A pesar de que la corrupción es un problema ampliamente reconocido en América Latina, de acuerdo con el último informe del Latinobarómetro 2021 solo 29% de la población de la región considera que hubo un progreso en la lucha anticorrupción durante 2020. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción, el soborno, el robo y la evasión de impuestos cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares cada año a los países en desarrollo. Esto representa una amenaza para su economía, pues menoscaba la libre competencia y desalienta la inversión, el comercio y las oportunidades de desarrollo y prosperidad de sus ciudadanos.
Desde 2015, con la firma de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional ha marcado la pauta para hacer de esta lucha una prioridad en las agendas de todos los Estados. Este compromiso quedó plasmado en el objetivo dieciséis: “paz, justicia e instituciones sólidas”, el cual exige la promoción de sociedades inclusivas que proporcionen acceso a la justicia para todas y todos, así como que cuenten con instituciones eficaces. Entre las metas de este objetivo están la “reducción de la corrupción y el soborno en todas sus formas” y la “creación de instituciones transparentes con rendición de cuentas”. Este compromiso podría considerarse vital incluso para el cumplimiento de los dieciséis objetivos restantes. Sin importar si hablamos de pobreza, alimentación y salud, educación, protección del medio ambiente o igualdad de género, la corrupción eleva los costos y retrasa los avances.
Conforme la discusión internacional sobre corrupción ha ganado fuerza, se ha reconocido que, para desarrollar estrategias que permitan prevenir y combatir la corrupción, es necesario tener un enfoque integral que involucre a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Una estrategia que no involucre a todos los sectores de la sociedad está destinada a fracasar.
Una de las iniciativas más destacables de cooperación en la región —que, además, ha conjuntado los esfuerzos de los diversos sectores sociales— es la Alliance for Integrity de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Desde 2016, Alliance for Integrity ha organizado anualmente la Semana Regional de Integridad Empresarial, un evento que reúne a múltiples organizaciones y expertos de distintos países de Latinoamérica para debatir acerca de las nuevas perspectivas, enfoques y estudios que pueden adoptarse en el sector privado para fortalecer la lucha contra la corrupción.
Este año, el evento se llevó a cabo durante la última semana de octubre en conjunto con la organización Pacto Global Red Colombia. La agenda se centró en la transversalización de la integridad empresarial con enfoque de género y derechos humanos, así como con miras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como parte del trabajo de esta iniciativa, en marzo de 2021 Alliance for Integrity formó el grupo de trabajo binacional entre México y Colombia sobre género e integridad empresarial. Este grupo de trabajo reunió a 35 organizaciones de ambos países provenientes de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil. Estas organizaciones se enfocaron en generar herramientas y fomentar la adopción de una perspectiva de género en los esfuerzos anticorrupción del sector privado en la región. A través de reuniones virtuales periódicas, cada subgrupo desarrolló un producto o herramienta con el fin de contribuir al debate y a la adopción de nuevos compromisos empresariales para disminuir los sesgos al interior de las empresas respecto a sus políticas de integridad.
Durante la inauguración de la Sexta Semana Regional de Integridad, se presentaron tres trabajos: una guía para asegurar la perspectiva de género en los programas de integridad, material de difusión para sensibilizar sobre la relación entre género y corrupción y, finalmente, talleres de negociación con ética dirigidos a mujeres.
Guía para asegurar la perspectiva de género en un programa de integridad empresarial
El primer subgrupo de trabajo desarrolló una guía práctica para asegurar la perspectiva de género en todos los esfuerzos de cumplimiento de normas (compliance en inglés), así como en los programas de integridad empresarial y códigos de conducta. Esta guía cuenta con ejemplos prácticos de cómo integrar principios de igualdad de género. Asimismo, ofrece información sobre cómo reclutar sin sesgos y sin discriminación, además de recomendaciones para sensibilizar a los integrantes de la organización en todos los niveles a través de cambios en la cultura organizacional. En lo que toca a las políticas de integridad de las empresas, este documento ofrece mecanismos para incorporar una perspectiva de género y de derechos humanos, así como elementos para reducir las brechas de género y estrategias para sensibilizar a las personas sobre el hostigamiento sexual y el acoso, con énfasis en los sistemas de denuncias y la protección a denunciantes.
La guía presenta también un modelo de evaluación y monitoreo, así como indicadores de compliance con ejemplos claros para facilitar la evaluación del desempeño en este rubro. La guía puede ser consultada en este enlace.
Sensibilización sobre la relación género y corrupción
El segundo grupo de trabajo se enfocó en desarrollar un material que englobara la importancia del estudio de la corrupción con perspectiva de género: cómo y por qué la corrupción afecta a las mujeres de forma distinta que a los hombres, por qué agudiza las desigualdades de género preexistentes y qué pueden hacer las empresas y el sector privado para revertirlo. El resultado de este ejercicio se puede encontrar en la siguiente infografía.
De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales, es más probable que las mujeres sean extorsionadas para recibir un servicio al que tienen derecho a cambio de un favor sexual. Solo en México, 20% de las personas en una encuesta reconocieron haber sido víctimas de esta forma de corrupción, denominada sextorsión. Las encuestas también sugieren que las mujeres tienden a pagar montos más altos en sobornos por servicios como salud y educación.
Talleres de negociación con ética y perspectiva de género
Por último, el tercer subgrupo desarrolló una serie de talleres dirigidos a mujeres emprendedoras de México y Colombia que se llevaron a cabo del 4 al 8 de octubre. En estos espacios, especialistas en la materia hablaron sobre sesgos inconscientes en las negociaciones y sobre las masculinidades, el acoso y la sextorsión en el ámbito laboral.
En los días subsecuentes, el evento reunió a expertas y expertos de los sectores público y privado y de la sociedad civil procedentes de Argentina, México, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay, quienes presentaron sus perspectivas, avances y experiencias en su estudio sobre la integridad de sus países.
Este tipo de alianzas desde la sociedad civil son fundamentales para continuar con la lucha contra la corrupción y fortalecer y diseñar estrategias efectivas que nos permitan acercarnos cada vez más a las metas de la Agenda 2030.
Claudia Torres
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
