Maria Marván Laborde es ex consejera del Instituto Federal Electoral, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestra y doctora por la New School de Nueva York; además, fue la primera presidenta del IFAI, hoy INAI.
Transcripción:
Salvador Camarena:
El presidente de la República ha puesto sobre la mesa la posibilidad de cancelar, entre otros órganos autónomos, al INAI, uno de los principales órganos del Sistema de Transparencia en México.
Andrés Manuel López Obrador habla de que, si se hace eso, habría ahorros, y de que las funciones de ese instituto pueden ser asumidas por la Secretaría de la Función Pública.
¿Es verdad lo que dice el presidente?, ¿puede el gobierno garantizar la transparencia y la información pública? Y, sobre todo, ¿qué implicaría la desaparición del INAI y el desmembramiento del Sistema de Transparencia como lo conocemos? y que es producto de muchos años y de muchas personas que se han afanado en que tengamos este sistema; estas posibilidades no ciudadanas de demandarle a los gobiernos estatales municipales y al federal; y también a otros órganos del estado mexicano la información que queremos y que necesitamos para tomar decisiones.
Para hablar de este tema en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, nos da mucho gusto saludar a María Marván.
Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de dónde es egresada, estudió sociología. Y luego, tiene una maestría y doctorado en la New School de Nueva York; pero además, fue la primera presidenta del IFAI (hoy INAI), y también fue consejera del IFE.
Tienes una larga trayectoria construyendo y solidificando instituciones. María, bienvenida a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, para esta charla.
María Marván:
Muchísimas gracias, Salvador, muchas gracias por la invitación y por atender un tema tan importante como éste.
Salvador Camarena:
María, yo digo que a veces las cosas que no dan lata las damos por sentadas. Entonces, te propongo empezar por el principio. ¿Qué es el INAI y para qué nos sirve cotidianamente hoy, independientemente todavía, de lo que propone el presidente?
María Marván:
La respuesta más obvia, es que es una institución del Estado mexicano; pero creo que la definición más justa es que decir que el INAI es una conquista de la sociedad y, curiosamente, también de partidos de izquierda que por años lucharon porque los mexicanos y las mexicanas tuviéramos derecho a conocer qué hacen nuestros gobiernos, cómo los hace y con qué recursos los hace.
Habiendo sido una bandera más de la izquierda, que de grupos de derecha, es en el primer sexenio de alternancia -cuando Vicente Fox gana en 2000 la elección- y el PAN por primera vez entra a gobernar, que se funda el IFAI y que después se transforma, con Peña Nieto, en INAI.
Cuando era IFAI (y esto va a ser relevante para que nuestro auditorio entienda por qué no puede regresar a la Secretaría de Función Pública), el IFAI era autoridad única y exclusivamente para la Administración Pública Federal. Hoy día, que se ha transformado en INAI, es autoridad para el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y para todos los órganos constitucionales autónomos y los partidos políticos; además de algunos sindicatos de empresas del Estado.
Entonces, ¿qué es lo que hace el INAI? La Ley Federal y ahora la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales nos garantiza los derechos fundamentales: el derecho a tener acceso a todos los documentos del gobierno -o cualquier otra instancia que usa recursos públicos- y el derecho a la privacidad, que se concreta en la protección de datos personales y nos los protege a todos los mexicanos y mexicanas respecto a cualquier entidad de aquellos que ya mencioné.
Ésta es una de las razones por las que es un sinsentido pensar que la Secretaría de la Función Pública pueda asumir las responsabilidades del INAI.
Voy por partes. La Secretaría de la Función Pública probablemente pudiera revisar las resoluciones o las respuestas primarias que le da la administración pública a los ciudadanos y ciudadanas que piden información. Y, suponiendo que no cae en ningún tipo de conflicto de interés, ordenar que la reserva estuvo mal hecha que tiene que encontrar una información que declararon inexistente, porque tienen las funciones para hacerlo (o que esos no son datos confidenciales) y ordenar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o a la Secretaría de Hacienda, o al SAT, etcétera, que tiene que entregar esa información.
El problema es que desde el poder ejecutivo no puede, de ninguna manera, sin violentar la división de poderes, darle órdenes al poder legislativo, al poder judicial, a los constitucionales autónomos y mucho menos a los partidos políticos.
Hay que imaginar nada más. A la gente se le olvida que el INAI también es autoridad para los partidos. Podemos ver el absurdo del planteamiento.
Y eso sólo por el lado de acceso a la información. Por el lado de protección de datos personales, recordemos que protege datos personales en posesión de privados y datos personales en posesión del Estado.
Con el Estado se vuelve a repetir el esquema; creo que la Secretaría de la Función Pública, por más facultades que le demos, sería ilógico pedirle que cuide de la privacidad a la función pública. Muy bien, eso podríamos mandarlo a Secretaría de Gobernación; podrían encajar con su naturaleza, pero ¿qué hacemos con los privados?, ¿también la Secretaría de Gobernación va a proteger los datos personales en posesión de privados?, por decir un ejemplo.
