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Los amigos de Andy y los contratos públicos.
Por María Amparo Casar
Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
@amparocasar
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Mientras este gobierno se jacta de ser libre de nepotismo e influyentismo, los allegados a los familiares del presidente López Obrador se benefician de los contratos públicos.
Te contamos que la Sedatu impuso a sus licitantes adquirir mobiliario de una empresa propiedad de Hugo Buentello Carbonell, amigo de Andy López Beltrán y quien fue funcionario de Segalmex. Pese a ser investigado por delincuencia organizada por la FGR, su opaco historial en la función pública no fue obstáculo para que su mobiliario se colocara en el sureste del país.
Esta semana también queremos compartir un análisis sobre el concepto de transparencia del Gobierno Federal porque definitivamente las conferencias matutinas de López Obrador no han cumplido como herramienta para la rendición de cuentas.
Por último queremos tocar un tema importante, un juez resolvió cerrar el proceso por lavado de dinero contra Emilio Lozoya por el caso AHMSA, el cual MCCI reveló en 2019.
Esperamos que esta edición de nuestro newsletter sea de tu agrado e interés.
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La Sedatu impuso como requisito a sus licitantes adquirir mobiliario de la marca «Grava y Arena», propiedad de Hugo Buentello Carbonell, exfuncionario de Segalmex y allegado a Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador.
Buentello Carbonell fue subdirector de operaciones de Liconsa y con ese cargo firmó un contrato por 86 mdp para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo que no se entregaron. También estuvo involucrado en adjudicaciones multimillonarias a la empresa ILAS, que en 2019 fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera de participar en una red de lavado de dinero por medio de envíos de alimentos a Venezuela. Pese a sus antecedentes continuó ganando contratos con el gobierno.
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El 5 de septiembre fue el Día de la Mujer Indígena. Este gobierno se ha jactado desde el inicio de velar por el bienestar de los pueblos indígenas, sin embargo, esto se ha quedado en el discurso.
Una de las pocas políticas del gobierno de López Obrador destinadas a estos grupos vulnerados son las Casas de la Mujer indígena y Afromexicana. Su financiamiento ha tenido una reducción de 30% entre 2019 y 2022.
Además el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tuvo en 2022 un presupuesto 32% menor al ejercido en 2018; en 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID 19 en 2021 se eliminaron dos de los programas que tenía, el de Derechos Indígenas y el de Infraestructura Indígena.
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La buena: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presumió un aumento del 7.6% en el periodo de entre enero y agosto en los ingresos recaudados a través de los contribuyentes con respecto al mismo periodo de 2022.
La mala: La Auditoría Superior de la Federación ha recuperado en promedio, sólo 17 de cada 100 pesos ejercidos incorrectamente.
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Las “mañaneras” de López Obrador no han cumplido con el objetivo de ser un ejercicio de diálogo con la ciudadanía y tampoco una herramienta para la rendición de cuentas.
Cada lunes, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield muestra los precios de alrededor de sesenta gasolineras. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía hay 13,556 estaciones de servicio. Es necesario analizar qué tanto sirve esta información si para cualquier persona que tenga necesidad de adquirir gasolina, las probabilidades de que en el segmento salga una gasolinera en su municipio o cerca de donde vive son de una en 50,000.
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En junio de 2019 MCCI reveló que un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) compró en representación de la esposa de Emilio Lozoya Austin, una residencia de lujo a la orilla del mar, con valor de 1.9 millones de dólares.
Cuatro años después, un juez resolvió cerrar el proceso por lavado de dinero contra Lozoya por el caso AHMSA.
La adquisición de la residencia se realizó 12 días después de que Pemex autorizó incluir en su cartera de inversiones la compra de la planta Agronitrogenados, una planta de fertilizantes de AHMSA que tenía 14 años sin operar.
Las autoridades han determinado que la planta fue comprada con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos, además de que las instalaciones eran chatarra.
A cambio de la compra de la planta, se acusó a Lozoya de recibir sobornos. El proceso penal del caso Agronitrogenados ha tenido un avance sólo del 52%.
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