¿Cómo afecta la política de competencia al bienestar?

Con la denominación falaz de Simplificación Orgánica, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso extinguir órganos del Estado que son importantes para el bienestar ciudadano y que garantizan sus derechos. La propuesta, en realidad, es una alteración radical de la estructura constitucional y operativa del Estado. Más allá de la retórica, fortalece al poder ejecutivo a costa de debilitar las capacidades del Estado. Al evaluar esta iniciativa en conjunto con el resto del Plan C, se vislumbra una regresión histórica: un poder judicial politizado, militarización reforzada, transparencia a modo, debilitamiento tanto de la capacidad reguladora del Estado en los mercados, como en su compromiso con los derechos humanos. En particular, al proponer la extinción de la Comisión de Competencia (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la iniciativa plantea un salto al vacío. Sin ningún fundamento razonable, descarta un modelo probado y con efectos positivos para el bienestar social que han sido demostrados, por ejemplo, por una evaluación independiente realizada por la OCDE en 2020. 

En su lugar, la propuesta del oficialismo ofrece un modelo deficiente, indefinido y no orientado a garantizar el bienestar. Su justificación es vaga e ideológica, al grado de parecer una mera excusa. La iniciativa acusa a estos órganos de ser instrumentos del neoliberalismo, cuando sus acciones han sido claves para fortalecer la regulación del Estado sobre los mercados. Otra justificación es que se busca recortar el gasto del gobierno, pero a toda costa y sin un  previo análisis costo-beneficio. La propuesta no ofrece evidencia de por qué transferir facultades al Ejecutivo disminuirá gastos, menos aún sobre cómo se aseguraría el pleno cumplimiento de las funciones ahora centralizadas.

Sobre la autonomía constitucional de los reguladores económicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho lo siguiente: 

Partiendo de esta lectura de la ley por parte de la  Suprema Corte, una valoración objetiva de la propuesta de reinsertar a los órganos reguladores en la esfera de competencia del Ejecutivo debe considerar cuatro criterios: 

En muchos otros países, existe un consenso en que los reguladores económicos requieren de una alta especialización técnica para enfrentar problemas complejos, así como en que estos reguladores deben enfocarse en el bienestar del consumidor. Además, su imparcialidad debe estar fuera de toda duda, a fin de asegurar un entorno de negocios propicio a la inversión. El diseño de estas instituciones debe asegurar que no cedan a las presiones de las empresas reguladas, pero tampoco a intereses políticos, por lo que su evaluación debe centrarse en el beneficio social generado por cada peso invertido en su presupuesto.

El siguiente cuadro compara las características de la Cofece y el IFT con lo poco que se ha definido de de las unidades administrativas que los reemplazarían.

En el diseño actual, los miembros de sus órganos de gobierno están sujetos a una selección técnica rigurosa para luego ser sometidos al Ejecutivo y al Senado. Además, la cámara de diputados debe garantizar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de sus funciones y los órganos deben mantener protocolos estrictos de separación entre investigación y resolución. En ambos organismos existen reglas de contacto con las empresas reguladas y restricciones que han sido efectivas para evitar la captura regulatoria. Han adoptado un servicio civil de carrera que garantiza la preparación técnica del personal, una condición indispensable para una acción pública efectiva y capaz de incidir en los mercados. 

Estos órganos cuentan con la facultad para presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte, lo que permite un escrutinio de posibles normas y actos anticompetitivos tanto del legislativo como del ejecutivo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo Federal puede presentar denuncias si observa prácticas monopólicas en cualquier mercado, denuncias que se procesan de manera preferente. Los reguladores informan tanto al ejecutivo como al legislativo de sus actividades, lo que fomenta un diálogo sobre el avance de la política de competencia y la regulación. 

El diseño de los reguladores económicos se ha traducido en beneficios concretos y significativos para los consumidores durante poco más de una década de su operación. Las tarifas de la telefonía celular se han reducido sustancialmente, prácticas monopólicas en muy diversos mercados han sido detectadas y sancionadas, las empresas han adoptado programas para cumplir cabalmente con la legislación de competencia. El capitalismo de cuates poco a poco se venía desmontando pese a la resistencia de los poderes tradicionales. 

Ni el Ejecutivo ni la muy limitada discusión legislativa han dejado claro el modelo que sustituiría a los reguladores. No obstante, su dependencia respecto del Ejecutivo los volvería vulnerables a la captura regulatoria, inducirá  discrecionalidad por encima de los criterios profesionales para  tomar decisiones y propiciaría una pérdida considerable de talento. Sería imposible, por ejemplo, impugnar normas y actos anticompetitivos de los poderes públicos. El retroceso en la capacidad de regular los mercados sería catastrófico: toda decisión podría ser cabildeada ante las secretarias en lugar de estar sujetas a criterios objetivos; toda resolución será sospechosa de un sesgo político. Este retroceso será un obstáculo más en la revisión del T-MEC en 2026 y en nuestra relación comercial con América del Norte.

Finalmente, habría que destacar lo que está en juego. En 2014, antes de que existieran estos órganos reguladores, las familias en México perdían, en promedio, 16% de su bienestar a causa de rentas monopólicas; en el caso de los más pobres, el 30%. Este “impuesto monopólico” era claramente regresivo. Ese es el reto de una política efectiva de competencia. Al respecto, el proyecto no dice nada. Busca simplemente centralizar el poder en el Ejecutivo Federal, sin considerar el bienestar social. El costo no será trivial.