Si estamos hablando de los datos personales que tienen los grandes almacenes o las tiendas de autoservicio; bueno, eso lo podemos mandar a la Procuraduría del Consumidor, no suena mal. ¿Y los expedientes médicos?, ¿también va a ser la Secretaría de Economía o la Procuraduría del Consumidor la que va a velar por ese espacio cuando se trate de cuestiones bancarias? Entonces ¿lo vamos a mandar a la Condusef o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores?
Es decir, hoy día, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una institución sumamente compleja como para pensar que, de un plumazo, la Secretaría de Función Pública pueda absorber todas sus funciones, sin desproteger a las mexicanas y los mexicanos en la garantía de que podamos ejercer plenamente dos derechos fundamentales.
Salvador Camarena:
Dinos ahora, 20 años después de que el IFAI y el INAI han estado con nosotros, ¿en que se ha traducido?, ¿qué tanto nos ha servido?, ¿y qué tan lamentable sería perder eso? Independientemente de que le dieran la vuelta a la ley y dijeran: “no, bueno; le cambiamos, le ponemos una ley para que la Función Pública sí pueda con los poderes; una aberración pero, si encontráramos la forma, bueno ¿nada más vamos a arreglar algo que no estaba roto?
María Marván:
Creo que vamos a arreglar algo que no estaba roto. Esto no quiere decir de ninguna manera que el INAI y la forma en la que actúa el INAI no pueda ser perfectible. Si alguien se atreve a decir que hay una institución del Estado que no es perfectible, probablemente lo que digamos es que “no tiene idea”. Desde luego es perfectible.
¿Qué es lo que se ha logrado con estos casi 20 años, ya 18 años, de tener acceso a la información? Creo que lo primero es que ha ido permeando más en la ciudadanía que los gobernantes el principio básico de que toda información que poseen los gobernantes es del público, y tiene la obligación de cuidarla, de custodiarla de ordenarla y de ponerla a disposición del público cuando es solicitada. Y creo que eso sí ha ido permeando en la sociedad civil, en la oposición, en los grupos gobernantes.
Todo gobernante que está en el poder y -en ese sentido López Obrador no es la excepción- a todo gobernante, le molesta este tipo de leyes y esta institución, porque es una institución de contrapoder, porque es una institución de rendición de cuentas, porque es una institución que les recuerda por quiénes fueron elegidos y para qué, y a quiénes les debe rendir cuentas.
Antes era imposible saber cosas tan sencillas como sueldos y salarios, desde el presidente, hasta el puesto burocrático más nimio (sin decir esto con desprecio a nadie, por supuesto). Antes era imposible acceder a contrataciones, a procesos de licitación, a ver qué había comprado el gobierno; para qué, quién, qué propósito, qué se lo habían entregado o no se lo habían entregado. En fin, todas estas cosas a las que nos hemos ido acostumbrando que han generado.
Y creo que es importante decirlo, en el contexto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que han ido generando un nuevo periodismo de investigación; no me imagino periodismo de investigaciones que han hecho ustedes y otros periodistas (no necesariamente de esta misma organización) como es por ejemplo la Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra. En fin, habría sido imposible sin la Ley de Transparencia.
Y voy todavía más allá. La misma Ley de Transparencia y Acceso a la Información, me consta por testimonios que no tengo por escrito -y nada más le pediría a quién nos escuchan, que nos crean- que los propios servidores públicos, los propios burócratas, han sacado buenas ventajas de la ley.
En alguna ocasión me comentó un director general del Banco de México, que mucha información pedían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la vía de transparencia para contrastar qué información recibían, por una vía, y por la vía del memorándum. Y lo mismo hizo un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Democratizar la información también tiene ventajas administrativas y también tiene ventajas burocráticas.
Salvador Camarena:
Me gusta mucho lo que planteas. Quizá no lo advertimos porque estamos, hoy por hoy, inmersos en esa cultura, pero es un cambio cultural lo que se vivió en estos 18-20 años, a partir de que los ciudadanos y muchos periodistas -como bien lo señalabas- de muchos estados, en muchos equipos; han venido ya incorporando sus procesos de búsqueda y confirmación de tips, indicios, pistas, para asuntos donde se quiere denunciar abusos de poder, actos de corrupción, delitos y cosas por el estilo.
Hay un sistema, ya que hoy está instalado que en el INAI es uno de sus ejes, pero también se replicó en las entidades para hacer este el sistema general que decías, ya no nada más de una parte de la administración, sino de todos los órganos y de todos los niveles de gobierno.
