La investigación publicada por Aristegui Noticias bajo el nombre Televisa Leaks reveló más de cinco terabytes de comunicaciones internas de la empresa Televisa, que evidencian una maquinaria sistemática de desprestigio, corrupción y manipulación mediática activa desde, al menos, 2018 y vigente hasta 2024. El material incluye videos, guiones, chats y documentos que muestran cómo, desde la sede de la que se presenta como la “mayor compañía productora de contenido audiovisual en el mundo de habla hispana” (según su artículo en Wikipedia), se diseñaron campañas dirigidas a desacreditar voces críticas y enemigos políticos o, por el contrario, proteger intereses corporativos, económicos y políticos de aliados y clientes.
Estas operaciones fueron llevadas a cabo por el equipo Palomar, encabezado por Javier Tejado Dondé y operado en colaboración con la empresa Metrics to Index —la cual, por cierto, también ha sido contratista de varios gobiernos estatales y dependencias federales—. La red de propaganda resultante podría haber incurrido en posibles violaciones a derechos humanos y por prácticas que constituyen actos de corrupción muy graves.
En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Jean renunció a la presidencia de Televisa en medio de una investigación abierta en Estados Unidos, relacionada con presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra de derechos de transmisión de los mundiales de fútbol entre 2018 y 2030. En este punto es relevante preguntarse si habrá información en los 5 terabytes entregados a Aristegui que permita a las autoridades norteamericanas incrementar sus pruebas y consolidar su investigación. Será algo que veremos en los siguientes meses o años. Lo que sí es claro desde ahora es que, a diferencia de lo que sucede en otros países con mayor fortaleza institucional, Televisa Leaks no ha detonado una verdadera conmoción pública en México. Las razones son varias y vale la pena señalarlas.
En primer lugar, existe una resignación generalizada frente a la idea de que los medios de comunicación funcionan más como máquinas de propaganda que como garantes del interés público. La 6ª Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad 2024, elaborada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coloca a los medios entre las quince instituciones con mayor percepción de corrupción. El 76% de los encuestados considera que en los medios hay “algo” o “mucha” corrupción, pero —paradójicamente— un 77% cree que los medios tienen “algo” o “mucha” responsabilidad en su combate.
¿Cómo esperar que quienes están inmersos en el problema sean también los llamados a resolverlo? Es como pedirle al pirómano que dirija el cuerpo de bomberos.
Esta contradicción refleja un problema estructural: la baja integridad de los medios de comunicación debilita su capacidad para actuar como contrapesos del poder político y limita su credibilidad ante denuncias legítimas de corrupción. Como advierte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la integridad en los medios debe entenderse como el conjunto de normas éticas orientadas a ofrecer información veraz, precisa y no tendenciosa. Pero en la práctica, ¿qué significa esto?, ¿cómo se define y evalúa la integridad mediática?
Estas preguntas fueron el punto de partida para un proyecto de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización (ITACDigital), en el que desarrollamos y publicamos una metodología para identificar los elementos que componen el concepto de integridad en los medios. Esto nos permitió generar herramientas para medirla y fortalecerla.
Nuestro modelo identificó ocho variables fundamentales: independencia, veracidad, libertad, respeto, objetividad, transparencia, compromiso público y promoción de valores. Cada una fue definida con base en literatura especializada y en principios internacionales de ética periodística, posteriormente, hicimos una ponderación según su peso relativo¹.
Posteriormente, aplicamos la metodología a 15 medios de comunicación de alcance nacional y obtuvimos su nivel de percepción de integridad. Tres de ellos —Televisa Noticias, La Jornada y Azteca Noticias— obtuvieron calificaciones reprobatorias.
Estos resultados coinciden con las percepciones reflejadas en la encuesta de MCCI y confirman una realidad alarmante: la integridad no puede asumirse como un valor inherente al periodismo mexicano, sino que debe construirse, evaluarse y exigirse activamente.
El caso TelevisaLeaks no solo desnuda una operación de manipulación mediática, sino que plantea una urgencia: establecer estándares mínimos de integridad que los medios deben cumplir para ser considerados actores legítimos en una democracia. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ser más selectivos con las fuentes que consultamos, reducir el consumo de contenidos de medios sin integridad y ejercer nuestro poder como consumidores informados.
Por su parte, las empresas que pagan millones de pesos en publicidad deben evaluar el nivel de integridad de los medios en los que se anuncian, pues no solo su reputación también se ve implicada; sino que están financiando una plataforma de difusión de información con un bajo compromiso con la integridad.
Una última reflexión para el ecosistema de la integridad corporativa y el cumplimiento normativo. Es hora de que el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” se convierta en un verdadero estándar ético, con criterios de exclusión para aquellas organizaciones o directivos que incurran en actos de corrupción, aquí o en cualquier otra parte del mundo.
¹ Mediante la escala de Saaty, que es una forma de comparar dos elementos para saber cuál es más importante.
Sobre la autora:
María de los Ángeles Estrada G.
Directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización, consultora y analista en temas de transparencia y anticorrupción
