30 de enero de 2025.
Entre la crisis y la unidad.
En nuestra sección Arenas Movedizas, abordamos un caso de gran relevancia. En 2022, denunciamos los fraudes cometidos contra miles de familias despojadas de sus viviendas del Infonavit durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, en la conferencia matutina del lunes 27 de enero, Octavio Romero Oropeza, director general de este instituto, destapó una red de corrupción que afectó a 373 mil derechohabientes en juicios masivos, de los cuales 249 mil perdieron sus hogares.

Por otro lado, en A Juicio de Amparo, nuestra presidenta María Amparo Casar ofrece un análisis sobre las crisis, tanto internas como externas, que enfrenta México y el llamado a la unidad nacional por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. La crisis externa se ha intensificado con la llegada de Donald Trump y sus políticas contra nuestro país, mientras que la crisis interna abarca problemas de inseguridad, finanzas públicas debilitadas, así como los déficits en los sistemas de salud y educación.

En Nosotros tenemos otros datos, analizamos la creciente ola de violencia en Sinaloa y cómo la inseguridad puede convertirse en un motor que permite a los criminales operar con total impunidad.

Esperamos que este newsletter sea de tu interés.
En 2022, denunciamos el fraudes a miles de familias que fueron despojadas de sus viviendas del Infonavit en 7 estados de la república durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, en la conferencia matutina del lunes 27 de enero, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit exhibió una red de corrupción contra 373 mil derechohabientes en juicios masivos, en la que 249 mil personas perdieron su casa. 

¿Qué sigue? La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales contra despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales locales que participaron en los juicios masivos.
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El sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, sin embargo, al menos 12 gobernadores fueron procesados durante ese periodo. En el sexenio de AMLO, ninguno fue investigado.

La corrupción y la impunidad han sido una constante en la historia, sin importar el partido en el poder. La oposición suele señalar a los gobiernos en turno por estos problemas, pero una vez en el poder, repiten las mismas prácticas.
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Es innegable que vivimos momentos de crisis. Es una doble crisis, externa e interna. La crisis externa se ha agudizado por la llegada de Trump y las políticas anunciadas contra nuestro país. También es innegable que las crisis requieren actos excepcionales y, de preferencia, con unidad de propósito y de acción. Quizá de ahí el llamado del partido del gobierno y de la presidenta a la unidad nacional.

En el frente interno las cosas no están mejor. La violencia se expande y se agudiza en porciones cada vez más extensas del territorio, las finanzas públicas son extremadamente débiles, el dinero no alcanza y las prioridades presupuestales son muy cuestionables.
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La presencia de grupos criminales en Sinaloa ha desatado una ola de violencia difícil de contener. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que los esfuerzos de su gobierno están enfocados en trabajar por la paz en Sinaloa, sin embargo, no son claras las acciones que se han tomado para acercarse a ese objetivo. 

La corrupción permite que los grupos criminales operen con impunidad. Además, de que el contexto de extrema violencia, puede ser un motor para que las personas se sientan más inclinadas a pagar sobornos para garantizar su seguridad o para evitar represalias.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad
2019-2024, en los últimos seis años ha disminuido el número de denuncias por corrupción, principalmente debido a la percepción de que denunciar es una acción inútil. La falta de confianza en las autoridades encargadas de impartir justicia, sumada a la escasa efectividad de las denuncias, crea un ambiente propicio para que la impunidad siga prevaleciendo. En el último año, apenas un 6% ha realizado una denuncia por corrupción.
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