de justicia identificaron en 2010 que era utilizada para evasión fiscal y presunto lavado de dinero de políticos y equipos de futbol. En 2017, otra empresa fundada por él (Excel Administrative Services) fue declarada como “fantasma” o simuladora de operaciones para evadir impuestos.
En 2016 fue involucrado en el esquema de saqueo revelado por MCCI y Expansión conocido como “Los Piratas de Borge”, en el que, en forma fraudulenta, se despojó a particulares de inmuebles para entregarlos a empresarios y políticos allegados al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, actualmente preso. Un caso: la inmobiliaria que desarrolló el complejo Maioris Tower, en Cancún, fue despojada de 19 departamentos de lujo valuados en 10 millones de dólares, con escrituras falsificadas, y Rejón fue uno de los beneficiados.
Luis Gabriel Palacios Velasco, que certificó en 2013 la constitución de Top Life Servicios, la principal empresa fachada de la banda rumana, también fue involucrado por supuestamente ayudar a uno de los «piratas» de Borge, un magistrado de Quintana Roo, a apropiarse de propiedades en Cancún y subastarlas a empresas fantasma sin el conocimiento de sus dueños.
En 2015, Palacios aprobó la creación de Investcun, que fue usada por la organización para blanquear los beneficios obtenidos con la estafa del skimming de cajeros mediante la compra de propiedades en Cancún.
Vínculo con los ‘moches’ del PAN
La trama alrededor de la agencia cambiaria de Tudor también incluye a dos personajes que trabajaban para una empresa involucrada en el esquema de “moches” o sobornos en el PAN.
El 26 de enero de 2018, tres meses y medio antes de que Tudor transfiriera sus acciones en Brazil Money Exchange a Fabricio Ledesma, una hermana de éste, de nombre Katia Isadora Ledesma Heinrich, había creado en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario.
Esta nueva empresa está estrechamente ligada con la casa cambiaria de Tudor; Master Exchange es la marca comercial o razón social y Brazil Money detenta el permiso para las operaciones de divisas, el cual fue otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en febrero de 2012 y fue renovado en julio de 2017. Las dos empresas son una sola y, a la fecha, cuentan con 10 oficinas en sitios turísticos de Quintana Roo, Baja California y Guanajuato.
Katia Isadora Ledesma está asociada en Master Exchange con Gabino Jiménez Vázquez, un empresario originario de la Ciudad de México, pero residente en Playa del Carmen, y con Alejandro Carapia Toledo, un abogado originario de Mérida.
Tanto Gabino Jiménez como Alejandro Carapia habían trabajado como directivos de Golfmex Development, una empresa involucrada en el presunto cobro de sobornos para financiar en 2011 la precampaña electoral a la Presidencia de México de Ernesto Cordero, en ese entonces secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, del partido de derecha PAN.
Golfmex fue constituida el 28 de febrero de 2003 en Mérida por el hijo de un notario yucateco y el 28 de noviembre de aquel año se nombró a Gabino director financiero; años después, en enero de 2010, Carapia se integró a la misma empresa como director jurídico.
En una serie de reportajes publicados entre abril y mayo de 2013 en el diario Reporte Índigo, la periodista Georgina Howard afirmó -con base en documentos y testimonios- que los representantes de Golfmex recorrieron cientos de municipios en todo México para convencer a los alcaldes que aportaran dinero para, a cambio, gestionar ante Cordero inversiones federales para obras. Este esquema de corrupción es conocido en México como “moche”, en donde se condiciona la entrega de fondos federales a cambio de un soborno, pago o comisión. Las cuotas por cada Alcaldía iban de 17 mil a 200 mil pesos por el trámite y la gestión, por lo que el fraude estimado ascendería hasta a 240 millones de pesos (unos 20 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).
Según los reportes, Gabino acudió en 2011 a una reunión efectuada en la calle de Homero 209, décimo piso, en el exclusivo barrio de Polanco de la Ciudad de México, en donde cada uno de 180 alcaldes pagó 17,400 pesos (alrededor de 1,450 dólares) que les solicitaron a cambio de gestionar inversión pública ante Cordero. Al momento de recibir fondos federales pagarían un porcentaje adicional.
