EL NEWSLETTER DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

 

 



 

Este proyecto es una guía para que cualquier ciudadano pueda adentrarse en esta discusión y domine los conceptos más importantes sobre las contrataciones públicas. Al resolver las 10 preguntas básicas sobre las compras del gobierno, buscamos dialogar sobre la importancia y necesidad de poner atención a cómo se usan los recursos de todas y todos a través de las compras públicas para exigir el uso adecuado de cada peso y centavo. También ofrecemos herramientas, datos y análisis a partir de los cuales podemos conocer qué, quién y cómo gasta el gobierno cuando contrata y paga obras, bienes o servicios con nuestro dinero.

Con esta guía básica para vigilar las compras del gobierno, será posible navegar en las siguientes secciones de este sitio de consulta, en donde realizaremos un seguimiento permanente de las compras públicas a través del análisis de los datos que el gobierno publica a través de la plataforma de CompraNet. Con estos conceptos y herramientas, podremos identificar con precisión cómo gasta nuestro dinero el gobierno federal de México, las frecuentes violaciones a la ley que se han dado a lo largo de los años y que hoy siguen existiendo o las irregularidades más frecuentes en el uso de recursos públicos. Igualmente, analizaremos a fondo casos específicos sobre corrupción, simulación de competencia y contratos con empresas fantasmas.

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Para ofrecer mejores herramientas a la ciudadanía para vigilar lo que se hace con el dinero de los mexicanos, en MCCI presentamos la plataforma Nuestro Dinero, donde revisamos cómo gasta el gobierno.
 

 



 

  • Para el primer semestre de 2022, 78 de cada 100 contratos fueron asignados mediante adjudicación directa; una disminución de 3% con respecto al año anterior, pero dentro del promedio de los sexenios previos.
  • En 2022 se ha gastado de manera atípica en licitaciones públicas, pues si bien 8 de cada 10 pesos fueron asignados por este procedimiento, hemos identificado el contrato más grande que se ha dado desde que tenemos registros: más de 400 mil millones de pesos para servicios de telecomunicaciones en el SAT.
  • 111 dependencias y entidades han asignado más del 50% de sus contratos mediante procedimientos de excepción en 2022. Diconsa ha gastado casi el doble de lo que tiene planeado –de todo su presupuesto para 2022– solo a través de procedimientos de excepción y el IMSS ha gastado una cuarta parte de lo que se ha gastado en toda la APF en contratos de excepción.
  • Mientras en 2018 el gobierno entregaba contratos a 51 mil proveedores, en 2022 esta cifra ha disminuido a 24 mil, una reducción de 52%. Eso significa que el gobierno está gastando más y concentrando ese dinero en menos manos.
  • Hay 192 proveedores que han recibido más de 20 contratos cada año con las mismas dependencias y siempre por adjudicación directa, por lo que nunca han competido en el mercado. En conjunto han recibido más de 17 mil millones de pesos.
  • Identificamos 9,113 licitaciones públicas en las que la información del concurso se publicó en CompraNet después de que se asignó al ganador, es decir, en donde la transparencia fue una simulación.
  • Hay 140 licitaciones por más de 475 millones que se han realizado en periodos inferiores a 15 días, tal como marca la ley como mínimo, por lo que persiste el riesgo de limitaciones a la competencia efectiva.

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  • Entre 2018 y 2022, 90% de los contratos que el gobierno federal entregó a empresas sancionadas con multas se hicieron a través de adjudicación directa, por dedazo, y así se entregaron más de 50 millones de pesos.
  • Hay más de 5 millones de pesos que se entregaron a proveedores que supuestamente habían sido inhabilitados por violaciones a la ley.
  • En el mismo periodo, más de 260 millones de pesos se han dado a empresas fantasma declaradas por el SAT. Tan solo en 2022 se dieron 3 contratos por medicamentos –equivalentes a más de 2 millones de pesos– a una empresa que desde 2018 fue declarada como empresa fantasma.
  • Hay cerca de 10 mil contratos que no se entregaron por licitación pública bajo la justificación de que eran por montos inferiores a los límites que establece la ley. Sin embargo, al revisarlos, en los hechos excedieron esos montos, en una clara violación a la ley.
  • Entre los contratos que violaron al evitar la licitación aún cuando superaron el monto legal establecido para ello, destaca un contrato de 2019 del IMSS que superó en 6 mil millones de pesos el monto que tenía permitido.

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En este pódcast la Unidad de investigación aplicada de MCCI nos explica la gravedad de la caída de Compranet y la importancia de poner especial atención a esta plataforma en donde se transparenta el gasto y las compras del gobierno.

Investigación: Renata Gómez Lameiras y Leonardo Núñez Gonzalez, Unidad de investigación aplicada de MCCI.

Conducción: Darío Ramírez Salazar, Director de comunicación de MCCI.

Edición: Gloria Hernández.

Diseño gráfico: Jéssica Bolaños.

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María Amparo Casar analiza la importancia de Compranet y las compras del gobierno federal.
 



 

 

Atunera ligada a compañía involucrada en trama internacional de lavado de dinero obtiene 21 contratos para surtir toneladas de azúcar, res y pollo para el programa de abasto rural del Gobierno federal.



 

Por Verónica Ayala

Grupo Marhel, filial de una empresa “fantasma” investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa en Segalmex por más de 67 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Marhel es una división de B-Eminent Inc. de México, que en junio de 2020 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones (coloquialmente llamadas empresas “fantasma”).

 

 

 

El Presidente López Obrador confirmó la información revelada hace un año en MCCI, acerca del presunto desfalco en Segalmex, mediante la colocación de fondos públicos en una financiera ubicada en Chiapas.



 

Por Iván Alamillo

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana comenzó cuando un administrador colocó fondos públicos de la dependencia en una financiera.

Aunque no mencionó los nombres del funcionario ni de la financiera, el presidente se refería a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, y a Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI). 

Desde julio de 2021, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba a CORAFI, una empresa encabezada por el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega, por establecer un fideicomiso que contenía cerca de 800 millones de pesos provenientes del presupuesto de Segalmex. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dichos recursos fueron invertidos en la bolsa a través de certificados bursátiles fiduciarios privados. 

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Por Angélica Nava Contreras

La violencia feminicida no se limita solo a las víctimas, sus familias terminan enfrentando costosas cargas para lograr que las autoridades investiguen y hagan justicia. Esta investigación explica los nueve tipos diferentes de cargas que enfrentan las familias.

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Gracias por leer una edición más del newsletter de MCCI. Te invitamos a que te unas a la discusión y nos hagas llegar tus comentarios a [email protected]

 

Hasta la próxima 

 

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