27 abril de 2023

Fraudes a la legalidad
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad
@Amparocasar

La semana que concluye comenzó con el debate entre las dos candidatas que buscan la gubernatura del Estado de México, la elección más importante antes del 2024. El debate decepcionó y según las encuestas no hubo una clara ganadora. La nota más relevante fue el “recordatorio” a Delfina Gómez de que durante su gestión como alcaldesa cobró moches a los funcionarios que trabajaron en su administración. MCCI lo denunció en su momento y el Tribunal Electoral lo confirmó: su partido cometió un fraude electoral.

Se cierne sobre nosotros otro fraude a la legalidad: el golpe que se ha dado al INAI para dejarlo inoperante y con ello dejar a los y las mexicanas sin el derecho a la información. No hay vuelta de hoja, los responsables son los senadores de Morena que faltan a su obligación constitucional de nombrar a los comisionados del INAI y el presidente de la República que primero vetó los nombramientos y después ordenó a su bancada no designarlos durante este periodo legislativo. 

La corrupción y la impunidad siguen a los niveles de anteriores sexenios. La 5ª edición de la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción y la Impunidad de MCCI y Reforma presenta hallazgos muy relevantes. Los ciudadanos tenemos muy poca esperanza en la disminución de la corrupción y 96% de los encuestados nos dicen que no denuncian cuando la sufren en carne propia por una sola razón: “no sirve denunciar porque nunca pasa nada”.   

Y tienen razón, hasta en el programa de Atención a Grupos Vulnerables se detectan opacidad, ineptitud y actos de corrupción. 

Para terminar, una buena noticia. En un sexenio en el que de manera sistemática se ha buscado cooptar, estrangular financieramente o debilitar a las instituciones que actúan como contrapeso del Poder Ejecutivo, el Tribunal Electoral ha librado -al menos momentáneamente- la intentona que buscaba limitar sus capacidades. 

Durante el primer debate entre aspirantes a gubernatura mexiquense, la candidata de Morena, Delfina Gómez negó el cobro de moches en Texcoco, cuando era alcaldesa, sin embargo, el Tribunal Electoral confirmó que Morena recibió más de 10 millones de pesos de forma ilegal del municipio. Pese a esto, López Obrador la ha respaldado y ha acusado una campaña de desprestigio en su contra. 
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Al dejar inoperante a su Pleno, Andrés Manuel López Obrador y su partido han provocado que el INAI no pueda atender los recursos de revisión de los ciudadanos. Hasta ahora se han acumulado más de 800 recursos. Vale la pensa recordar que el INAI es el árbitro entre las autoridades y los ciudadanos que piden información pública.  En el Pleno del INAI se discuten derechos humanos de la población. Dejarlo en la inoperancia vulnera el derecho constitucional de acceso a la información pública. Hay suficiente evidencia para contradecir lo dicho por el Ejecutivo sobre el INAI.
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La coacción y compra de votos en los procesos electorales en México es una práctica que implica varios actos ilícitos. Si bien, su principal consecuencia es que puede alterar los resultados de una elección,  para llevarla a cabo se necesita grandes cantidades de dinero que puede provenir del erario o del desvío de recursos públicos y que además de ser destinados para la compra de votos también se utilizan para mantener las estructuras que lo hacen posible. 

De acuerdo con la Encuesta MCCI- Reforma 2023, 7 de cada 10 personas piensan que son comunes los actos de corrupción en el país pero 2 de cada 3 consideran inútil denunciar un acto de corrupción. 
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Para 2023, en los recursos destinados a la Atención de Grupos Vulnerables se da 38 veces más presupuesto para el programa enfocado en “Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno” que para atención a personas con discapacidad. Para personas con discapacidad se destinan 338,914 pesos mientras que para actividades de apoyo se destinan más de 13 millones de pesos. 

Las actividades de apoyo son “acciones de control y auditoría”, es decir, se gasta más en vigilancia que en los propios apoyos que deben vigilarse. 
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Tan sólo unos días después de haber impugnado el Plan B, la oposición y el oficialismo sumaron fuerzas para presentar una iniciativa de reforma constitucional que limitaría el campo de acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  Si bien el 13 de abril la Cámara de Diputados aplazó la discusión del tema, la oposición cayó en una aparente contradicción porque defiende al INE pero ataca al Tribunal Electoral con acciones legislativas. La reforma que buscaba limitar las capacidades del Tribunal Electoral fue detenida por ahora, pero forma parte de un ataque permanente al Poder Judicial. 
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