Un alto directivo del Infonavit se otorgó un préstamo de más de 5 millones de pesos con una tasa preferencial. Aunque la noticia ha causado gran indignación, desafortunadamente su acción no constituye un delito. Esto es lo que llamamos corrupción legalizada, y sucede cuando los funcionarios, legisladores y tomadores de decisiones en el gobierno crean una serie de mecanismos y establecen un marco regulatorio que les permite acceder a este tipo de privilegios. Esto debería tener implicaciones por tratarse de un conflicto de interés; sin embargo, las acciones carecen de sanción y permanecen en los límites de la ética.
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