Cuentas Claras: Los secretos en Houston de la hija del secretario de AMLO

Por Verónica Ayala

Una fuente que ha colaborado para PPI informó que el sueldo mensual de Carmelina Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción superior a la del presidente de México. En su declaración patrimonial de 2020, ella reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos.

Lo anterior contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario menor al del Presidente, que es de 166 mil 532 pesos mensuales bruto y 115 mil 739 pesos neto, es decir después de impuestos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a Pemex información sobre la nómina de PPI, incluido el sueldo de la directora, pero se negó a proporcionar cualquier dato de su filial en Texas.

Aunque PPI maneja recursos públicos, no es posible conocer quiénes trabajan para esa filial en Texas ni las contrataciones millonarias que realiza para la petrolera estatal.

MCCI presentó vía transparencia solicitudes de información dirigidas a Petróleos Mexicanos para conocer la nómina de empleados que trabajan para PPI, contratados bajo cualquier esquema, con su respectivo salario, además de requerir todos los contratos que han sido otorgados en lo que va de la actual Administración por parte de ésta filial de Pemex creada en Estados Unidos.

En ambos casos, la información fue negada por Pemex alegando que no cuentan con dicha documentación por tratarse de una filial, y que ésta se rige por las leyes del país en el que está constituida, y no es sujeto obligado en términos de la legislación de transparencia.

Carmelina Esquer es hija de Alejandro Esquer, secretario particular y operador financiero de AMLO, que encabezó la “Operación Carrusel”, revelada en video por MCCI en diciembre de 2021.

La renta de la casa en Houston de José Ramón nunca fue registrada

El sistema utilizado por los agentes de bienes raíces no reporta la renta del inmueble que durante un año ocupó el hijo de López Obrador en Houston; si la transacción se hizo, pudo ser “por fuera”, sin registro de por medio, o bien la casa fue prestada sin pago por el ejecutivo de Baker Hughes, advierten agentes consultados por MCCI

Por Eduardo Buendía y Tamara Gidi

Si policías o militares asesinan a una persona en México, las probabilidades de que sean procesados y sancionados son casi nulas. Lo mismo sucede cuando torturan, desaparecen, lesionan o abusan de su fuerza contra la población civil. 

De acuerdo con 3862 respuestas a solicitudes de información tramitadas mediante mecanismos de transparencia ante autoridades federales y estatales, de 2015 a 2020 se denunciaron en el país al menos 33 750 delitos relacionados con brutalidad policial; de estos, solo 373 fueron judicializados y 172 concluyeron en una sentencia condenatoria. El índice de impunidad es de 99.5% para los ilícitos cometidos por parte de policías o integrantes de las Fuerzas Armadas.

El universo de agresiones es, sin embargo, mucho mayor. Al solicitar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas estatales, estas respondieron que, ante sus ventanillas, se tramitaron 54 248 quejas contra instituciones de seguridad pública, elementos del Ejército o de la Marina por motivo de brutalidad contra civiles. 

Estos resultados fueron presentados en el reporte Policía mexicana: brutalidad sin límite, un proyecto elaborado por la Unidad de Investigación de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) México que fue seleccionado en el Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México 2021, organizado por la UNESCO y publicado en Milenio Diario.