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El gobierno mexicano tiene 45 días – plazo que vence el 22 de julio – para detener el flujo de migrantes centroamericanos en su camino al norte. Así se comprometió el canciller Marcelo Ebrard con el presidente Donald Trump.
Desde octubre del año pasado, cuando pasó por México la primera caravana migrante, el éxodo de centroamericanos sólo ha crecido. Unas diez mil personas cruzaron en las varias caravanas de finales de año. El gobierno mexicano les otorgó permisos de estancia temporal por razones humanitarias y de trabajo.
En enero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunciaba un plan de migración ordenado y seguro en el que los migrantes que quisieran quedarse en México podrían hacerlo legalmente y quienes lo usaran como país de paso estarían registrados. “Es hora de que los derechos humanos que exigimos, sean respetados a nuestros connacionales en los Estados Unidos y en cualquier otro país del mundo, y también, sean respetados por el gobierno mexicano”, dijo Sánchez Cordero el 7 de enero.
Esa declaración ha sido vista como una de las causas del crecimiento del flujo de migrantes. Más de 444 mil hondureños, salvadoreños y guatemaltecos han sido detenidos al cruzar la frontera con Estados Unidos en los primeros cinco meses del año, casi 3 mil por día. La cifra se ha quintuplicado: en 2018 el promedio de detenciones de la Patrulla Fronteriza era de 620 por día.
La gran mayoría, si no es que todos esos centroamericanos habrían cruzado por México. México sólo detuvo a 35 mil 52 centroamericanos en los primeros cuatro meses del año, unos 300 por día. Ahora, en la negociación de Ebrard con la administración de Trump, según el diario estadunidense The Washington Post, el gobierno mexicano se comprometió a detener dos mil migrantes por día.
A continuación una radiografía de las agencias mexicanas que lidiarán con este reto.
En los últimos diez años México ha detenido casi tantos hondureños y guatemaltecos como la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (esto no incluye deportaciones al interior de Estados Unidos). México incrementó las aprehensiones y detenciones a partir de la crisis de niños migrantes de 2014.
Hasta hace unos meses, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados estiraba recursos para procesar peticiones de asilo a los centroamericanos.
Pocos quieren quedarse en México, pero aún así, en cinco meses de este año se han recibido el mismo número de peticiones de asilo de hondureños que en todo 2018, cuando ya de por sí se habían triplicado respecto al año anterior.
Además hay 11 mil 922 centroamericanos peticionarios de asilo en Estados Unidos que por el acuerdo Migration Policy Program o Remain in Mexico han sido regresados a México para que esperen en México mientras un juez resuelve si les otorga el asilo en Estados Unidos, un proceso que en 2018 duró en promedio 578 días.
La oficina mexicana encargada de procesar peticiones de asilo, de dar información, de atender peticionarios, la Comar, opera con muy poco. Tiene en su nómina 48 empleados – ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, le paga otros 102 trabajadores. La Comar tiene oficinas en sólo cuatro ciudades del país, todas en el sur. ACNUR le dio recursos para abrir oficinas en Tijuana, Monterrey y Palenque pero aún no están operando.
Este año la Comar tiene 20.8 millones de pesos de presupuesto. Las autoridades han prometido aumentar esos recursos.
El Instituto Nacional de Migración también tiene menos dinero que en años anteriores. El Congreso le aprobó mil 300 millones de pesos, cuando el año pasado gastó 6 mil 248 millones. Es decir, de cada peso que el INM gastó, hoy sólo podría gastarse 21 centavos.
No se sabe cuántos agentes en campo tiene el Instituto Nacional de Migración, cuántos de ellos procesan migrantes o cuántos pueden detenerlos, tampoco cuántos están armados. De las 5797 plazas del Inami, no es público cuántas están ocupadas ni cuántos son cargos administrativos.
El canciller Ebrard anunció el 12 de junio que habría 825 agentes migratorios en la frontera sur -no está claro si son nuevas contrataciones. Además de los seis mil elementos de la Guardia Nacional enviados a la frontera sur, el Inami tendría 825 agentes para detener a decenas de miles de migrantes.
Otro tipo de agentes, los Beta, un grupo creado en 1990 para apoyar a migrantes y evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada, son 116 en todo el país. Hay grupos Beta en 22 ciudades del país, unos 5 agentes por punto.
Una vez que los migrantes son detenidos en México, pueden ser regresados a su país de origen o resguardados en una estación migratoria mientras se resuelve su situación jurídica.
El trámite de asilo puede tardar 45 días hábiles, plazo que puede extenderse a 90, unos cuatro meses y medio. El Inami tiene 58 estaciones migratorias y estancias provisionales, cinco de ellas cerradas. Algunas en lugares como Los Cabos, Baja California Sur, por donde no pasan los migrantes centroamericanos. Sólo hay 4 mil 11 espacios para que el gobierno mexicano hospede a migrantes en detención. Si como se espera, hay dos mil detenidos por día, las estaciones migratorias se llegarían en dos días.
Desde 2008, el gobierno mexicano ha recibido recursos de Estados Unidos a través de Iniciativa Mérida.
Aunque no está claro cuánto ha sido destinado a la frontera sur o al Instituto Nacional de Migración hay reportes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos de que al menos 100 millones de dólares han llegado etiquetados para entrenamiento y equipo para asegurar la frontera sur.
Este año México recibió 145 millones de dólares, unos 2, 900 millones de pesos, más del doble del presupuesto aprobado este año para el Instituto Nacional de Migración. Eso además de los recursos del Programa de Financiamiento Militar Extranjero que Estados Unidos da a México.