No obstante, los fondos públicos para obras nunca llegaron, por lo que algunos alcaldes defraudados creen que el dinero recaudado por Golfmex fue para financiar la malograda precampaña de Ernesto Cordero, quien no logró obtener la candidatura presidencial.
En respuesta, Cordero calificó de “absolutamente falso y una mentira” su participación en el fraude a los alcaldes y aseguró que no conocía a Gabino ni a ninguna de las personas que supuestamente recaudaron dinero a su nombre.
Además de ser socio de Master Exchange, Gabino es el administrador único de la empresa. Con ese cargo fue que en abril de 2018 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar la marca de la casa de cambio; el trámite lo realizó cuando Tudor todavía tenía injerencia como socio en Brazil Money.
La marca Master Exchange fue registrada en abril de 2018 por la firma Consorcio Empresarial Century (CEC), cuyo director es Fabricio Ledesma, y tiene un perfil casi idéntico a las empresas de consultoría de su socio Gerardo José Rejón -el líder nacional de los empresarios priístas-, dedicadas a servicios financieros, contables y de administración de recursos humanos o subcontratación, el llamado “outsourcing”.
CEC fue creada el 31 de agosto de 2015 y los socios fundadores son vecinos de colonias populares de Cancún. El comisario de la empresa es un hombre de 50 años que trabaja como conductor en una combi de transporte público. Corporativo Comercial Century, otra empresa vinculada, tiene como supuesto dueño a un hombre de 69 años de edad que aparece en el padrón de subsidios para las personas más pobres de Quintana Roo.
Negocios con funcionarios acusados de corrupción
Adrian Ninel Enachescu, el cuñado rumano de Florian Tudor, adquirió en junio de 2015 un inmueble en Cancún a una empresa propiedad de dos ex funcionarios acusados de corrupción que habían colaborado con los ex gobernadores de Quintana Roo Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, éste último actualmente preso.
Enachescu creó el 15 de mayo de 2015 la Inmobiliaria Investcun, en la que poseía el 99% de las acciones y a la vez fungía como el administrador único. Esa empresa fue utilizada para comprar inmuebles para los negocios de Tudor.
Al mes siguiente de crear Investcun, Enachescu acudió ante el notario Naim Gabriel Díaz Medina, para formalizar la compra de dos lotes de 320 metros cuadrados en la calle Robalo, en Cancún, a un precio de 3 millones 300 mil pesos (equivalente a unos 200 mil dólares al tipo de cambio de entonces).
La parte vendedora de los lotes fue la Inmobiliaria Crisantemos SA de CV, cuyo dueño original había sido Ricardo Antonio Vega Serrador, el llamado “Zar de la gasolina”, que en distintos momentos ha sido investigado por las autoridades de justicia por lavado de dinero, defraudación fiscal y venta de combustible robado (el llamado huachicol).
La Inmobiliaria Crisantemos fue creada el 26 de junio de 2003 por Vega Serrador, que poseía el 99% de las acciones. Sin embargo, su participación en la empresa la vendió el 4 de octubre de 2010 a Francisco Evadio Garibay Osorio, quien había sido el director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) con el entonces gobernador Félix González Canto.
El ex funcionario y su hijo, de nombre Iván Eliud Garibay Pulido y quien trabajó para el también ex gobernador Roberto Borge, se convirtieron en aquella fecha en los dueños de la inmobiliaria Crisantemos. Los dos han sido acusados de actos de corrupción.
Fue el propio Garibay Osorio el que negoció con el cuñado de Tudor la venta de los dos inmuebles en la calle Róbalo, según consta en el acta notariada de la escritura obtenida para esta investigación.
La asociación civil “Somos tus ojos” denunció el 14 de septiembre de 2017 ante la entonces Procuraduría General de la República que el ex gobernador González Canto, había rematado 165 predios que eran patrimonio del Estado a favor de empresarios y funcionarios de su gobierno, y entre los beneficiados estaba Evadio Garibay Orozco.
