Cuando alguien quiere ver las conferencias mañaneras del presidente, una de las opciones más prácticas es abrir la cuenta de Twitter de Andrés Manuel López Obrador y ver la transmisión en vivo. En estos videos, de vez en cuando en la parte superior derecha aparece una leyenda que invita a visitar su canal de YouTube, su página de Facebook y una página de internet: www.lopezobrador.org.mx.
Esta dirección personal, que es el sitio oficial de López Obrador según consta en la propia página, es la fuente de información más rica con la que contamos los ciudadanos para saber qué piensa, qué declara y qué hace el titular del Ejecutivo. En ella se encuentran boletines de prensa recurrentes, documentos, transcripciones de sus conferencias y discursos, fotografías, videos o audios en mayor cantidad y calidad que en la propia página oficial de la Presidencia.
Por casi dos décadas, ésta ha sido la página a través de la cual AMLO ha difundido información sobre su trabajo al frente del Gobierno del Distrito Federal, sus múltiples campañas electorales, las actividades que realizaba cuando fue “Presidente Legítimo” o las acciones, críticas y publicaciones que realizaba. Como un sitio personal, en esta página puede existir cualquier cosa que López Obrador desee colocar ahí, de no ser por un pequeño detalle: actualmente su operación no se paga del bolsillo personal del presidente, sino del presupuesto público. Esto es una ilegalidad.
El primer elemento que hay que tener en consideración es lo que señala la Constitución. De acuerdo con el artículo 134, la propaganda que haga el gobierno, bajo cualquier modalidad de comunicación social, en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La única excepción a esta regla está en el artículo 14 de la Ley General de Comunicación Social, que lo permite para los informes anuales de labores de los servidores públicos en la semana previa y posterior al evento en cuestión. Más allá de este periodo, la idea detrás de esta normativa es clara: los recursos públicos no deben ni pueden ser utilizados para la promoción individual de una persona.
Esto es lo que dice la ley, pero, como reza el dicho, “hecha la ley, hecha la trampa”. Basta recordar la inundación de publicidad de exgobernadores que ponían espectaculares por todo el país anunciando libros de su autoría o apareciendo en portadas de revistas, con lo que podían decir que no se trataba de campañas con recursos públicos, sino privados. Igual el caso del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien consideró que todos los capitalinos debíamos enterarnos de su informe de gobierno y tapizó con su rostro toda la Ciudad de México en 2013. Pero quedémonos con que, en teoría, respetar la ley implicaría que la comunicación de los gobiernos sea completamente institucional, sin hacer publicidad personal de ningún funcionario público.
En el caso del presidente, hay una gran cantidad de problemas debido a que un boletín de prensa sobre un evento en el que participa, naturalmente, debe mencionar su nombre, así como las transmisiones de sus múltiples conferencias y eventos. Pero esta comunicación debe hacerse institucionalmente. Por ello, desde 1988 se creó una Oficina de la Presidencia de la República encargada de las actividades del presidente, así como de comunicar las actividades del titular del Ejecutivo desde una perspectiva de Estado.
Todos los presidentes han tenido la tentación de dejar su huella en cada acción de gobierno, logro o resultado y, ante la prohibición legal de utilizar su nombre, también encontraron su manera de intentar marcar su legado. Los eslóganes que se colocaban en todos lados, como «Mover a México» (Enrique Peña) o «Vivir Mejor» (Felipe Calderón), no son sino un sello personal del presidente. Sin embargo, pocos políticos en México han logrado hacer de su nombre una marca tan exitosa como Andrés Manuel López Obrador, por lo que la fuerza de esta identificación ha desbordado los límites que impiden la promoción personal con recursos del erario.
Cuando inició el “Censo para el Bienestar” en el período de transición, por ejemplo, los Servidores de la Nación” que se encargaron de recorrer el país lo hicieron con identificaciones, ropa y materiales en los que el nombre del presidente electo ocupaba un lugar destacado. Cuando aún no ocupaba oficialmente un cargo público, estas acciones aún estaban dentro de la ley, pero al menos cuando el censo pasó por las puertas de mi casa, ya era enero de 2019.
Esta diferencia, entre la posibilidad de publicitar a una persona mientras no sea un funcionario público y la prohibición de hacerlo con recursos públicos una vez que toma posesión del cargo, llevó a que el INE resolviera, en diciembre de 2018, que López Obrador –ya como presidente en funciones– no podía aparecer en los spots que Morena difundía desde julio, en los que aparecía agradeciendo los votos de los ciudadanos y señalando que gobernaría para todos. La preeminencia del hoy mandatario en la comunicación del gobierno también llevó al INE a suspender la transmisión de las conferencias mañaneras en los estados en que se celebrarían elecciones el 2 de junio de 2019; aunque, en este caso el argumento principal fue que estas transmisiones podrían violar el artículo 41 de la Constitución, al considerarse como propaganda gubernamental que afectaría la equidad de las contiendas.
