La trama oscura de Nicolás Maduro en México

Fue entonces que surgió una nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras están cuatro establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país sudamericano.

PODCAST: El ex alcalde de Tamazula de Gordiano, una pequeña localidad del sureste de Jalisco, señaló a un cuñado del presidente Andrés Manuel López Obrador de haberlo acompañado a gestionar ante la Secretaría de Hacienda 25 millones de pesos.

El dinero fue gestionado ante las autoridades federales en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, y sirvió para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, de acuerdo con el relato de Francisco Javier Álvarez Chávez, quien fue alcalde de Tamazula hasta el pasado 30 de septiembre.

En este podcast, Verónica Ayala y Mauricio Rubí, nos explican por qué hay un evidente caso de tráfico de influencias en el que participa un familiar cercano a la figura del Ejecutivo para facilitar y destrabar recursos públicos.

#LozoyaPreso: Desde febrero de 2017, @MXvsCORRUPCION
ha publicado 65 reportes especiales del caso #Odebrecht. Esta cobertura ha exhibido la corrupción de #Lozoya, quien este miércoles fue encarcelado. Aquí un recuento de nuestra cobertura. 

Lo discutido por la Suprema Corte la semana pasada no elimina la prisión preventiva oficiosa, pero sí abre la posibilidad de discutir si Morena y sus aliados en el Congreso extralimitaron sus funciones.

Por Salvador Mejía

El 25 de octubre de 2021 recibí una alerta en mi teléfono: “la corte invalida la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales”. De inmediato entré a Twitter y, tras leer que  Animal Político  anunciaba que “por mayoría calificada de ocho votos el pleno de la SCJN acababa de invalidar las modificaciones legales que se hicieron para convertir delitos como contrabando, fiscal y uso de facturas falsas en delitos de prisión preventiva oficiosas”, publiqué un tweet que decía “Vámonos al Ángel”.

La noticia se volvió viral entre mis colegas. Se podían leer comentarios que francamente rayaban en la euforia. La mayoría se congratulaba de que con esa resolución se acababa de invalidar la monstruosa reforma penal-fiscal de 2019. Varios clientes me escribieron dándome la buena noticia y algunos periodistas me pedían una opinión. Sin embargo —y muy a tiempo—, un colega me señaló que, en realidad, lo discutido durante esa sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) era algo muy diferente.