l conteo de personas desaparecidas en México inició en 1962. Desde entonces y hasta el día de hoy, hay 111,010 personas desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). El promedio diario de personas desaparecidas ha aumentado considerablemente desde 2006; sin embargo, durante el actual gobierno ha crecido a una mayor velocidad que en sexenios anteriores. Mientras que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa desaparecieron en promedio 8 personas cada día, en lo que va del mandato de Andres Manuel López Obrador desaparecen en promedio 26 personas.
El 24 de agosto de 2023, la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Karla Quintana presentó su renuncia al presidente de la República. En una carta enviada al presidente López Obrador, señaló que el motivo de su renuncia fue por los “contextos actuales” en materia de desapariciones. Este texto en realidad no ofrece ninguna explicación satisfactoria. Aún está pendiente detallar, como ejercicio mínimo de rendición de cuentas, si la renuncia estuvo motivada por diferencias metodológicas sobre el registro de desapariciones o cuál fue la razón para presentar la renuncia.
Ese mismo día en la conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que se está trabajando desde distintas instituciones del Gobierno Federal, como la Secretaría de Seguridad Pública, así como con los Servidores de la Nación, una estrategia para rehacer el censo de personas desaparecidas en México. Es importante mencionar que cuando hablamos de desapariciones encontramos tres principales problemas. Uno de ellos es, en efecto, el registro de desapariciones; pero también existen la impunidad y la falta de reparación del daño.
Para justificar su actuación ante el creciente número de desapariciones, el Gobierno Federal afirma que el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ha aumentado 161 veces de 2018 a 2023. Es cierto que ha aumentado, sin embargo, también es cierto que, desde 2019 no se ha ejercido en su totalidad el monto asignado en el presupuesto de cada año. Es decir, hay una diferencia importante entre lo que se aprueba año con año contra lo que realmente se paga. En promedio, por cada 100 pesos que se asignaron a la CNBP entre 2019 y 2022, solo se gastaron en realidad 42.
Si bien el componente presupuestal es uno de los principales indicadores de las prioridades de los gobiernos, las reasignaciones de recursos públicos también lo son. No basta con aumentar el presupuesto público, si durante el año el gobierno va a retirarle recursos a la Comisión.
Aumentar el presupuesto sí puede resolver uno de los problemas con la búsqueda de personas desaparecidas, como lo es tener más capacidades para la búsqueda, pero la parte de impunidad queda pendiente como trabajo de las fiscalías estatales y locales. Más presupuesto no garantiza menos impunidad. La falta de justicia y de resolución de cada una de las desapariciones obliga a las familias de víctimas a salir día con día a buscar a los suyos.
Son mujeres principalmente quienes encabezan las búsquedas de sus desaparecidos y desaparecidas. Son madres, hijas, esposas y hermanas quienes están al frente de colectivos de búsquedas de personas, quienes día con día buscan a los que un día salieron de sus casas y no se supo más de ellos. En México, hay más de 100 colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas. Estos grupos actúan ante la impunidad que reciben por parte de un Estado incapaz de dar justicia a sus desparecidos y reparar los daños que provocan en sus familias.
El registro de personas desaparecidas actualmente lo lleva la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, esta información no coincide con el número real de personas desaparecidas porque muchas de las desapariciones no son reportadas ante las fiscalías. Por ello, a pesar de que sí haya un sistema de registro de personas desaparecidas, el número de denuncias es inferior. En un país donde las carpetas en las fiscalías o procuradurías tienen más de 95% de probabilidad de quedar impunes, no todas las desapariciones son reportadas o denunciadas.
El presidente afirma que en un par de meses el censo de personas desaparecidas se actualizará. A pesar de ello, de acuerdo a distintos pronunciamientos públicos de familias buscadorases necesario que el gobierno justifique cada una de las modificaciones del número de personas quitadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De igual forma, la exigencia de atención a las familias y colectivos es una deuda que tiene el gobierno pendiente. Hasta hoy, López Obrador no se ha reunido una sola vez con ningún colectivo de víctimas nacionales.
La opacidad en los registros como lo han denunciado distintos colectivos de búsqueda, dentro de lo que destaca registros duplicados, falta de verificación de la información cargada así como fiscalías que no actualizan información, así como la transparencia en el uso de recursos públicos es otro de los problemas de este gobierno. La transparencia es una obligación para la ciudadanía tanto en el registro, para un seguimiento de cómo funciona la política de combate a desapariciones y búsqueda de personas como en el uso de los recursos públicos de la CNPB.
Aunque actualicen el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el gobierno tiene la responsabilidad y urgencia de la búsqueda, justicia y verdad para cada una de las familias de personas desaparecidas en México.
