Entre la opacidad y la impunidad

Esta semana, los hechos nos recuerdan que la rendición de cuentas en México sigue enfrentando serios desafíos.

Iniciamos con el caso de Pemex. El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega decidió retirar sus inversiones tras concluir que la empresa no cuenta con mecanismos efectivos ni transparentes para combatir la corrupción.

Por último, se cumplen dos años del feminicidio de Cecilia Monzón, un caso que sigue sin avances significativos. Es un ejemplo doloroso de cómo la justicia en México sigue en deuda con las mujeres.

Para cerrar, una buena noticia: el exdirector de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, dejó su cargo luego de que MCCI revelara sus vínculos con los dueños de Intanza, la empresa a la que se le decomisaron 10 millones de litros de huachicol en Tamaulipas.

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El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega retiró sus inversiones en México debido a la falta de transparencia y acción efectiva de Pemex contra la corrupción. Aunque la petrolera cuenta con un sistema anticorrupción, el Consejo de Ética del Fondo señaló que no se ha implementado adecuadamente ni se informa cómo opera en la práctica. Pemex no ha dado prioridad al combate a la corrupción y oculta datos clave sobre sus evaluaciones y medidas internas, lo que refleja una actitud pasiva e ineficaz frente a este problema.

Como parte de la reforma constitucional conocida como “simplificación orgánica”, el gobierno eliminó de manera selectiva varios organismos autónomos. Entre ellos, el INAI.

El pasado 12 de mayo,el organismo llamado Transparencia para el Pueblo, asumió las funciones del INAI. Esta medida resulta preocupante: ahora, el acceso a la información queda bajo control directo del Poder Ejecutivo. Además, el cambio se implementó sin completar el marco normativo necesario ni resolver los nombramientos clave, lo que pone en riesgo real el derecho ciudadano a saber y abre la puerta a mayores niveles de opacidad y corrupción.

En plena crisis de narcotráfico, violencia, desabasto y corrupción pasó casi desapercibida la carta de Claudia Sheinbaum a  Morena. La carta se ha hecho pasar como un recordatorio de los principios éticos que guían a su partido, sin embargo, el decálogo parece más un regaño o una lista de todas las prácticas de los nuevos políticos y que López Obrador nos dijo que habían sido erradicadas, o en el mejor de los casos, un conjunto de buenos deseos sin la fuerza para hacerlos valer.

Los presidentes de las cámaras de diputados y senadores solicitaron al INE la cancelación del registro de algunas candidaturas que aspiran a ocupar un cargo en la elección judicial del próximo primero de junio.

El motivo de la solicitud es que no cumplen con alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución. Una de las acusaciones más preocupantes es que algunas de estas personas tienen presuntos vínculos con grupos dedicados al narcotráfico. 

Esta solicitud sorprende porque es contradictoria, ya que fue el propio Senado el que, en febrero, envió los listados con las candidaturas definitivas al INE.

Francisco Javier Antonio Martínez, quien era director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, dejó su cargo apenas cuatro días después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelara sus vínculos con los dueños de Intanza, la empresa a la que se le decomisaron 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas, además de su lujosa colección de autos clásicos.