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La corrupción nos quita las buenas noticias
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción en el que podemos reflexionar sobre los retos que impone esta problemática en nuestra sociedad y cómo podemos combatirla. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se suma a la exigencia ciudadana de denunciar la corrupción en nuestro país. En paralelo a nuestro trabajo de investigación y periodismo, este año presentamos una campaña de videos que ilustra las formas cómo afecta la corrupción en la vida diaria de las mexicanas y mexicanos. En áreas como la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente, los actos de corrupción nos roban las buenas noticias del país en el que queremos vivir. A pesar de la gravedad del problema, sabemos que México no está condenado a ser corrupto. En este Día Internacional contra la Corrupción invitamos a la ciudadanía a imaginar que otro país es posible. Un México sin corrupción está al alcance de los esfuerzos de los mexicanos y mexicanas. México no está condenado a ser un país corrupto.
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La educación proporciona habilidades y conocimientos necesarios para que niños y niñas se desarrollen como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos.
Sin embargo, debido a los recortes presupuestales, el actual gobierno ha dejado a un lado los derechos básicos de las infancias.
Esta semana la corrupción nos quitó lo que pudo ser una buena noticia, pues México descendió al penúltimo lugar en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2022 (PISA 2022) que evalúa el desempeño global de los estudiantes en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias.
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La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) otorgó un contrato por 229 MDP a Abspro S.A de C.V, una empresa cuyo dueño es Héctor Alejandro Ramírez Guerrero, quien ha trabajado para la empresaria Alejandra Aguilar Solórzano. Si su nombre te resulta conocido es porque, como te contamos en mayo de este año, fue quien vendió a precio de ganga el departamento del lujo al titular de la SEDENA Luis Cresencio Sandoval en Bosque Real.
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En esta última semana fuimos testigos de un complejo escenario constitucional en Nuevo León, en el que dos gobernadores y medio protagonizaron múltiples procesos judiciales, lo que impuso en el estado una maraña de desinformación que hizo difícil discernir la realidad. Por eso es importante entender los antecedentes y los sucesos que llevaron a esta situación crítica de ingobernabilidad, así como el detalle legal de todo lo que llevó al límite del colapso político a la entidad. La crisis política lleva poco más de un año. Hemos visto el conflicto constante entre el Gobierno del Estado, bajo el control de Movimiento Ciudadano, y el Congreso del Estado, que tiene una mayoría de diputados del PRI y del PAN.
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La Encuesta de MCCI- Reforma 2023 revela que las instituciones militares son tres de las cuatro con menor percepción de corrupción en 2023. Los gobiernos de México han optado por ignorar los peligros de inmiscuir crecientemente a las fuerzas armadas. Las instituciones militares ganan facultades a costa de las atribuciones civiles en tanto que desatienden sus funciones.
El fortalecimiento de las fuerzas armadas puede desencadenar que los gobiernos se vuelvan cada vez más dependientes de los militares y ellos más influyentes en el gobierno. El problema es que si no se fortalecen los mecanismos anticorrupción en los organismos públicos y solo se opta por inmiscuir a los militares, la corrupción puede seguir pero bajo el mando castrense.
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Con motivo del Día contra la corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, es importante reflexionar sobre los altos niveles de impunidad que prevalecen en nuestra sociedad, pese a que el presidente ha repetido en varias ocasiones que ya se acabó la corrupción y que en su gobierno no hay impunidad para nadie.
Este año analizamos 16 casos de corrupción a nivel nacional para nuestro Tablero de la Impunidad. Nueve pertenecen al sexenio actual y siete casos al sexenio pasado. Uno de nuestros tantos hallazgos es que el avance jurídico promedio de los casos es de 24%. Así podemos ver que, aunque el presidente asegure que la corrupción ha terminado, la realidad es muy diferente.
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