Según la denuncia, Garibay Osorio era socio de Mayazama SA de CV, una inmobiliaria a la que González Canto cedió 352 hectáreas en Tulum a un precio de ganga de 15 pesos el metro cuadrado para realizar un lujoso desarrollo turístico. El precio promedio del metro cuadrado en esa zona era de 6 mil pesos, es decir, el Gobierno vendió el terreno 400 veces más barato.
Además, cuando Garibay estuvo al frente del IPAE, esa institución vendió un terreno de más de 15 hectáreas a un precio 10 veces por debajo de su valor comercial. El predio fue vendido a Servicios Aéreos Milenio en 3 millones de pesos, equivalente a 20 pesos el metro cuadrado, y antes de dos años el mismo inmueble ya había sido traspasado a un valor de 34 millones de pesos (226 pesos el metro).
También Iván Eliud Garibay, el otro vendedor de los predios a favor del cuñado de Tudor, ha sido involucrado en actos ilícitos. En febrero de 2001, la Procuraduría estatal había solicitado arrestarlo por haber asaltado una pastelería.
Más reciente, el 12 de octubre de 2015, el diario Reforma reveló una cadena de correos electrónicos que el empresario Luis Manuel Álvarez Adán había enviado a la Embajada de Estados Unidos para denunciar que Iván Eliud, y otros funcionarios estatales, tenían vínculos con el crimen organizado.
«Trabajé como escolta de Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, y tengo información de trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las costas de Quintana Roo y donde con la ayuda del Gobierno por un 45% de ganancias de millones de dólares hacen llegar a esos indocumentados a Estados Unidos», escribió en uno de los mensajes.
En otro correo, aseguró que él había sido testigo del cobro de cuotas al crimen organizado por parte de Iván Eliud.
«Yo escoltaba a Iván Eliud Garibay Osorio, director jurídico del Gobierno del Estado en la Zona Norte y amigo del Gobernador, (lo acompañaba) a cobrar dicho dinero en distintos puntos de Cancún”, dice el mensaje que fue integrado a la averiguación previa PGJE/DRAPRM/AMP/TULUM/811/2014.
Pese a que apenas estaba en curso una investigación, la acusación fue desmentida casi de inmediato por el entonces vocero, Rangel Rosado, quien también estuvo involucrado en la red de corrupción de Borge.
Luis Manuel Álvarez Adán, el empresario que había acusado de corrupción a Borge y a Iván Eliud, murió ahorcado la madrugada del 31 de julio de 2018 en una celda de la cárcel de Cancún, en donde había sido encerrado acusado de extorsión. “No fue suicidio, fue asesinato”, acusó el activista de los derechos humanos Raúl Fernández.
Crimen sin castigo
En los predios que Enachescu compró a los Garibay (papá e hijo) en la calle Robalo de Cancún, Tudor construyó su residencia, la cual ha servido como sede de sus negocios.
Frente a ese domicilio fue asesinado, la noche del 11 de junio de 2018, un rival de Tudor de nombre Constantin Marcu, también originario de Rumania, quien había incursionado en la clonación de cajeros en la Riviera Maya.
Tudor había contratado a una empresa de seguridad privada establecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, de nombre Energy Solutions of America (su nombre comercial es Grupo Ameth) para que guardias armados resguardaran su residencia y lo escoltaran a él y a su familia.
Sergio Cabrera Ramón Ruiz, uno de los escoltas asignados a la protección de Tudor, confesó que había matado a Marcu, pero alegó legítima defensa y fue liberado.
Las cámaras de seguridad ubicadas en la casa de Tudor captaron el momento previo al asesinato, y las imágenes fueron tomadas como válidas por las autoridades de justicia para liberar de responsabilidad al guardia de Ameth.
En el video se observa el momento en que una camioneta Chevrolet Nitro que conducía Marcu y en la que también viajaba otro rumano de nombre Zoltan Daniel, se impacta contra un vehículo estacionado del que acababa de bajar Gabriel Stroe Alin, primo de Tudor.
El primo corrió a la residencia de Tudor y fue perseguido por Zoltan Daniel, pero sin darle alcance; luego, éste regresa al vehículo, el conductor da reversa, e intenta huir. De la casa sale el guardia que mata a Marcu, quien recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, según el acta de defunción consultada por los reporteros.
