La imagen que el presidente López Obrador usó para ejemplificar lo que haría su administración con la corrupción ilusionó y convenció a muchos: “Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo. Vamos a limpiar al gobierno de corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo”. Y esto lo ha repetido infinidad de veces. Pero no importa cuántas veces lo diga, sin investigaciones que ubiquen a todos los que conforman las redes de corrupción, acompañadas de sanciones, cancelación de acuerdos ilegales y recuperación de activos, la corrupción no disminuirá. Hay un elemento más a considerar, ¿qué pasa cuando en el último escalón, el más alto, está tan sucio como los peldaños de abajo?
Los casos de gran corrupción siguen estando muy cerca del poder presidencial, muchos de ellos incluyen a su familia y a colaboradores cercanísimos. Hagamos un recuento de algunos de estos casos que se conocieron en el 2020 y que, como en la administración de Peña Nieto, han sido objeto de “investigaciones” a modo.
El hermano del presidente
Pío López Obrador, hermano del presidente, fue grabado recibiendo tremendos paquetes de dinero de David León, un señor que en 2020 fue nombrado por el presidente como la persona encargada de evitar la corrupción en la compra de medicamentos. El presidente se apresuró a decir que el dinero recibido por su hermano no era corrupción, sino aportaciones del pueblo para las campañas electorales de Morena en 2015. Legalmente hablando, los límites de dichas aportaciones están regulados por el Instituto Nacional Electoral (INE); por ejemplo, para las elecciones del 2015, cada partido podía recibir anualmente un máximo de un millón 870 mil 317 pesos y 23 centavos por parte de simpatizantes individuales. En uno de los videos se aprecia claramente a Pío recibir un millón de pesos, mientras León le dice que le queda a deber otros 300 (supongo que 300 mil pesos). En el segundo video, León habla de un segundo millón. Ya con esos se hubiera excedido el límite de aportaciones individuales de simpatizantes.
Ahora bien, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló no haber encontrado indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos en las finanzas de Pío López Obrador y David León. La investigación realizada por la UIF no es de acceso público, sin embargo, la nota oficial de prensa señala que la investigación se entregará al INE para que éste determine si hay alguna responsabilidad administrativa. También dice la nota que “se cumple la instrucción del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de investigar todos los casos sin ningún sesgo de cualquier tipo.” Llama la atención que en este caso no se hayan congelado cuentas, como sí se ha hecho en otras ocasiones.
La prima del presidente
Felipa Obrador Olán es prima del presidente y accionista de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, la cual ha sido contratista de diversas filiales de PEMEX desde años antes de que López Obrador asumiera la presidencia en el 2018.
En junio de 2019, a través de un memorándum, el presidente de México dio la “instrucción clara y precisa” a todos los servidores públicos de “no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, reiterándoles además: “no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio”. Finalmente advirtió que, quienes no cumplieran su recomendación, podían caer en “actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.
PEMEX señala que en el concurso público #74364, del 22 de octubre del 2019, el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas “se percató de que en la Manifestación de Vínculos de los Particulares” estaba el nombre de la prima del presidente, lo cual fue reportado al Director General de Pemex; quien, a su vez, lo reportó al presidente. Según narra el boletín 304 del 5 de diciembre del 2020, el presidente señaló que “bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno”, por lo que se le asignaron los contratos a otros consorcios y además “se advirtió verbalmente a la C. Felipa Guadalupe Obrador Olán que no se le adjudicaría el contrato y fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex”.
Sin embargo, al parecer a la prima del presidente no le llegó la advertencia y volvió a concursar en otras 2 ocasiones. En la primera “la propuesta presentada por Litoral Laboratorios Industriales fue desechada” —supongo que por la instrucción presidencial, aunque para estar seguros se hicieron las solicitudes de información correspondientes— pero la segunda propuesta fue recibida, aceptada y adjudicada a un consorcio de empresas en la que estaba Litoral Laboratorios Industriales. El consorcio obtuvo 3 contratos con valor de 133 millones de pesos.
Los contratos se hicieron públicos a través de una investigación periodística. ¿Qué hubiera pasado si la investigación no se hubiese publicado? La realidad es que esos contratos nunca debieron haberse otorgado. Además, esos contratos no se dieron solos, hay varios servidores públicos involucrados en esos procesos, sin mencionar que la prima del presidente siguió enviando propuestas a pesar de que se le requirió expresamente y por instrucción presidencial que no lo hiciera. Estamos a la espera de los resultados de la investigación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debería estar llevando a cabo y de ver el nombre de Litoral Laboratorios Industriales en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Hace unos pocos días, una jueza federal desechó un amparo presentado por Obrador Olán para poder participar en licitaciones de Pemex.
