11 de mayo de 2023

Justicia a paso de tortuga.
Por Darío Ramírez Salazar
Director de Comunicación y Vinculación Internacional
@Dariorms
Jamás nos deberemos acostumbrar a la impunidad en nuestro país. Es lacerante para con nuestra sociedad. Hoy publicamos en nuestro sitio el Tablero de la Impunidad, donde analizamos 18 casos emblemáticos de corrupción de Peña Nieto y López Obrador. El Tablero busca hacer un ejercicio de memoria para no olvidar muchas deudas pendientes que tiene la justicia con la sociedad mexicana, además de dar seguimiento puntual a estos casos y hacer que la memoria sea un mecanismo de presión. 

También les interesará saber que un directivo de Segalmex de nombre Hugo Buentello Carbonell operó en la red de Andrés López Beltrán, (hijo de AMLO) quien desde su cargo firmó contratos millonarios para la compra de bolsas de leche en polvo que jamás se entregaron.

Es preocupante que a la Fiscalía General de la República (FGR) se le reduzca el presupuesto. El mensaje que se manda es que la justicia jamás llegará a México. Si quieren saber más sobre cómo gasta el gobierno nuestro dinero, no olviden revisar nuestra página “Nuestro Dinero”.

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Hoy le damos la bienvenida a nuestra nueva sección «A paso de tortuga», aquí analizaremos los casos de corrupción en los que el sistema judicial ha ejercido acción penal a cuenta gotas. ¿Qué tanto ha avanzado la justicia cuando los involucrados son servidores públicos o cercanos a las altas esferas políticas del país? Descúbrelo en nuestro Tablero de la Impunidad. 

Este es un proyecto interactivo en el que podrás conocer el paso a paso del proceso penal de 16 casos de corrupción en México, así como las irregularidades que han impedido que las víctimas accedan a la justicia. 

Visita nuestro Tablero de la Impunidad

Hugo Buentello Carbonell, quien fungió como directivo de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, participó en la red empresarial de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, revelada por Latinus. 

Entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, fue subdirector de operaciones en Liconsa y desde ese cargo firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo de las que no existe evidencia de su entrega, además de una adjudicación millonaria a ILAS, multinacional que en 2019 fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en una trama de lavado de dinero a través del envío de alimentos a Venezuela.

Buentello Carbonell es investigado por el delito de delincuencia organizada derivado de los contratos que Liconsa firmó con Grupo Vicente Suárez.

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La corrupción puede estar presente hasta en actos cotidianos como «apartar lugar» en la calle, pero cuántas veces al presenciar un acto así preferimos callar por temor a las represalias o simplemente porque consideramos que nuestra denuncia no servirá para nada. 
 La Encuesta MCCI – Reforma 2022 señala que aproximadamente dos de cada tres personas en México consideran que denunciar un acto de corrupción es inútil. Este escepticismo es evidente, a la par de una mayor sensación de impunidad, así como mayor desconfianza en las autoridades de justicia.
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Una de las maneras en que podemos conocer las verdaderas prioridades del gobierno es analizando las ampliaciones y los recortes presupuestales. Para 2022, la Fiscalía General de la República tuvo un presupuesto aprobado de 17 mil 966 millones de pesos, pero al cierre del año, de acuerdo con la Cuenta Pública, terminó gastando 17 mil 23 millones de pesos, un recorte de 942 millones de pesos o 5%. Entre las partidas más afectadas se encuentra el programa para «Investigar y perseguir los delitos del orden federal», en donde se recortaron 507 millones de pesos de presupuesto. 

Todo esto sucedió en un año en que el gobierno gastó más de 500 mil millones de pesos adicionales a los que habían sido presupuestados en el PEF, por lo que no fue un año de austeridad republicana. A pesar de ello, la institución responsable de perseguir e investigar los delitos, la FGR, no es una prioridad, lo que explica que no hayamos logrado abatir la impunidad que reina en México.

Revisa Nuestro Dinero

Los hijos del presidente López Obrador han ejercido prácticas cuestionables como nepotismo y partícipes de conflicto de interés. Por mencionar un par, la obra del Malecón de Villahermosa es supervisada por Alejandro Castro Jiménez Labora, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente, y, aún sin terminar, tiene anomalías por más de 200 millones de pesos. En el caso del hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán, ha ocupado dos casas facilitadas por contratistas, una en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tuvo contratos con Pemex, y otra propiedad de la asistente de la directora del periódico La Jornada, el cual ha recibido el mayor monto de contratos en el sexenio. 

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El sector privado es clave para luchar contra la impunidad. Si quieres conocer las medidas de gobierno digital que permiten cerrar oportunidades a la corrupción empresarial, no te pierdas esta entrevista con una experta internacional. Acompáñanos por Zoom el jueves 11 de mayo de 10 a 11 hrs. 
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