Aunque el momento del asesinato no fue captado por las cámaras, las autoridades cerraron la investigación con el testimonio del guardia de Tudor, quien afirmó que había disparado en legítima defensa.
La Fiscalía de Quintana Roo difundió a la prensa la versión de que Marcu y su cómplice intentaron secuestrar al primo de Tudor y que se dedicaban a extorsionar a empresarios.
En su testimonio oficial, Zoltan Daniel negó que haya intentado cometer un secuestro. Dijo que el día del crimen iba con su amigo Marcu en busca de un lugar para tomar algunas bebidas, cuando vieron en la calle a un paisano rumano al que describió como de 1.60 de estatura, de cuerpo atlético y con varios tatuajes en las manos. “Hace aproximadamente dos meses él mismo lesionó con un cuchillo a mi amigo Marcu”, aseguró Zoltan.
Según su testimonio, al pasar por la residencia de Tudor, tuvieron un roce con esa persona. “Llegó hasta la puerta del conductor, es decir de mi amigo Marcu, y vi que abrió la puerta alcanzando a meter una mano, percatándome que tenía un arma de fuego en la mano izquierda”.
Zoltan asegura que descendió del vehículo para defender a Marcu y encarar al agresor, pero que este corrió a la casa de Tudor a pedir ayuda a los guardias. “Nos empezaron a disparar, alcanzando a escuchar aproximadamente cuatro disparos, uno de ellos le pegó en la cabeza a mi amigo Marcu, eso ocasionó que perdiera el control del vehículo (…) Al ver que estaba sangrando le comencé a gritar para que reaccionara, sin embargo ya había fallecido”.
En contraste, el guardia que disparó y mató a Marcu argumentó que los agresores fueron Marcu y su acompañante.
“Mi patrón de nombre Gabriel Stroe Alin gritaba muy fuerte y desesperado en la calle diciendo “Auxilio, auxilio”, entonces me fijé por medio de la cámara de seguridad que otro sujeto lo venía persiguiendo”.
Relató que le abrió la puerta de la casa y lo cubrió con su cuerpo. En ese momento pasó el vehículo en el que viajaban Marcu y Zoltan.
“Pasaban en una camioneta frente a nosotros y observé que el conductor (Marcu) me apuntó con un arma de fuego, por lo que de inmediato desenfundé mi arma, corté cartucho y la accioné entre cuatro o cinco veces”.
El 14 de junio de 2018 -tres días después del asesinato- la defensa del escolta presentó ante el juez de control Shelling Kierkegard Novelo Yeh el video tomado por las cámaras de seguridad de la residencia de Tudor. La reproducción de las imágenes se hizo a través de un teléfono celular proporcionado por la defensa.
Tras ver el video, el juez de control resolvió decretar “auto de no vinculación a proceso en favor de Sergio Cabrera Ramón por no acreditarse el hecho que la ley señala como delito de homicidio”, por lo que ordenó la inmediata libertad del escolta.
La resolución la tomó el juez en una hora; el video se le mostró a las 18:42 horas y a las 19:48 decidió liberar de culpa al guardia, según consta en la minuta de la audiencia.
El juez que liberó al escolta de Tudor fue suspendido el 19 de septiembre de 2019 por el Consejo de la Judicatura de Quintana Roo para investigar la probable comisión de ilícitos en el desempeño de sus funciones. Al juzgador se le acusa de haber liberado a presuntos homicidas.
En torno a los negocios de la banda rumana hay otro asesinato sin resolverse.
La noche del 25 de julio de 2018, Mauro González Galindo, de 34 años de edad, fue acribillado en una lluvia de disparos, a bordo de una camioneta Kia Sportage que conducía en la avenida Yaxchilán de Cancún.
Mauro tenía dos meses y medio de haber sido nombrado comisario de Brazil Money Exchange, la agencia de divisas que Tudor había comprado mientras se montaba la red de estafa con cajeros automáticos.
Según las notas de prensa, en el sitio se encontraron 40 casquillos y el vehículo recibió al menos 32 impactos. Mauro murió por cuatro balazos en el pecho y tres en la cara.
