EL NEWSLETTER DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
El «carrusel» de dinero del Secretario particular de AMLO
El actual secretario particular del Presidente de México, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captados en video cuando hacían depósitos en “carrusel” en un banco. Se formaban en la fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Así lo hicieron durante 20 minutos, hasta sumar 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto tan elevado debió haber sido reportado a Hacienda, según ordena la ley antilavado, pero eludieron la supervisión al fragmentarlo en depósitos “hormiga”. Esta singular operación ocurrió en 2017, y el dinero se supone era para ayudar a damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de MORENA, entre ellos un sobrino de Bartlett. Hace tres años el INE denunció esta maniobra, pero nunca se había revelado la identidad de los operadores. Hasta ahora.
Por MCCI / Con información de Verónica Ayala y Vanessa Cisneros
Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.
Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.
En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.
Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.
Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.
Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que entre los partícipes de aquella operación estaban Alejandro Esquer y Denis Zarahula, como muestran los videos tomados en los cajeros del Banco Afirme de las sucursales Insurgentes y San Ángel.
El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido, y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Aunque la multa fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía está pendiente de resolución la investigación en la Fepade, la Fiscalía, el SAT y la CNBV.
El acuerdo presidencial y la designación del director del CIDE confirman que el gobierno de AMLO genera una forma de corrupción perjudicial para la democracia: la corrupción de la gobernanza.
Por Gabriel Rojas
Existe un tipo de corrupción mucho más dañina y que apenas se estudia: la corrupción de la gobernanza. La gravedad de este tipo de corrupción es evidente en un contexto democrático. Las democracias se construyen en la pluralidad, el diálogo y la discusión constante entre distintos grupos, donde no existe ninguno que posea la verdad absoluta. Asimismo, las democracias no sólo deben obedecer a la mayoría, sino incluir e incorporar las voces de las minorías. Por lo tanto, impedir a ciertos grupos participar en la toma decisiones, incluso negarles ser escuchados, representa un claro ataque a la lógica democrática.
José Romero Tellaeche fue impuesto como Director General del CIDE. Y digo que fue una imposición, pues todo parece indicar que la Directora General del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, violó la normativa al no permitir que decidiera el órgano que tiene la última palabra en la elección: el Consejo General. De ser así, estaríamos frente a una decisión arbitraria e impugnable por cualquier persona con interés jurídico o legítimo. No habría que descartar, por tanto, que en los siguientes días se presenten amparos en contra de la imposición de un director que, además, no cumple con los requisitos legales para el cargo.
En este breve texto, explico: 1) por qué el Consejo Directivo del CIDE tiene la última palabra en la elección del Director General, 2) las alternativas con las que contaba el Consejo Directivo en esta elección y 3) las razones por las cuales Jorge Romero Tellaeche incumple los requisitos para ser designado como Director General del CIDE.
Gracias por leer una edición más del newsletter de MCCI. Te invitamos a que te unas a la discusión y nos hagas llegar tus comentarios a [email protected]
