En la entrega anterior, describí cómo se ha rediseñado la Administración Pública Federal y el gabinete presidencial durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En esta segunda parte, explicaré cómo se dirige el gobierno como coalición gobernante, la forma en que el presidente usa el combate a la corrupción como arma discursiva y la captura de otras instituciones disidentes.
Disciplina partidista y política
Para Richard Cyert y James March, toda organización se rige por una coalición dominante de individuos e intereses, los cuales negocian sus metas y el reparto de los recursos disponibles para mantenerse juntos. En el caso del gobierno y el Poder Legislativo, Morena preside una coalición gobernante junto con otros partidos políticos como Encuentro Solidario, Verde Ecologista, del Trabajo, satélites como Redes Sociales Progresistas y partidos locales como Nueva Alianza.
La coalición de gobierno y la composición misma de Morena son extremadamente heterogéneas, puesto que se conforman por una pluralidad de actores políticos con ideologías e intereses políticos contradictorios y divergentes. Por ello resulta difícil concertarlas y mantenerlas estables. También se da el caso en el que antiguos enemigos políticos ahora gobiernan juntos. Entre estos actores, el presidente funge como árbitro. Lo anterior ha ocasionado que la venganza y el desquite entre distintos actores y grupos sean también un recurso político por repartir. En el gobierno actual, el reparto de recursos para mantener unidad entre los aliados se puede dar en puestos —tanto en el gobierno como en las superdelegaciones— y concesiones (por ejemplo, las que tuvieron grupos evangélicos en materia de radio, personal y recursos materiales).
El gobierno por decreto
A pesar de haber obtenido una vasta mayoría legislativa en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en muchos aspectos, el presidente ha gobernado por decreto. La razón es que aunque los números alcanzan para imponerse por mayoría simple en ambas Cámaras, las coaliciones legislativas del gobierno son inestables y heterogéneas, lo que resulta ser un obstáculo para articular políticas públicas de forma rápida y eficaz.
El cambio que busca realizar el gobierno en muchas ocasiones requiere de reformas constitucionales. Éstas pueden aprobarse en la Cámara Baja, pero no en la Alta, donde existe una minoría de un tercio de senadores de partidos de oposición que se ha denominado a sí misma como “Bloque de contención” y cuenta con el poder para vetar dichas reformas.
La desesperación de no lograr hacer el cambio deseado a la velocidad requerida es lo que ha llevado al presidente a gobernar en muchos casos por medio de tres tipos de actos: nombramientos en las diversas Comisiones e Institutos que existen en la función pública federal; decretos legislativos que —en vez de ser concretos, únicos e irrepetibles— tienen más características de normas generales, y decretos presidenciales ad hoc. Estos últimos usan como base el artículo 89, fracción I de la Constitución, que establece que el Jefe del Ejecutivo puede “proveer la exacta observancia” de las leyes federales y, de esta manera, emite actos concretos disfrazados de reglamentos.
El uso discursivo del combate a la corrupción
Transparencia Internacional define la corrupción como “El abuso de un poder conferido para beneficio propio. La corrupción puede clasificarse en grande, trivial y política, dependiendo de la cantidad de dinero perdido y del sector donde ocurre”. Además de lo anterior, Mauricio Merino plantea tres formas de entenderla: una individualista, donde la falta de cualidades morales de una persona la vuelve corrupta; una burocrática, donde la corrupción se entiende como una serie de actos comprobados que violentaron reglas y deben ser sujetos de una sanción y una reparación, y una colectiva, es decir, por medio de una acción concertada se busca capturar distintos espacios de poder en las instituciones de gobierno para beneficio de un grupo de personas.
En la actual administración se habla mucho sobre el combate a la corrupción y los costos que se ahorran cuando se abate; sin embargo, en los hechos no existe una política coherente, pues hay un énfasis en una visión individualista. Se entiende como un medio y no un fin. La corrupción se usa como un elemento discursivo que permite ejercer control político y, para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, se ha tratado de debilitar a partidos rivales por medio del golpeteo discursivo.
Los ataques a instituciones disidentes
Miguel Alfonso Meza realizó una sistematización de los ataques a los órganos autónomos que resulta útil para este estudio. En ésta, enlista quince órganos autónomos que han sido blanco de seis tipos de ataques: golpes mediáticos, propuesta de desaparición o de cese de autonomía, recorte presupuestal, captura institucional parcial o total, bloqueo de nombramientos, y desaparición. Meza manifiesta todo lo anterior en la siguiente gráfica:
Meza, Miguel Alfonso, “La guerra contra los autónomos”, Letras Libres.
Preocupa también que, adicionalmente a los ataques recibidos, existe un volumen significativo de trabajo todavía sin resolver y que tiene una particular carga política. De las doce acciones de inconstitucionalidad por minoría parlamentaria que ha ejercido el bloque de contención desde 2018 (incluyendo hasta este momento la presentada en contra la Ley de la Industria Eléctrica), sólo se han resuelto dos. Estos temas de difícil resolución únicamente se agravan con el tiempo: la ausencia de sentencias pone en tela de duda la confiabilidad e independencia de la Corte y la presionan, facilitando los intentos de captura y ataques por parte del Ejecutivo.
Conclusiones
Los cambios durante la primera mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido un conjunto complicado de acciones que se dan en el contexto de un entramado institucional de gran complejidad, por lo que no resulta posible hacer una predicción precisa de lo que pudiera suceder. Sin embargo, es importante tener en cuenta los resultados de la jornada electoral intermedia de 2021: por un lado, Morena perdió siete de dieciséis alcaldías en la Ciudad de México y mantuvo, por un margen pequeño, la mayoría en el Congreso local. El PRI, por otra parte, perdió ocho gubernaturas, las cuales fueron obtenidas por Morena o sus aliados; pero, a su vez, el partido gobernante perdió por sí mismo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, la cual sólo puede lograr en conjunción con el PT y el Verde Ecologista. Es decir: todos ganaron y todos perdieron.
En la Cámara de Diputados, Morena tendrá que turnarse la presidencia de la Junta de Coordinación Política con la segunda y tercera fuerza, PAN y PRI respectivamente, en el periodo legislativo; además, tendrá que negociar con el PT y el PVEM para aprobar legislaciones, y con otras fuerzas para poder lograr reformas constitucionales. Si bien esto puede limitar el alcance o velocidad del rediseño en curso, no constituye un freno. La forma que tenga el Estado mexicano en 2024 está pendiente.
Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; maestro y doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley
