EL NEWSLETTER DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

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1. Un México sin violencia de género

Fotografía: Gabriela López / Agencia Cuartoscuro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación. De acuerdo con el Informe sobre Violencia Contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2021 se registraron 978 presuntos delitos de feminicidios, la cifra más alta de la que tengamos registro. Para julio de 2022 ya se tenían registradas 530 víctimas, las cuales si siguen esta tendencia superarán a las del año pasado. 

Sin embargo, las prioridades presupuestales de 2023 para la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA)—institución encargada de investigar estos delitos— parecen ignorar la magnitud del problema público que representa la violencia contra las mujeres.

2. Un México que apueste por la educación

Fotografía: Carlos Alberto Carbajal / Agencia Cuartoscuro.

La educación es un detonante para la movilidad social porque contribuye a disminuir las desigualdades y a cerrar los caminos del atraso. Hasta 2020 se habían logrado avances paulatinos en los niveles de escolaridad de la población. Un ejemplo de ello es que hasta 2020, los habitantes de 15 años y más tenían 9.7 grados de escolaridad en promedio. Diez años antes, en 2010, el nivel de escolaridad promedio era sólo de 8.6 años.

Sin embargo, es importante mencionar que la pandemia por COVID-19 afectó gravemente  el panorama educativo en México. En este rubro, uno de los mayores retos a los que se enfrenta el país

Actualmente es la deserción escolar. Millones de niños y niñas abandonaron la escuela a raíz de la pandemia y la calidad de los procesos educativos disminuyó drásticamente. De acuerdo con datos del INEGI en la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, 5.2 millones de personas entre los 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos asociados a la pandemia por COVID-19, principalmente por falta de dinero o recursos.

 3. Un México que proteja la salud de su gente

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla un aumento en el presupuesto de salud. Sin embargo, el mayor porcentaje de este aumento se destinará a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, servicios personales e inversiones financieras y otras provisiones. Este crecimiento en los recursos se contradice con dos realidades: la reducción presupuestal en el programa de vacunación y la dudosa efectividad de los recursos públicos invertidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Pese a las protestas que han surgido por las recientes deficiencias en los cuadros básicos de inmunización, el programa de vacunación de este año presenta un recorte del 55% de su presupuesto con respecto al del año pasado. La realidad es que el país se enfrenta a un grave problema con respecto a los esquemas de vacunación de las infancias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), solo el 27.5% de menores de un año cuentan con el esquema completo de vacunación. Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del mismo organismo, han declarado que a pesar de que ha crecido el esquema de vacunación del país, no lo han hecho al mismo ritmo la infraestructura y la inversión en personal necesario para implementarlo. 

Por su parte, el Insabi es la institución que más presupuesto tiene dentro del ramo de salud. No obstante, el CONEVAL registró que la presencia del Insabi realmente no ha significado una mejora significativa en la posibilidad de acceder a servicios de salud, especialmente de las personas que viven en zonas rurale,s debido al desconocimiento sobre la operación en esta institución y a los cambios que han llevado a su desaparición y cambio, por segunda vez en el sexenio, a otro esquema totalmente nuevo a través del IMSS-Bienestar.

4. Un México con seguridad y justicia

Fotografía: Moisés Pablo / Agencia Cuartoscuro.

Nadie puede dudar que México enfrenta problemas fundamentales de seguridad y de justicia que todos los días vulneran la tranquilidad y la vida de millones de personas. Un aspecto central para entender la justicia en el país es el estado de nuestro sistema penitenciario. Mientras el gobierno mexicano ha establecido como prioridad aumentar las capacidades de la Guardia Nacional mediante el traslado a un mando militar, lo que se refleja en un aumento presupuestal de 10% para el año próximo para esta institución (que bajo las reformas actuales será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacionao), en el PPEF 2023 hay una disminución de más 950 millones de pesos para prevención y readaptación social  en centros penitenciarios, lo que equivale a un recorte de cerca del 4%. De igual forma, para el programa presupuestario encargado de la Administración del Sistema Federal Penitenciario se propuso una disminución de más de mil millones de pesos con respecto al presupuesto de 2022, equivalente al 5%. 

En los cambios presupuestarios se reflejan las prioridades del gobierno. La disminución para estos rubros refleja una política que mira hacia otro lado sobre cuando se trata de las condiciones de los cárceles y reclusorios, algo que afecta directamente la vida de miles de personas privadas de la libertad. Mientras que el gobierno defiende un enfoque punitivista penal, basado en la posibilidad de meter a más personas a la cárcel como parte de su estrategia de seguridad, la reducción en presupuesto para atender la readaptación social y la administración del sistema penitenciario evidencia el poco interés que tiene el gobierno federal por atender las enormes deficiencias que hay en las cárceles del país.  