Y que estando eso ahí, con algunas críticas, por momentos y fallos polémicos que tuvieron y que -como tú dices- toda obra humana y toda obra institucional también es perfectible: ¿que ganaríamos y desaparece el INAI?, ¿hay algo bueno?, ahorraríamos alrededor de 1000 millones de pesos, que se supone que es lo que dice el presidente; pero de verdad ¿hay algo que sea un contra factual que no estamos viendo?
María Marván:
Me cuesta trabajo verlo. Y qué bueno que preguntas esto porque ahí hay una contradicción intrínseca en lo que está planteando el presidente.
El presidente plantea que nos ahorraríamos mil millones de pesos y, al mismo tiempo, dice que la institución va a ser absorbida por la Secretaría de Función Pública y que se van a respetar todos los derechos laborales, supongo que el primer derecho laboral es al empleo. ¿De qué sirve que pasemos, digamos, todo el conjunto de personas que trabajan en el INAI a que la Secretaría de la Función Pública sea su superior, si no va a haber ahorros en lo que la administración pública conocemos como el capítulo 1000, es decir, recursos humanos? Eso quiere decir que no va haber ahorros.
Yo creo que la austeridad es un pretexto bastante mal planteado cuando se habla de viáticos, pues a mí me gustaría saber cuántos fueron los viáticos del año 2000, en un año en el que el mundo entero estado encerrado. Y cuando se habla de rentas, pues también hay que reconocer que el edificio en el que trabaja en INAI es propio y, en todo caso, pues sí lo vende el gobierno, lo que seguirá recibiendo está el predial y nada más que eso.
Entonces yo creo que lo que hay que decir, sin ambages, es que esta cobertura de austeridad -bandera que le ha resultado tan útil como para suspender la obra del aeropuerto, tan útil como para la rifa (que no fue a rifa) del avión presidencial, que ya no es presidencial, pero que sigue siendo avión- pues yo creo que vamos a tener unos ahorros muy similares, es decir, ningunos.
Y, simplemente quisiera recordar (para poner en proporción), que el presupuesto del INE para 2021 fue recortado en alrededor de 13.4 millones de pesos; al mismo tiempo se incrementó para este año -no es el gasto total, es el incremento para 2021 con respecto a 2020- cerca de 1,700 millones (un poquito más de 1,700 millones de pesos) en gasto social; es decir, casi el doble de lo que es el gasto del INAI; y 2021 es un año electoral. Entonces, yo creo que esto nos puede dar un margen de elementos para un pensamiento crítico respecto a esta propuesta presidencial.
Salvador Camarena:
Déjame concluir con este planteamiento: Ves conciencia ciudadana, ves ambiente de alerta, ves que dimensionemos, que aquí podemos argumentar muchos minutos sobre si fue buena idea o no cancelar el aeropuerto. Crear coincidencias. Pero estamos hablando de una cosa más importante y si se cancela el INAI, creo que cambiará el país y no es algo para bien.
¿Ves alguna posibilidad de que se debata seriamente esto, de que no sea un arrebato de un plumazo?
María Marván:
Creo que está habiendo un debate importante en los medios de comunicación; debate importante la sociedad civil. No veo igualmente despiertos o preocupados a los partidos de oposición y son quienes tendrían la posibilidad, o quiénes tendrían que ser la primera línea de defensa. Si es que realmente se concreta la iniciativa presidencial, que no dudo que así sea, y alcanza los votos en la cámara de diputados, gracias al andamiaje y a la presión jurídica, que es un constitucional autónomo.
Se necesita una reforma constitucional, que debe lograr dos terceras partes en la Cámara de Diputados, dos terceras partes en la de senadores; y aquí es donde creo que hay que responsabilizar y despertar a la oposición, y después 16 aprobaciones en congresos locales.
Desde luego, tienes razón. No se puede comparar con el aeropuerto, no se puede comparar con el avión. Cancelar el INAI significaría ir en contra de dos derechos fundamentales: el derecho a saber (consagrado en el sexto constitucional), el derecho a la privacidad (constatado en el 16) y, por si fuera poco, en contra del artículo primero constitucional que a partir de la reforma de hace 10 años, 2011, nos mandata a todas las autoridades mexicanas a siempre interpretar la implementación de los derechos fundamentales, en un esquema de progresividad, es decir, podemos dar más pero nunca menos, y esto sería, sin lugar a dudas, coartar el derecho al acceso a la información derecho fundamental y cuartar el derecho a la privacidad en la protección de datos personales. Es tan grave como lo que estoy planteando, Salvador, no estoy exagerando.
Salvador Camera:
Tomamos puntualmente nota de que no, no es hipérbole, ni mucho menos dramatismo agregado: es una situación crítica y una traición a una causa de la izquierda. Sería una tradición histórica una causa de la izquierda.
María Marván:
Así es, sería una traición a la causa de la izquierda, porque no es la primera que lo vemos en este gobierno.
Salvador Camera:
María Marván, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad y, de verdad, hay que estar militantes en esta causa.
