Justicia para todos

La emergencia sanitaria que provocó la irrupción del coronavirus en el planeta obligó a todos los gobiernos a tomar decisiones urgentes para enfrentar la crisis de salud y económica e intentar así revertir los graves efectos en la vida de las personas.

En algunos casos, las decisiones que se tomaron han tenido efectos negativos en asuntos tan importantes como los derechos humanos que los mismos gobernantes aseguran proteger. Otros, han aprovechado la crisis sanitaria para concentrar más poder: eliminar contrapesos, modificar planes y presupuestos, evadir responsabilidades sobre transparencia, entre otras.

Ante la creciente recurrencia de estas acciones de parte de los gobernantes, la ley es la mejor herramienta con la que cuenta la ciudadanía para protegerse y obligar, a través de la denuncia y procesos legales, a que las autoridades respeten sus derechos sin discriminación y sin excepciones.

Durante el año 2020 hemos documentado las medidas que ha tomado el gobierno de México para atender la pandemia de COVID-19 y detectado que, en general, comparten rasgos que podrían vulnerar el estado de derecho:

• No establecen la información y los argumentos de manera clara, que justifiquen la aplicación de determinadas normas durante la emergencia sanitaria, así como tampoco los mecanismos que garanticen el respeto a las leyes y a la constitución.
• Carecen de análisis de proporcionalidad que permita entender cómo las medidas afectan de manera diferente a cada persona.
• No establecen el tiempo que estarán vigentes.
• Pueden afectar derechos humanos como el acceso a la salud, al trabajo o a la información.

Justicia para Todos realizó una guía para que las personas sepan cómo utilizar todas estas herramientas legales en México y puedan defender sus derechos ante actos u omisiones cometidos por las autoridades durante la pandemia del COVID-19.

Justicia para Todos es un espacio de colaboración multidisciplinaria en el que encontrarán experiencias exitosas en el uso de los mecanismos jurisdiccionales para la impugnación de actos ilegales o inconstitucionales, el fincamiento de responsabilidad patrimonial, así como para la defensa de los derechos humanos.

Se dice que en la enfermedad se conoce a los amigos. La Pandemia de COVID-19 nos ha mostrado que también se conoce a los gobiernos.  Las medidas tomadas por los gobernantes alrededor del mundo han sido de una gran diversidad tanto en forma como en intensidad. En algunos países, la situación ha derivado en la emisión de medidas populistas, cuando no francamente autoritarias, en las que los Jefes de Estado buscan concentrar poder, debilitar los frenos y contrapesos democráticos e, inclusive, cometer actos de corrupción. El caso más extremo es el de Vicktor Urban en Hungría, quién disolvió el parlamento y se concedió poderes plenos, medida que pone en duda el Estado de Derecho en el país europeo. Este no es el único caso de abuso de poder durante la pandemia: actitudes similares podemos encontrar en Brasil, Estados Unidos y México. Así, se han documentado casos preocupantes en materia de compras públicas, tráfico de influencias y negligencia.

En México, el Ejecutivo Federal ha adoptado un conjunto de medidas que permitieron concentrar más su poder e incrementar la discrecionalidad con la que toma decisiones. Estas acciones han acentuado los efectos de la pandemia en la salud de las personas contagiadas, en los derechos de los trabajadores, en la subsistencia de empresas pequeñas y grandes y han debilitado los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Muchas de estas consecuencias se han visto reflejadas en la emisión de más de 120 decretos y acuerdos relacionados con la atención a la emergencia sanitaria o como pretexto de esta. Esta regulación comparte cuatro características que tienen el potencial de vulnerar el Estado de Derecho:

1. Ausencia de controles sobre la relación de las normas con la emergencia.
2. Ausencia de proporcionalidad entre las medidas y el problema que enfrentan.
3. Ausencia de temporalidad definida en las medidas extraordinarias.
4. La afectación de derechos humanos sobre todo salud, trabajo, acceso a la información y a la justicia.

Por tercera ocasión, The World Justice Project publica el Índice de Derecho en México que ofrece un diagnóstico para cada entidad. Aquí te explicamos cómo funciona, para que sirve y qué encontraron este año.

Por Laura Delgado Maldonado

En los últimos días se dieron algunos debates sobre la posible salida de México en las evaluaciones internacionales de PISA. Para quienes tenemos particular interés en la mejora de educación y de los procesos de evaluación, antes de celebrar la continuidad de esta evaluación en un futuro próximo, en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, vale la pena reflexionar sobre qué ganamos o en su defecto, qué perdemos al administrar estas pruebas en nuestro país.

¿Qué nos dice PISA?

PISA se enfoca en aquellas habilidades que son consideradas como relevantes y predictoras del éxito futuro de los estudiantes, ya sea que continúen con sus estudios en posteriores niveles educativos o deban iniciar su vida laboral, por lo que, la información obtenida a partir de estas pruebas se centra en identificar las fortalezas y debilidades de los sistemas educativos nacionales y, sobre todo, intenta detectar los factores asociados al desempeño educativo. Además, al evaluar el nivel de competencia de los estudiantes —en comparación con los de otros países participantes— sientan los precedentes para un diálogo internacional que permita la colaboración entre los países en temas educativos. Así, una ventaja de continuar con la aplicación de PISA es que nos da un referente internacional que permite al Estado mexicano fijarse metas de largo aliento susceptibles de concretarse en acciones de política pública educativa.

Por José Alberto Alatorre Flores

Un voto irreflexivo es un triste desperdicio. Hemos ejercido esta prerrogativa ciudadana por tanto tiempo, que en no pocas ocasiones la damos por sentado y no concedemos la suficiente importancia al papel de electores que nos otorga nuestra democracia. Lo hacemos una vez cada tres años y frecuentemente no damos la suficiente importancia a la reflexión sino hasta el momento —en la intimidad de la mampara electoral—cuando estamos frente a una boleta que espera ser cruzada. Por presión del tiempo y pena a hacer esperar a quienes siguen en la fila, cruzamos la boleta por el menos peor o el enemigo de aquel o aquella a quien detestamos.

Las elecciones tienen consecuencias; no siempre inmediatas, por cierto. El hartazgo que saben capitalizar mercadólogos y políticos se construye a lo largo de décadas de frustraciones.  Vale la pena aquí hacer una reflexión en nuestro fuero interno: si hubo malos gobiernos que se beneficiaron de nuestra permisividad porque no apreciamos el valor del voto que les dábamos o refrendábamos.

Aunque una parte importante del electorado votará con mas apego a la emoción que de la razón, existe un porcentaje nada despreciable de indecisos y otro, aun mayor, de quienes se abstienen. Sin importar los porcentajes obtenidos por mayorías temporales —en toda democracia, el cambio es la constante y los porcentajes que parecen de piedra se mueven algún día— sabemos que si los indecisos abandonaran su estado se volverían decisores.