2020: Doce mil millones de pesos de irregularidades

• En su segunda entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 12,655 millones de pesos en irregularidades (una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarar.
•  El Gasto Federalizado concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. Las anomalías de esta categoría representan el 85% del total de la segunda entrega de auditorías.
• Sonora, Campeche y Sinaloa concentraron el 40% de los probables daños a la Hacienda Pública presentados en la última entrega de resultados de las auditorías. 
• De las irregularidades en el gasto del Gobierno Federal, 865 millones de pesos fueron en el gasto para desarrollo económico; 658 millones en el gasto para desarrollo social y 325 millones en el gasto de gobierno.

Por Unidad de Investigación Aplicada

La labor fundamental de la Auditoría Superior de la Federación es la vigilancia del uso de los recursos públicos federales. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, es uno de los contrapesos fundamentales para el ejercicio del gasto gubernamental, pues a través de sus diferentes auditorías es posible identificar irregularidades, problemas de diseño, desempeño o francos robos en despoblado, como fueron las empresas fantasma de Javier Duarte o el esquema de La Estafa Maestra.

Recientemente la ASF entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020. Es necesario recordar que antes de 2016, la ASF realizaba una única entrega de sus resultados 14 meses después de que concluía el gasto de un año específico (conocimos los resultados de la Cuenta Pública de 2015, por ejemplo, hasta febrero de 2017).

A partir de la Cuenta Pública de 2016, la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales, una en junio y otra en octubre, junto con una entrega final en febrero del siguiente año. Así, hoy podemos tener una idea de las irregularidades del gasto del año pasado. 

En diciembre de 2020, MCCI reveló que la Presidencia de la República había cedido la limpieza de Palacio Nacional a una compañía de outsourcing que declaraba tener su domicilio fiscal en un mini departamento en Iztacalco, en el que nunca ha operado una empresa. Ahora, una auditoría confirmó que ese contratista ha eludido las prestaciones de sus trabajadores… y aun así le han asignado más contratos.

Por Alejandra Barriguete y Valeria Durán

Una auditoría confirmó que la empresa que el año pasado fue subcontratada por la Presidencia de la República para la limpieza de Palacio Nacional, ha eludido el pago de prestaciones laborales de sus afanadores.

En la Fiscalización de la cuenta pública de 2020, entregada el pasado fin de semana al Congreso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en un contrato otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el proveedor Decoaro y Supervisión SA de CV incumplió con dar Seguro Social a 110 trabajadores asignados para limpiar oficinas públicas, además de haber incurrido en otras irregularidades.

La ASF calificó como “presunta evasora” a Decoaro, por lo que recomendó al IMSS y al propio SAT iniciar una auditoría para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales.

Por Claudia Torres

La última semana de octubre fue la Semana Regional de Integridad Empresarial, organizada por Alliance for Integrity. La integridad, los derechos de género y la perspectiva de género fueron la principal agenda.

Conforme la discusión internacional sobre corrupción ha ganado fuerza, se ha reconocido que, para desarrollar estrategias que permitan prevenir y combatir la corrupción, es necesario tener un enfoque integral que involucre a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general. Una estrategia que no involucre a todos los sectores de la sociedad está destinada a fracasar.