Entre los hallazgos de la investigación destaca que a pesar de que el 94% de los desarrolladores entrevistados reconoció haber sido víctima de corrupción, sólo 36% afirmó haber denunciado. Los desarrolladores identificaron a las delegaciones (hoy alcaldías) como las autoridades que más se vinculan con actos de corrupción en el sector inmobiliario. La delegación (hoy alcaldía) con una mayor percepción de corrupción es Gustavo A. Madero y el trámite más propenso a corrupción es el registro de la manifestación de construcción. Los gastos de corrupción por este trámite oscilan entre los $2 y $15 mdp, cualquier resistencia al respecto le puede resultar en un retrado de entre 6 meses y 2 años.
Dentro del estudio, se identificaron varios factores en la regulación que aumentan el riesgo de corrupción en el desarrollo inmobiliario: multiplicidad de trámites -lo que incita la contratación de gestores-, excesiva interacción presencial entre particulares y autoridades, aplicación de criterios discrecionales en la resolución de trámites, participación de múltiples autoridades poco coordinadas en el proceso y falta de conocimientos técnicos en autoridades.
Finalmente, se propusieron acciones para combatir este problema, como la digitalización de trámites, un ejercicio más transparente de los pagos por aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal (art. 300-302) y la intervención de profesionales en la revisión de proyectos, como el caso de la oficina VISA, establecida en el Colegio de Arquitectos. De igual manera, se propusieron acciones colectivas de los desarrolladores como la denuncia.
María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, destacó: “En el sector inmobiliario se ha normalizado la corrupción a tal nivel que quienes la padecen la toleran y hasta justifican, eso se debe combatir y el primer paso es diagnosticarlo. Seguiremos dando los pasos necesarios para terminar con este problema.”
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