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El vínculo entre la corrupción e impunidad con la violencia de género
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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Queridos suscriptores del Newsletter de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El día de hoy lanzamos una innovación de la información que ustedes reciben de manera exclusiva y anticipada.
Hemos trabajado para ofrecerles un formato más atractivo manteniendo, desde luego, el rigor informativo y analítico que caracteriza a la organización. Estamos ávidos de recibir sus opiniones y comentarios sobre este nuevo esfuerzo. Ávidos también a que nos ayuden a que cada vez más personas se suscriban a la Newsletter para fortalecer la difusión del trabajo de MCCI.
Inauguramos esta nueva etapa del Newsletter con una entrega sobre el preocupante vínculo entre la corrupción e impunidad con la violencia de género. Desgraciadamente, la violencia de género NO para en el país y ni el presupuesto ni las políticas para para contener este terrible problema han dado resultados. Aquí te contamos.
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López Obrador ha asegurado que en ningún gobierno se ha apoyado tanto a mujeres como en el suyo, pero esta afirmación no corresponde a la realidad pues los apoyos gubernamentales no han sido suficientes.
Tanto en 2021 como en 2023, de los casi 100 programas a los que se destinan recursos para contribuir a la igualdad de género, únicamente 13 de ellos están enfocados de forma explícita a políticas en favor de la equidad de género.
Además el Presupuesto de 2023 dedicado a mujeres tuvo reducciones importantes como:
- Las guarderías del IMSS tendrán una disminución de recursos por 534.3 mdp, una reducción de 3.5% al año anterior.
- El presupuesto para el apoyo a madres trabajadoras tuvo una reducción de 4.5%, menos de la mitad de lo que se destinó en 2018.
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En los últimos diez años se han registrado 7,246 feminicidios y menos del 25% de esos crímenes ha terminado en una sentencia condenatoria. En México, la impunidad en los delitos de feminicidio es del 76%. Mientras las autoridades y fiscalías no actúen para garantizar que las denuncias detonarán investigaciones la impunidad seguirá debilitando el Estado de Derecho.
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La buena: La CONAVIM dio un contrato por 2.28 millones de pesos al Instituto Sonorense de las Mujeres para «Atención a mujeres víctimas de violencia en peligro de sufrir feminicidio» debido a que esta entidad cuenta con Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.
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La mala: Los casi 2 millones de pesos que fueron otorgados al Instituto Sonorense de las Mujeres están desaparecidos. El problema fue que no hubo documentación que respaldara las actividades específicas del proyecto ni el cumplimiento de los objetivos. En esta iniciativa se identificaron irregularidades por 1.7 millones de pesos, lo equivalente al 74% del total del contrato de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2021 de la ASF. La falta de mecanismos de control en las contrataciones, que es un problema sistemático en la asignación de recursos públicos, permite este tipo de irregularidades.
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Año con año el gobierno federal demuestra que en el presupuesto destinado a las mujeres se olvidan sus verdaderas necesidades. Por ejemplo, en 2021 el gobierno gastó el doble de recursos en fertilizantes que en proteger a mujeres víctimas de violencia.
No es claro por qué la política pública de fertilizantes forma parte del anexo de género y mucho menos por qué contó con el doble de presupuesto que el Programa de Apoyo para Refugios.
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En México hay 3.2 millones de mujeres con discapacidad, más del 70% han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y de ellas, la mitad ha sido víctima de violencia sexual.
Lamentablemente en lugar de que se lleven a cabo acciones para investigar y sancionar estos actos de violencia sexual, se ha optado por medidas que afectan sus derechos humanos como la esterilización y anticoncepción forzada. Estas medidas, en lugar de protegerlas, atentan en contra de sus derechos sexuales y reproductivos.
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El presupuesto asignado para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es opaco, difícil de rastrear y con datos disonantes, específicamente en años anteriores al 2017, siendo que comenzaron a implementarse desde el 2015. Para el 2021 el Gobierno Federal no reportó el gasto para las alertas en datos abiertos, lo cual dificulta la vigilancia ciudadana y atenta contra la transparencia.
La AVGM en teoría debería ser una plan de acción inmediata, pero en muchos casos su actuación no es oportuna, lo que hace de la alerta una política necesaria, pero no suficiente para atender la violencia de género que persiste en el país.
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