Otra de las formas en las que el presidente ha utilizado su marca personal para tener una extraordinaria presencia nacional es la entrega de los diferentes programas sociales que forman parte de sus “Programas Integrales de Bienestar”. Lo anterior es evidente si consideramos que, hasta el 18 de junio de 2019, el presidente había realizado 67 eventos de entrega en diferentes puntos de la República, siendo sólo seis los estados a los que no ha acudido para realizar estas ceremonias al mismo tiempo que hay algunas entidades, como Chihuahua, Veracruz o el Estado de México, con cinco o más ceremonias.
De manera sucinta, en estas entregas varios de los beneficiarios suben al escenario para recibir sus tarjetas directamente de las manos de López Obrador, darle un abrazo y tomarse una foto con él, para concluir con un largo mensaje presidencial. Para alguien que en su momento declaró que se acabarían con los apoyos públicos para las organizaciones filantrópicas para evitar presumir con sombrero ajeno, resulta contradictorio, por decir lo menos, disponer de los recursos de la nación como si vinieran de su persona.
En los casos relatados hasta aquí, el presidente ha ido empujando los límites al ocupar una posición de protagonismo, pero aún dentro de los márgenes de la legalidad. Todo cambia cuando regresamos a esa página mencionada al principio, que para no dejar lugar a dudas, utiliza los dos apellidos del mandatario: www.lopezobrador.org.mx.
El sitio de internet, de acuerdo con la información de su registro, fue creado el 3 de agosto de 2004 por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que hoy es el superdelegado del gobierno federal en el estado de Guerrero. Sobre su operación actual, el contacto administrativo y de facturación es Gabriel García Hernández, que obtuvo un asiento en el Senado para esta legislatura, pero pidió licencia para ir a la Oficina de la Presidencia de la República como el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo.
Por sí misma, esta información no es evidencia de ninguna ilegalidad, ya que sólo muestra que funcionarios cercanos al presidente administraron su página en el pasado. Pero, dado que la página sigue actualizándose de manera recurrente y alimentándose de material producido desde el gobierno, es muy probable que esta cercanía hubiese saltado a la violación flagrante del artículo 134 constitucional.
Para verificarlo, fue realizada una solicitud de información a la Oficina de la Presidencia para conocer la unidad o área responsable de la actualización y mantenimiento del sitio de internet oficial del presidente de la república, así como el presupuesto correspondiente para dicha tarea. La respuesta oficial fue un tanto críptica, ya que se declaró la «inexistencia de la información» debido a que «no se identificó evidencia documental» sobre erogaciones al respecto en la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la Dirección General de Tecnologías de la Información ni en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. En teoría, no hay ningún dato en estas áreas que indique el uso de recursos públicos para el funcionamiento de la página personal de López Obrador, salvo por un párrafo escrito por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República:
“…El área responsable de la actualización del sitio internet oficial del Presidente de la República (www.lopezobrador.org.mx) depende de la Dirección General de Comunicación Digital del Presidente. Son dos las personas las encargadas de su mantenimiento y actualización, un jefe de departamento y un enlace…”.
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A pesar de que aparentemente nadie en el gobierno paga para operar dicho sitio personal, sí hay funcionarios públicos encargados directamente de su mantenimiento y actualización. Entonces, en la comunicación social de la Oficina de la Presidencia de la República se destinan recursos para la promoción personalizada, ya que, en lugar de tener un formato institucional, el sitio y los materiales producidos se encargan de utilizar el nombre del presidente como una marca que se estampa en todos los lugares posibles, empezando por el encabezado del propio sitio y terminando en la continua referencia a visitar esta página, así como otras páginas personales, en las cuentas oficiales. De esta manera, Andrés Manuel López Obrador ha logrado encontrar una manera de continuar una promoción personalizada en la que, en lugar de actuar y comunicar como un Jefe de Estado, lo hace como si aún fuese un ciudadano que se publicita a sí mismo, con el detalle de que lo hace a costa del erario, vulnerando lo establecido en la Constitución.
En diferentes ocasiones AMLO ha dicho que ya no se pertenece. Probablemente esto es cierto, aunque, en lugar de ser utilizado para argumentar que él se debe únicamente a la voluntad del pueblo, tal vez la mejor manera de pensarlo es que ahora, bajo la investidura de la Presidencia de la República, sus acciones ya no pertenecen a la esfera de lo privado y ahora deben ajustarse estrictamente a las leyes. En el pasado, el cultivo de su nombre como una marca le permitió ser reconocido como ningún otro político y utilizarla para potenciar a su movimiento, así como candidatos afines, pero ahora debe recordar la máxima juarista que tanto gusta citar: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Leonardo Núñez Gonzalez
(@leonugo)
