Entre espionaje y opacidad

Esta semana traemos varios temas de los que tenemos que hablar y comenzamos por un viejo conocido: Arturo Ávila, vocero y diputado federal de Morena, hoy publicamos que este personaje ha hecho negocios con el gobierno desde varios frentes: camionetas para Pemex, vigilancia en el aeropuerto y el Banco del Bienestar, además de contratos para Liconsa.  

Y no solo eso, esta semana también te contamos como este diputado morenista fue intermediario de la compañía italiana Hacking Team para vender a la Sedena 600 licencias del sistema de espionaje “Galileo”, un sistema de intervención telefónica similar a “Pegasus”. Definitivamente tenemos que seguirle la pista.  

Por otro lado, el INE reconoció irregularidades en la elección del 1 de junio: boletas sin doblez, casillas con más votos que electores y anomalías documentadas. La transparencia se ve cada vez más lejana.

 Y mientras tanto, crece el cerco a la libertad de expresión. Desde las mañaneras usadas para desinformar, hasta leyes que buscan controlar internet y periodistas perseguidos, el ambiente es cada vez más asfixiante.

Para cerrar, MCCI revisó más de 70 mil contratos del Congreso. Lo que hallamos fue caos y opacidad deliberada. Parece que la transparencia, en México, sigue siendo solo discurso.

Esperamos que este newsletter sea de tu interés.

El vocero de los diputados de Morena ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa tres empresas en las que han participado él y su familia presentaron propuestas al mismo tiempo, tratando de obtener contratos. Cuando ya se desempeñaba como legislador, la Secretaría de Seguridad le notificó personalmente la autorización para que la empresa que fundó ofrezca servicios en todo el país, pese a que el propio Ávila asegura que dejó su empresa antes de ser legislador.

A las irregularidades que ya habíamos señalado en torno a la elección judicial del pasado 1 de junio, se suman nuevas prácticas ilegales que se dieron tanto durante la jornada electoral como en el conteo de votos, y que ya fueron documentadas ante las autoridades electorales. 

En la sesión extraordinaria del 15 de junio, el Consejo General del INE reconoció que hubo casillas donde, de forma inexplicable, votó el 100% o más de los electores registrados en la lista nominal. Además, se identificaron boletas “planchadas”, es decir, sin las marcas de doblez que deberían tener tras haber sido depositadas en las urnas. Estas son solo algunas de las anomalías detectadas.

Esta semana, María Amparo Casar nos cuenta en A juicio de Amparo cómo, aunque la Constitución garantiza la libertad de expresión, las prácticas del gobierno la cercan cada vez más.

Desde el uso abusivo de las mañaneras como aparato oficial de desinformación, hasta la persecución a periodistas mediante demandas, auditorías y ataques digitales, se configura un ambiente de hostigamiento y censura disfrazada de legalidad.

A esto se suman propuestas de ley que buscan controlar plataformas digitales, el debilitamiento de órganos autónomos como el INAI y el silencio del poder frente a agresiones concretas contra medios y comunicadores críticos.

«Share y Asociados», una empresa en la que ha participado como socio y apoderado el actual vocero de Morena en el Congreso, Arturo Ávila Anaya, fungió como intermediario de la compañía italiana Hacking Team para vender a la Sedena 600 licencias del sistema de espionaje “Galileo”, un sistema de intervención telefónica similar a “Pegasus”,  por un monto de 2.8 millones de euros, lo equivalente a más de 54 millones de pesos. 

En una serie de al menos 17 correos electrónicos fechados entre 2014 y 2015 difundidos por Wikileaks,  se menciona la participación de “Share y Asociados” en la negociación para vender el sistema Galileo a la Sedena, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La transparencia en las contrataciones del Congreso de la Unión es clave para la rendición de cuentas, pero en la práctica enfrenta múltiples barreras. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) analizó más de 70 mil contratos de la Cámara de Diputados y el Senado entre 2018 y 2024. Encontramos datos fragmentados, formatos inaccesibles, identificadores inconsistentes y omisiones sistemáticas.

 Estas prácticas, lejos de ser fallas técnicas, reflejan una política deliberada de opacidad que limita el escrutinio público y debilita los contrapesos institucionales.En este contexto, la transparencia legislativa en México parece más una declaración simbólica que una realidad efectiva.