Los testigos declararon a la Policía que fueron cuatro los atacantes, quienes viajaban en una camioneta Ford Escape con placas de Tabasco. El móvil del crimen no ha sido aclarado.
La protección a Tudor
El grupo de Tudor tiene la protección de funcionarios estatales de Quintana Roo, aseguró en entrevista el ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en aquella entidad, Javier Ocampo García, quien en coordinación con otras instancias del gobierno federal y del FBI encabezó en 2019 una investigación sobre las presuntas operaciones ilícitas de la banda de rumanos.
-En el transcurso de la investigación en la que usted participó, ¿tuvo indicios o evidencias de que había protección de algún nivel de autoridad hacia este grupo? –se le preguntó.
-Sí. Hay los suficientes elementos e indicios. Incluso, yo los podría declarar ante una institución de investigación formal -respondió.
-¿De qué nivel de gobierno estamos hablando? ¿Del ahora, del pasado?
-Del tiempo que me tocó vivir, el que me consta, es el actual, en el estado de Quintana Roo.
Mencionó que la protección al grupo de Tudor no sólo se da en Quintana Roo, sino también en otros estados.
“Algunas fiscalías tienen información sobre su modus operandi. En ocasiones podrán no ser mucho de competencia del fuero común, pero sin embargo (Tudor y su grupo) sí se acercan a ellos para tener cooptada la voluntad de algunas fiscalías para su trabajo y para ellos, como sucede en Cancún”.
Ocampo García aseguró que la investigación en torno al grupo de Tudor no la realizó en forma aislada la FGR, sino que sumó a distintas dependencias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el área de inteligencia de la Policía Federal (hoy Guardia Nacional), además de agencias extranjeras como el FBI y la DEA.
“No era una investigación tan simple porque necesitas el apoyo de distintas áreas. El FBI cuenta con mucha información sobre el tema. Seguramente DEA, por ahí se han publicado algunas notas en medios que el DEA los tiene identificados con algunas actividades vinculados con la función del DEA, que es el tráfico de droga. Policía Federal en su momento, hoy Guardia Nacional, también tiene mucha información de ellos”.
De hecho, mencionó que fueron elementos de la Marina los que en 2018 compartieron información a los integrantes del grupo de coordinación de seguridad de Quintana Roo, acerca de que en la zona de los cenotes se había visto a un grupo de rusos armados. Luego se supo que los sospechosos no eran rusos, sino rumanos.
La Secretaría de la Defensa Nacional aportó posteriormente más información y fue así que inició una investigación de distintos cuerpos de seguridad en torno al grupo de Tudor.
El 30 de marzo de 2019, en respuesta a un reporte de la presencia de hombres armados, la Policía Militar y la Policía Municipal de Puerto Morelos establecieron un puesto de revisión en el kilómetro 21 de la carretera que comunica a Cancún con el poblado de Leona Vicario, en donde arrestaron a Florian Tudor y a su socio y paisano Cosmin Adrian Nicolae, al encontrarles dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y alrededor de 500 mil pesos en efectivo.
También se retuvo como sospechosa la camioneta Cadillac, color negra, en la que viajaban Tudor y su socio; el vehículo era propiedad de una agencia vehicular de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero llevaba placas de Quintana Roo.
Tudor argumentó que se dirigía al poblado de Leona Vicario donde tiene 1,400 hectáreas de propiedad y aproximadamente 80 trabajadores en la construcción de un complejo habitacional y que, como era día de pago, le tocó llevar la nómina en compañía de su socio Cosmin. Ante las autoridades mencionó que sus socios en ese desarrollo inmobiliario son de nacionalidad rumana, libaneses y de Moldavia.
La Policía le aseguró a Tudor una pistola calibre 9 milímetros marca Glock, con cargador y 14 cartuchos, además de 16 mil 500 dólares y 164 mil 800 pesos en efectivo. A su socio le decomisaron otra pistola y 12 mil dólares, según consta en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019. Por la portación de las armas, ambos fueron vinculados a proceso penal.
Intervención del FBI
El Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumania habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019, para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.
El FBI seguía los pasos de Tudor por su presunta participación en una red que había saqueado fondos de cajeros automáticos en Nueva York.