Como evidencia del enfoque punitivista cabe resaltar que, para 2021 las cárceles mexicanas registraron poco más de 92 mil personas privadas de la libertad sin sentencia. Con la figura de prisión preventiva oficiosa, defendida por este gobierno, cada vez hay más personas privadas de la libertad sin que hayan sido declaradas culpables por un juez. Esta figura busca castigar y es claramente violatoria de derechos humanos básicos como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, entre otros. Tanto por la defensa de la prisión preventiva oficiosa como por la reducción en los presupuestos para el sistema penitenciario, México tiene una deuda pendiente con las personas privadas de la libertad.

Otro de los pendientes fundamentales en materia de seguridad y de justicia para México está en la crisis de personas desaparecidas, misma que a su vez ha producido una crisis forense. Hay 105,622 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Al mismo tiempo, las instituciones mexicanas siguen sin tener las capacidades para identificar los más de 52 mil cuerpos que yacen en los servicios forenses en todo el país, según informes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México. Desde 2019 sigue pendiente la exigencia de familias de desaparecidos sobre crear un Banco Nacional de Datos Forenses para agilizar el proceso de identificación genética.

5. Un México que ponga fin a la impunidad 

Fotografía: Diego Simón Sánchez / Agencia Cuartoscuro.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, realizada por el INEGI, no ha disminuido la cifra negra de delitos, que son todos los actos delincuenciales que sufre la población pero que nos denunciados ni perseguidos por la autoridad. De acuerdo con el último dato, solamente 10.1% de los delitos que se cometieron fueron denunciados. Es decir, 89.9% de los delitos simplemente no se reportaron a las autoridades. 

Las dos razones principales por la que la ciudadanía no denuncia los delitos son que lo consideran una pérdida de tiempo y que desconfían de la autoridad. Y los datos les dan la razón, pues de los pocos delitos que sí denuncian, solo en 7 de cada 10 casos se abrió una carpeta de investigación y, de éstas, en 50% de las ocasiones no pasó absolutamente nada y en 27% de las ocasiones el caso sigue en trámite. Es decir, 95 de cada 100 delitos en México quedan en absoluta impunidad. Esta cifra se ha mantenido casi igual por 10 años. 

6. Un México sustentable para las siguientes generaciones 

Fotografía: Iván Stephens. / Agencia Cuartoscuro.

Desde 2012, el Estado mexicano señaló como una prioridad de política pública la mitigación de los efectos del cambio climático al promulgar una ley específica en la materia. Esta ley propone la creación de una política nacional en la que se dediquen recursos económicos y políticos para reducir gradualmente emisiones de contaminantes. La urgencia de implementar políticas públicas para la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático es inminente. Sin embargo, la evidencia del proyecto de presupuesto para 2023 demuestra que el cambio climático no es hoy una prioridad para el gobierno mexicano.

Al revisar el gasto del anexo específico del presupuesto para combatir el cambio climático, llama la atención que los recursos efectivamente gastados para combatir el cambio climático reportan una reducción de 60% entre 2020 y 2021, de 100 mil a 42 mil millones de pesos. También resalta que en 2021, la Cuenta Pública reporta que se gastaron 42 mil millones de pesos, pese a que en realidad estaban presupuestados 80 mil millones, prácticamente el doble. En este rubro, se propone mucho, pero se cumple muy poco.

La situación es incluso peor cuando se compara cuáles son los programas públicos que más recursos reciben para el combate al cambio climático en México. No sólo se gasta poco. También lo que se gasta es cuestionable. Más de la mitad del presupuesto catalogado para combatir el cambio climático en 2023 será para el Tren Maya, un proyecto de ingeniería que, de acuerdo con múltiples organizaciones ambientalistas, podría tener un desproporcionado impacto ambiental sobre los ecosistemas del sur del país. 

Celebrar a México, además de un momento de unidad nacional, es una oportunidad para reflexionar sobre los pendientes y el futuro que imaginamos como país. Los problemas aquí presentados son una muestra de los retos y prioridades que deberíamos poner por delante si queremos vivir y heredar un país más justo, con menos corrupción y sin impunidad. No estamos condenados a ninguna tragedia histórica, mucho podemos hacer al respecto. 

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