Las empresas «fantasma» al servicio de Delfina

En la anterior campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México, Morena recurrió a los servicios de al menos dos empresas que el SAT ha identificado como “fantasma”, a las que se les pagaron 20 millones de pesos por apoyo en mítines. 

El coordinador de Morena en aquella elección del Edomex en el 2017 fue José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de agosto, AMLO confirmó que Delfina Gómez dejará la Secretaría de Educación Pública para competir nuevamente en el 2023 por la gubernatura del Edomex por Morena. “Es una mujer buena, trabajadora, honesta”, dijo sobre ella el presidente.

En el libro “La Casa Gris”, escrito por el director de periodismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que cuando Delfina fue candidata en 2017, se contrataron para su campaña a las empresas Servicios Logísticos HMC Negrete y Servitransportadora Turística Olmeca, las dos declaradas oficialmente por el SAT como simuladoras de operaciones o compañías “fantasma”, porque carecían de infraestructura y capacidad para desempeñar las actividades por las que emitieron facturas.

Por Miranda Carballo
Ilustración Jessica Bolaños

En México existen actualmente 220 420 personas privadas de la libertad, de las cuales 12 418 son mujeres. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Nacional y Estatales 2022, presentado recientemente por el INEGI, 52.9% de las mujeres —es decir: 6564— siguen a la espera de su juicio y están privadas de su libertad como medida cautelar. El 14.2% de las mujeres esperan más de veinticuatro meses para recibir su sentencia. Este dato es relevante porque la Constitución marca dos años como el límite en el que una persona puede ser privada de su libertad sin sentencia. Sin embargo, Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización no-gubernamental Documenta, ha declarado que dicho tiempo de espera se puede prolongar entre cinco y diez años. Este artículo busca retratar cómo es que el sistema penitenciario mexicano le ha fallado a las mujeres privadas de su libertad.

Un estudio elaborado por investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género  de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explica que la falta de prisiones reservadas exclusivamente para mujeres ha llevado a que muchas de ellas cumplan su sentencia en prisiones mixtas donde son mucho más vulnerables, puesto que se ven expuestas a abuso sexual, prostitución y extorsión por parte de grupos delictivos recluidos en la sección varonil. De acuerdo con la investigación, el 65% de las reclusas se encuentra en cárceles mixtas. Esto se debe, explica la investigadora Lucía Núñez, al control informal al cual están sujetas las mujeres en todo el proceso, desde su detención hasta su estancia en prisión. Esta falla por parte del Estado ha expuesto a las mujeres privadas de la libertad a situaciones de violencia física y sexual. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, el 39.8% de las mujeres privadas han sufrido algún tipo de agresión después de su detención;  el 15.5% algún tipo de agresión sexual; y el 4.8% violación sexual. 

Por Itxaro Arteta

El presidente manifiesta que la culpa de tanta impunidad se le debe a las Fiscalías de los Estados. Sostiene que es en lo local donde se tiene que investigar. Pero desde el año 2010 existe a nivel federal una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, y la propia Constitución dice en su artículo 73 que esa Fiscalía “podrá” atraer las investigaciones de comunicadores asesinados. El problema es ese “podrá”, pues con ello se deja abierto que lo haga o no, y no hay criterios claros de cuándo un caso sí se debe llevar o no a ese nivel.

Hoy se quiere formalizar la fusión de la Guardia Nacional con la
SEDENA, pero en los hechos esto ya es así, pues los números oficiales revelan cómo los recursos de esta institución nunca han sido civiles, burlando la Constitución.

La Guardia Nacional se creó constitucionalmente como una fuerza policial y civil, pero en los hechos y los números ha estado controlada siempre por los militares, que han mantenido un esquema de simulación y control presupuestal. Hoy tiene 13 veces más presupuesto que el aprobado en 2020, pero esos recursos no se usan en los rubros importantes de la corporación. La mayoría de los integrantes nunca dejaron de ser militares, y también son militares las instalaciones y equipamientos.

La Guardia Nacional no ha pagado un solo peso para la construcción de ninguno de los 190 cuarteles que se han inaugurado hasta el momento ni planea hacerlo en el futuro. Todas las instalaciones han sido pagadas por la SEDENA, que además es la propietaria de los inmuebles. No ha usado su presupuesto para la adquisición de los materiales, equipo o vehículos que utiliza. En cambio, estos conceptos se han pagado por la SEDENA con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

El presupuesto de la Guardia Nacional, en lugar de utilizarse para consolidar una fuerza de seguridad independiente, se ha utilizado principalmente para el pago de gastos corrientes, como servicios y materiales.