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Más ilegalidades desde Palacio Nacional.
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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La ilegalidad en este sexenio ha rebasado todo límite. No sólo por la cantidad de fallos de la SCJN contra las acciones del Ejecutivo y por todas las que están en espera de ser resueltas sino, también, por el desdén del Presidente hacia dichas resoluciones y las de otros órganos autónomos como el Tribunal Electoral (TEPJF), el INE o el Inai.
La semana pasada el Tribunal Electoral, ordenó al presidente López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.
El Presidente aprovecha hasta el último resquicio para violar la legalidad y ganar adeptos mintiendo. A la resolución del Tribunal —hecha pública— respondió en su mañanera que el INE lo quiere silenciar. El asunto es grave por donde se mire.
Tres delitos del Presidente en un solo tiro: yo, el presidente, desacato la orden de un tribunal de última instancia, falto a la verdad y violo los códigos penal y civil aprovechando mi posición de titular del Ejecutivo.
Por si fuera poco, López Obrador solicitó a MCCI investigar supuestas irregularidades alrededor de los contratos de Xóchitl Galvez, deslindándose de la obligación de investigar, denunciar y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes.
En esta edición de nuestro newsletter señalamos varios casos de corrupción que hemos revelado durante su gobierno, y que hasta ahora siguen impunes.
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López Obrador aseguró que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad únicamente realiza investigaciones contra su gobierno, sin embargo, hemos documentado casos de corrupción en cada uno de los gobiernos sin distinguir entre partidos. La evidencia está en nuestro Anuario de la Corrupción, en la edición del 2022 podemos encontrar casos como Segalmex, las irregularidades en la Línea 12, el inexplicable patrimonio de “Alito” Moreno y más.
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Para responder a la violencia machista y feminicida a través de políticas públicas, una de las pocas acciones impulsadas por el gobierno han sido las Alertas de Violencia de Género (AVGM). No obstante, sus fallas en cuanto a diseño, implementación y evaluación, así como un déficit importante en transparencia y mecanismo de rendición de cuentas, las han vuelto insuficientes para atender esta problemática.
Esto lo podemos ver reflejado en que ni los feminicidios ni los homicidios dolosos de mujeres han disminuido en los últimos años.
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En el primer semestre de 2023 se han entregado 61,714 contratos por un total de 355,349 millones de pesos, lo que llama la atención es que los contratos del sector salud presentan serios problemas de transparencia e irregularidades.
Por ejemplo, tres empresas con irregularidades fueron beneficiadas con contratos. En el caso de World Diagnostic S.A de C.V fue contratada por el IMSS y recibió más de 100 mdp en contratos el mismo año que fue creada.
Otro caso es el de Casanova Vallejo S.A de CV que pese a ser inhabilitada por incumplir un contrato de servicio de ambulancias, ha recibido 100 mdp en contratos posterior a su inhabilitación. O el caso de Logística Médica de Occidente S.A de CV que fue inhabilitada por dar información falsa y pese a ello, recibió tres contratos para proveedor de medicamentos contra el Parkinson. Cuando se trata del sector salud, la gravedad en la entrega de contratos públicos va más allá del dinero porque está implicada la salud y vida de las personas.
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Sin importar que se trate de un pequeño emprendimiento o una gran empresa, lo ideal es que cuenten con políticas de integridad y que estas sean claras y accesibles para todas las personas que conforman el equipo.
Recientemente presentamos nuestro sexto informe sobre Integridad Corporativa 500 (IC500), este estudio evalúa las políticas anticorrupción de las 500 empresas más importantes de México. Si bien, esta encuesta sólo revisa una parte del sector privado, bien puede servir de ejemplo para que micro, pequeñas y medianas empresas o cualquiera en la iniciativa privada siga su ejemplo y se sume al combate contra la corrupción.
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Este martes 18 de julio se tenía que celebrar la audiencia intermedia en el proceso que Emilio Lozoya enfrenta por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht. La defensa del ex director de Pemex pretendía llegar a un acuerdo reparatorio para suspender los procesos de Lozoya, sin embargo, las autoridades mexicanas aumentaron el monto de reparación, de 10.7 a 30 millones de dólares. Ante este aumento, las partes no pudieron llegar a un acuerdo reparatorio y la audiencia intermedia se difirió otra vez para el 31 de agosto. Ésta es la séptima vez. En nuestro tablero de la impunidad, Emilio Lozoya se encuentra en la casilla catorce desde abril de 2022, la cual implica un 58% de avance en el proceso penal, pues a pesar de que su caso lleva varios años en los juzgados, la justicia parece ir a paso de tortuga.
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Participar en las cámaras empresariales no son solo para las empresas grandes. Las Pymes también puedes participar y tener mejores herramientas para aplicar sus programas de integridad.
Acompáñanos en YouTube este miércoles 26 de julio a las 10:00 am.
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