A dos días de que se efectuara la reunión en la capital de Rumania, un juez emitió una orden para que agentes de la FGR, en coordinación con policías estatales, realizaran una serie de cateos en inmuebles que las autoridades vinculaban con Tudor.
El primer domicilio que catearon fue el ubicado en la calle Robalo 52 de Cancún. En la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000364/2019, se incluyó el testimonio de Diaconu Marian, uno de los rumanos que estaban en la vivienda cuando irrumpieron los agentes federales:
“El 11 de mayo de 2019, aproximadamente como a las 5:30 a.m. se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con sus amigos en el interior del domicilio ubicado en la calle Róbalo; se quedó solo y fue que escuchó el frenado de varios vehículos y se asomó por la ventana y vio gente corriendo, comenzó a subir hasta el último piso del edificio y se escondió en donde se encuentran los equipos de aire acondicionado y fue que ahí lo encontraron. Manifestó que trabajaba para Tudor, quien tiene una empresa de casa de cambio, un gimnasio, que en ese lugar vive Tudor en la planta baja con su esposa, de nacionalidad brasileña, y su bebé Eric. Además, sabe que lo cuidan seis personas de nombre Sergio, Rosado, Jesús, Rodolfo y una mujer de nombre Martha, y sabe que siempre van armados, se mueven en una Cadillac Escalade negra, Mercedes negro, Dodge Ram una Nissan Xtrail negra”.
Minca Minhai Adrián, de 25 años, quien se presentó como “boxeador de tiempo completo”, fue otro de los testimonios incluidos en el reporte: “El día 11 de mayo de 2019 se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con Diaconu Marian en el área común que se encuentra en el segundo piso, refiere que fue cuando escucharon el frenado de los vehículos en el exterior del inmueble y posteriormente vieron la presencia de elementos de corporaciones policiacas, quienes ingresaron al domicilio, rompiendo la puerta de acceso, motivo por el cual bajó a ver qué sucedía y fue cuando lo detuvieron”.
Jesús Morales Acarias, uno de los escoltas de Tudor, fue detenido por la portación de armas de fuego, y relató así la forma en que ocurrió el cateo: “Siendo aproximadamente las 5:30 de la madrugada escuchó que se estacionaron varios vehículos de la Policía, le indicaron que abriera la puerta y le mostraron la orden de cateo a través del vidrio y posteriormente le avisó al dueño de nombre Florian Tudor, le indicó que en ese momento bajaba y fue cuando entraron los policías y le dijeron que se pusiera en el piso. Lo revisaron y le quitaron el arma de la marca Glock que es del trabajo y la tiene asignada con portación, y aparte le encontraron otra arma Glock calibre 380 y el (rifle) R15 calibre 22”.
En el anterior relato coincidió Ángel Rosado Hernández, otro de los escoltas de Tudor, al que también se le decomisó un arma.
El mismo día del cateo a la residencia de Tudor se efectuaron más intervenciones policiacas en un domicilio del mismo empresario rumano en Avenida Cobá, y el 12 y 14 de mayo en dos ranchos.
Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos en los cateos, aunque el líder de la banda fue liberado tras promover un amparo en el que alegó que lo habían arrestado ilegalmente e incomunicado por más de 36 horas.
El contraataque de Tudor
A raíz de aquellos cateos, Tudor arremetió contra el entonces delegado de la FGR, Javier Ocampo García, y contra el Secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, a quienes acusó de extorsionadores y de saquear su residencia.
Denunció que el verdadero objetivo de los cateos fue robarle joyas, arte, dinero en efectivo y material informático.
Su acusación la formalizó en denuncias presentadas ante la visitaduría general de la FGR, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los órganos de control internos de la Secretaría de Marina y Policía Federal.
Tras esas denuncias, las propiedades que habían sido aseguradas le fueron devueltas el 24 de septiembre de 2019.
“Durante mi detención fui torturado físicamente y psicológicamente. Nos robaron nuestras pertenencias, alrededor de 67 millones de pesos, de acuerdo a los peritajes que obran en la carpeta iniciada en la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos de FGR”, declaró en una conferencia de prensa a la que convocó el 15 de marzo de 2020 en el exterior de su residencia en Cancún.