La zarina anticorrupción del presidente
La doctora Irma Eréndira Sandoval es actualmente Secretaria de la Función Pública. Sus funciones más importantes son el control interno, la fiscalización, la evaluación, la vigilancia, las auditorías, la imposición de responsabilidades administrativas y la prevención de conflictos de interés en la gestión pública, así como la protección y estímulo de los ciudadanos alertadores de la corrupción, el impulso a la ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad, y el fomento social de la denuncia.
Antes de ser la zarina anticorrupción del gobierno actual, ella y su esposo eran académicos de la UNAM. Con sus sueldos lograron adquirir 6 inmuebles en 9 años. Una investigación de LatinUs señala que, en conjunto, el valor de los inmuebles es de aproximadamente 60 millones de pesos.
Ahora bien, el problema en este caso es que, en estricto apego a la “purificación de la vida pública” que —se supone— ha instaurado el nuevo régimen, se esperaba de la secretaria una explicación, con datos y documentos, respecto de cómo lograron adquirir con sueldos de académicos de universidad pública, y en tan poco tiempo, tantos bienes inmuebles. Se esperaba también que ella misma solicitara una investigación independiente al respecto para no dejar ninguna duda, pero nada de eso pasó. Lo que sí sucedió fue que tanto ella como su esposo descalificaron la investigación y llamaron “sicarios mediáticos” a los periodistas encargados de la misma. Sí, la persona que tiene entre sus facultades la de proteger a los denunciantes de la corrupción y estimular la ciudadanización del combate a la corrupción, llamó “asesinos a sueldo” a los ciudadanos alertadores. El caso está ahora en uno de los congeladores de la SFP.
El ejército. Los consentidos del presidente
En el más alto escalón del gobierno federal también se encuentra el caso del general Salvador Cienfuegos, quien como resultado de una investigación que por años realizó la Fiscalía estadounidense, fue detenido en aquel país acusado de delitos relacionados con la distribución e importación de cocaína, metanfetamina, marihuana, y lavado de dinero. Días después, el asunto fue sobreseído o, en buen cristiano, cancelado debido a “importantes consideraciones de política exterior que superan el interés del gobierno americano de perseguir y procesar” al general.
¿Qué razones arguyó el gobierno mexicano para zafar de la justicia norteamericana a quien, presuntamente, protegió al cartel de los Beltrán Leyva a cambio de sobornos? Será siempre un misterio, aunque el gobierno mexicano insistió en el silencio de las autoridades norteamericanas respecto a la investigación que condujo a la detención del general. Lo que también sigue siendo un misterio es el estatus de la investigación que debería estarse siguiendo en México en contra de Cienfuegos, así como de la red de servidores públicos y particulares que seguramente existió —¿o sigue existiendo? — y que el general tuvo que haber usado para poder cometer los delitos de los cuales se le acusó en Estados Unidos, entre ellos, soborno. Es importante mencionar que la sentencia de la juez americana que sobreseyó el asunto del general señala que le pasaba la investigación al gobierno mexicano con la idea de que aquí se le siguiera el juicio correspondiente, es decir, no se le liberó de los cargos, no se le declaró inocente.
El general regresó a México y pasó, seguramente, una muy bonita navidad y año nuevo en casa, porque no se le congelaron las cuentas, ni se emprendieron en su contra investigaciones penales o administrativas, o al menos no nos lo han informado. Para el 14 de enero, la Fiscalía mexicana decidió no ejercer acción penal contra Cienfuegos e hizo pública una versión testada de su carpeta de investigación.
Al final, uno se pregunta ¿qué pasa con el discurso del presidente de limpiar de corrupción al país? ¿Será que la escoba si le funciona? ¿Será que sí tiene escoba? La historia ya nos la sabemos y sigue siendo la misma que la del “antiguo régimen”, cada vez que surge una trama de corrupción cercana al presidente, se hace hasta lo imposible por maquillarla o por encubrirla.
Varios funcionarios públicos federales insisten en que dar a conocer estos casos en medios tiene el objetivo de dañar la reputación del gobierno y que se “desdeñan avances significativos y se magnifican escándalos”. Creo que nadie en su sano juicio desdeñaría los significativos avances de la 4T o de cualquier otro gobierno en la lucha contra la corrupción si los dichosos avances se vieran, pero siguen siendo imperceptibles para los ciudadanos de a pie.
María de los Ángeles Estrada. Directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey.
