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La semana que concluye comenzó con el debate entre las dos candidatas que buscan la gubernatura del Estado de México, la elección más importante antes del 2024. El debate decepcionó y según las encuestas no hubo una clara ganadora. La nota más relevante fue el “recordatorio” a Delfina Gómez de que durante su gestión como alcaldesa cobró moches a los funcionarios que trabajaron en su administración. MCCI lo denunció en su momento y el Tribunal Electoral lo confirmó: su partido cometió un fraude electoral.
Se cierne sobre nosotros otro fraude a la legalidad: el golpe que se ha dado al INAI para dejarlo inoperante y con ello dejar a los y las mexicanas sin el derecho a la información. No hay vuelta de hoja, los responsables son los senadores de Morena que faltan a su obligación constitucional de nombrar a los comisionados del INAI y el presidente de la República que primero vetó los nombramientos y después ordenó a su bancada no designarlos durante este periodo legislativo.
La corrupción y la impunidad siguen a los niveles de anteriores sexenios. La 5ª edición de la Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción y la Impunidad de MCCI y Reforma presenta hallazgos muy relevantes. Los ciudadanos tenemos muy poca esperanza en la disminución de la corrupción y 96% de los encuestados nos dicen que no denuncian cuando la sufren en carne propia por una sola razón: “no sirve denunciar porque nunca pasa nada”.
Y tienen razón, hasta en el programa de Atención a Grupos Vulnerables se detectan opacidad, ineptitud y actos de corrupción.
Para terminar, una buena noticia. En un sexenio en el que de manera sistemática se ha buscado cooptar, estrangular financieramente o debilitar a las instituciones que actúan como contrapeso del Poder Ejecutivo, el Tribunal Electoral ha librado -al menos momentáneamente- la intentona que buscaba limitar sus capacidades.
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