Contra la censura y el silencio

Esta semana alzamos la voz frente a señales preocupantes para la democracia y el combate a la corrupción en México. Condenamos el intento de censura contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal tras la publicación de una columna que revela presuntos vínculos entre redes de corrupción y actores políticos. Desde MCCI, reafirmamos que la libertad de expresión es esencial para la rendición de cuentas.

En otro frente, la reforma judicial sigue mostrando su fragilidad. El Congreso solicitó cancelar 26 candidaturas por incumplir requisitos de elegibilidad, pero lo hizo fuera de tiempo y sin facultades legales. 

Como advierte María Amparo Casar en su columna A juicio de Amparo, esta elección no solo carece de claridad y legalidad, sino que parece diseñada para favorecer lealtades políticas antes que capacidades técnicas.

Finalmente, recordamos a Cecilia Monzón a tres años de su feminicidio. Su lucha por los derechos de las mujeres y por la justicia para su hijo impulsó la Ley Monzón, que hoy protege a hijos de víctimas de feminicidio al suspender la patria potestad a agresores. Aunque el proceso judicial sigue estancado, su legado es un ejemplo de cómo la justicia también se construye desde la exigencia social.

Esperamos que esta newsletter sea de tu interés.

Ante el intento de censura contra Héctor de Mauleón y El Universal por la columna en la que el periodista donde señalaba presuntos vínculos entre actores políticos y redes de corrupción, MCCI reafirma su compromiso con la libertad de expresión y denuncia la intención de silenciar investigaciones sobre corrupción.

Exigimos al Instituto Nacional Electoral una explicación por la entrega de datos personales de un ciudadano sin una orden judicial, presuntamente por medio de un “convenio” con el tribunal electoral de Tamaulipas.

Ante este intento de censura, te invitamos a leer la columna en El Universal.

El pasado 4 de mayo, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado pidieron al INE cancelar 26 candidaturas para la elección judicial del 1 de junio, argumentando que no cumplen con los requisitos del artículo 97 constitucional. Estos incluyen tener buena reputación, no haber sido condenado por delitos dolosos, y contar con promedios académicos mínimos específicos.

La situación plantea una pregunta clave: ¿cómo lograron esas personas llegar a las boletas si no cumplían con los requisitos?

La reforma judicial en México, desde su origen hasta su ejecución, ha sido profundamente defectuosa en lo legal, institucional y procedimental. A diferencia de otras reformas que al menos generan debate o mejoras parciales, esta carece de virtudes y representa un retroceso democrático.

La elección del 1° de junio es caótica, con reglas confusas, boletas complicadas y un proceso que favorece la lealtad política sobre la capacidad. Se rompe el principio democrático de certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, convirtiendo la elección en una simulación que debilita la justicia y la división de poderes.

En el tercer aniversario del feminicidio de Cecilia Monzón, se realizó la audiencia número 13 del caso, mientras activistas y miembros del colectivo Por las Mujeres de Puebla se manifestaron frente al penal de San Miguel exigiendo justicia. Durante tres años, el proceso ha estado marcado por demoras, silencio institucional e impunidad. Cecilia, abogada y activista, defendía los derechos de las mujeres y luchaba legalmente por la pensión alimenticia de su hijo, cuya custodia pretendía obtener su expareja, señalado como autor intelectual del crimen. 

Su legado impulsó la creación de la Ley Monzón, que convirtió a Puebla en el primer estado en suspender y, en caso de sentencia, retirar la patria potestad a los feminicidas.

El Congreso solicitó al INE cancelar más de 20 candidaturas para la elección judicial por presunto incumplimiento de requisitos de elegibilidad, como el promedio académico, buena reputación o estar sujetos a investigaciones federales. Sin embargo, ni el Congreso ni el INE tienen facultades para hacerlo en esta etapa del proceso. El INE, que solo recibió las listas ya aprobadas por los poderes, declaró improcedente la solicitud, apoyado en criterios jurídicos que establecen que la revisión de elegibilidad procede hasta la calificación de la elección, y siempre con garantía de audiencia y pruebas verificables. La petición del Congreso parece más un intento por corregir omisiones de los comités de evaluación que una acción legalmente sustentada.