Caso YosStop: aciertos y errores

El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 es Morena, que tendrá que pagar una multa de 373 millones de pesos, equivalente a 17% del financiamiento público federal que recibió del INE en 2021. Le siguen los partidos Redes Sociales Progresistas, con multas por 103 millones de pesos, y Fuerza por México, con 101 millones, partidos que perdieron su registro. 

• Investigación: Leonardo Núñez
• Conducción: Darío Ramírez
• Edición sonora: Gloria Hernández
• Diseño gráfico: Adán Vega

Cuando el coronavirus era una enfermedad que apenas había infectado a 400 personas en Jalisco -en abril de 2020- el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, presupuestó 177 millones de pesos del erario público para los primeros tres meses de operación del Hospital Ángel Leaño –11 por ciento de ese presupuesto se gastó en obras de adecuación, además de 85 millones donados por la iniciativa privada para vestir al hospital con 400 kits que incluían: una cama hospitalaria mecánica, un porta suero con ruedas, una mesa hospitalaria bajo puente, una banqueta de altura y un bote contenedor de basura. 

Alfonso Petersen, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y ex secretario de salud en dos administraciones, encabezó una rueda de prensa el 16 de abril de 2020 en la que lanzó una convocatoria para contratar a 178 médicos que no tendrían prestaciones ni seguridad social.

La prensa local reportó que el Hospital Ángel Leaño estaba listo para recibir pacientes a finales de abril de 2020. Pero un mes más tarde, y sin ninguna explicación, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren anunció un cambio en la estrategia: designó otro hospital Covid exclusivo como parte del Plan de Reconversión Hospitalaria y el Hospital Ángel Leaño dejó de ser prioritario en la atención en Jalisco. Hasta entonces no habían logrado contratar a los 178 médicos que se plantearon y solo lograron reclutar a 87 médicos.

Por Raúl Olmos

El gobierno federal inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados en combate a la delincuencia.

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