¿Justicia por sorteo?

Esta semana, en MCCI revelamos tres hechos que exponen cómo la impunidad y el poder se protegen entre sí. Primero, las elecciones judiciales del 1° de junio: un proceso atropellado, controlado por el poder político, sin competencia real ni condiciones mínimas de transparencia. Más que elegir a los mejores perfiles, se premia la cercanía con estructuras partidistas. La justicia no se sortea, y mucho menos se improvisa.

Segundo, el caso de Arturo Ávila, vocero de Morena, revela un preocupante cruce entre poder político y negocios opacos. Su empresa vendió vehículos militares al gobierno de Bukele por 2.6 millones de dólares, mientras presume una lujosa residencia en California. Todo esto ocurre bajo un discurso oficial de austeridad.

Finalmente, tras tres años, comienza a vislumbrarse justicia en el caso de Cecilia Monzón. La condena por violencia familiar contra su agresor es un paso, aunque insuficiente. La impunidad sigue siendo la regla. 

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IBN Military Industries Inc., una empresa fundada por el vocero de Morena, Arturo Ávila, ha sido proveedora de vehículos militares para el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, quien ha sido señalado por atentar contra los derechos humanos. La compañía recibió un contrato por 2.6 millones de dólares otorgado por el Ministerio de la Defensa salvadoreño para la adquisición de 10 vehículos todo terreno modelo “Yagu”, utilizados en operaciones contra las pandillas.

Además, el político admitió ser dueño de una lujosa residencia valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe, California, una exclusiva zona donde también vive la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Las campañas para la elección judicial evidenciaron que no están en juego los mejores perfiles, sino las alianzas con grupos de poder. El mérito ha sido desplazado por la capacidad de movilizar votos, muchas veces a través de prácticas ilegales. Aunque la ciudadanía votará por jueces, magistrados y ministros el 1 de junio, la decisión real está en manos de estructuras partidistas que controlan el proceso.

En estas condiciones, la elección pierde su carácter democrático: si las únicas opciones provienen del partido en el poder, no hay verdadera alternativa

La elección del Poder Judicial no debería ser por voto popular, ya que la función de jueces y magistrados no es representar a la ciudadanía, sino aplicar la ley con independencia. 

No hay condiciones para un voto libre e informado: hay miles de candidatos poco conocidos, menos casillas, boletas mezcladas en una sola urna, sin conteo público ni resultados preliminares. Todo esto compromete la transparencia y la legitimidad del proceso.

Decir que al votar por Sheinbaum se avaló esta reforma es cuestionable si no participan al menos los mismos 35.9 millones de votantes. La decisión final está en manos de la ciudadanía, pero bajo un proceso lejos de ser democrático.

Después de tres años de espera, el caso de Cecilia Monzón comienza a vislumbrar justicia. Javier López Zavala fue declarado culpable del delito de violencia familiar contra la abogada y activista, quien fue víctima de feminicidio en San Pedro Cholula.

Está previsto que el próximo 30 de mayo se realice la audiencia en la que se determinará la pena que enfrentará Zavala.

Este caso representa un duro recordatorio de cómo el sistema de justicia suele ignorar los delitos cometidos contra las mujeres. Tres años de dilaciones, silencio institucional e impunidad protegieron a los responsables. Hoy, aunque tarde, se empieza a hacer justicia.

Este 1° de junio se celebrarán las primeras elecciones judiciales en México, en un proceso marcado por irregularidades, prisas e improvisación. Hay candidatos únicos en muchas boletas, sin competencia real, y varios aspirantes han sido señalados por no cumplir requisitos legales o tener vínculos delictivos.

En MCCI creamos un sitio especializado para dar seguimiento a la elección judicial donde puedes encontrar las fallas del proceso y cómo nos afectan como ciudadanos.