Aquel día, denunció que también su hijo de 6 años y su esposa Jucilene Belmonte habían sido torturados en el cateo y les habían causado un trauma severo.
Sus acusaciones contra Capella y Ocampo las reforzó con una campaña de publicaciones y desplegados en la prensa quintanarroense.
En su cuenta de Twitter, el Secretario de Seguridad atribuyó los desplegados de Tudor a una campaña perversa “orquestada y financiada por intereses oscuros” para bloquear su trabajo de combate al delito. “Lamento romper y desilusionar tantos corazones medio perversos que pretenden que bajemos la guardia o que claudiquemos en la lucha contra la delincuencia en Quintana Roo”, escribió el 26 de febrero tras una serie de publicaciones en las que se aseguraba que había sido destituido y que la FGR había iniciado un procedimiento en su contra.
“La fama pública internacional de este grupo de seudo-empresarios es, creo, de lo peor que hemos visto”, dijo en entrevista Capella, uno de los objetivos de Tudor.
Las campañas mediáticas han sido orquestadas por Tudor y su gente para evitar que sigan las investigaciones en su contra, coincidió el ex delegado de la FGR en Quintana Roo, Javier Ocampo García.
Mencionó que su salida de la delegación de la FGR, en septiembre de 2019, se dio precisamente tras una guerra sucia en medios de comunicación, que le fue advertida con una semana de anticipación por el titular de la Fiscalía estatal, Óscar Montes de Oca.
“Me habían avisado ocho días antes de la campaña mediática que venía. Dentro de una sesión del grupo de coordinación de seguridad, el fiscal Óscar (Montes de Oca) me dijo: Javier, te viene una campaña muy fuerte, mediáticamente, de prensa. Yo lo tomé como un aviso y no le di importancia. Pasaron los días y un domingo es cuando se desata una campaña en muchos medios de desprestigio contra mi persona, contra mi trayectoria”.
A los tres días de esa campaña, le llamaron del área central de la FGR para pedirle su renuncia.
“Yo sabía que era derivado de esta campaña. Yo dije: bueno, si es la decisión no tengo por qué rebatirla. Entregué todo y decidí salir del estado para dejar las cosas tranquilas y que se aclararan. Pero a la fecha no he sido llamado a declarar”.
Atribuyó su destitución como delegado a las presiones del grupo de Tudor, como las que ahora ha puesto en marcha para tratar de que se despida a Capella.
“¡No se vale dejar el estado de Quintana Roo en manos de criminales que vienen a México dizque a trabajar e invertir, cuando son delincuentes en el extranjero que vienen a sentar sus reales y a ser protegidos por autoridades!”, expresó molesto.
Capella afirmó que la capacidad de Tudor para cooptar medios y responsables públicos le ha dado el poder para desafiar la autoridad institucional.
“Tenemos mucha información de los vínculos o los lazos de funcionarios de ciertos niveles e instituciones que han sido funcionales para ellos. Inclusive algunos vinculados al poder político, con algunos sectores políticos, que se han convertido en voceros de estos sujetos.
“Hablan de elementos de la Fiscalía General del Estado, de unos policías preventivos, de Secretarios de Acuerdos, de algunos funcionarios del Poder Judicial, de actores políticos, de una red importante, dueños de medios de comunicación local, o sea, la red”.
El equipo del proyecto:
OCCRP
Quinto Elemento Lab
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
RISE Project
Reporteros:
Attila Biro
Ana Poenariu
Lilia Saúl
Jonathan Wrate
Nathan Jaccard
Daniela Castro
Timea Hont
Raúl Olmos
Dan Kelly
Andrea Cárdenas
Armando Talamantes
Salvador Camarena
Guilherme Amado
Lucía Vergara
Paul Radu
Editores: Antonio Bacquero, Caroline Henshaw, Drew Sullivan, Jared Ferrie, Julia Wallace, Nathan Jaccard, Paul Radu
Verificadores de información: Birgit Brauer, Dima Stoianov, Inna Civirjic, Olena LaFoy
Promoción: Charles Turner
